Biocombustibles: el nuevo proyecto de ley no logra los consensos esperados por el kirchnerismo

CÓRDOBA.- El proyecto kirchnerista para una nueva ley de biocombustibles -la actual vence el 12 de mayo- no logra consenso. Generó, incluso, diferencias en el mismo sector y en la Liga Bionergética integrada por provincias productoras.

El principal punto de conflicto es la reducción del corte de biodiésel para el gasoil, del actual 10% al 5% (pudiendo la Secretaría de Energía llevarlo a un piso de 3%), mientras que mantiene en 12% la mezcla de bioetanol en la nafta.

Otros aspectos en debate son si la iniciativa avanza sobre los planes provinciales de promoción del sector y del autoconsumo y si cierra las puertas a las presentaciones ante la Justicia por determinadas decisiones. ¿Hay ganadores y perdedores con el proyecto? Los 14 kirchneristas y el diputado tucumano del PRO, Domingo Amaya, firmantes, aseguran que no, que buscaron consenso y que consultaron a todos los actores. La intención es sacar dictamen de comisión el martes próximo.

Hasta hace cinco meses se discutía la posibilidad de subir el corte obligatorio de los combustibles fósiles con biocombustibles y el Senado, por unanimidad, aprobó la prórroga por cuatro años del actual régimen (nacido en 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner). Ningún oficialista explica qué cambió entre esa votación y la decisión del Frente de Todos en Diputados de abandonar la prolongación y barajar y dar de nuevo. El concepto de que se buscó “algo superador” y dar “más seguridad jurídica” (la propuesta es por 15 años prorrogable por 5 más) no convence a nadie.

Los legisladores críticos -opositores y peronistas de Córdoba- interpretan que el sector petrolero está detrás de los cambios. ¿Por qué se beneficiarían? El punto central es que los biocombustibles toman una parte de su mercado, cada punto que ganan los biocombustibles es uno que pierden las destilerías.

Un aspecto anexo, explican en el sector, es que el bioetanol “mejora sensiblemente la calidad de las naftas” (si no lo usaran, deberían importar el compuesto MTBE, que es más caro y está cuestionado porque tendría impacto en la salud). En cambio, en el caso del gasoil, el corte del 3% con biodiésel (piso al que podría llegar por decisión de Energía) alcanza para garantizar su lubricidad.

Si -como sospechan legisladores y productores- la propuesta en sus artículos 5 y 7 limita el accionar de las provincias para promocionar al sector e impulsar el uso de los biocombustibles, las petroleras tendrían un resguardo extra a su mercado. Dos constitucionalistas consultados por LA NACION coincidieron en que, en principio, la redacción avanza sobre las autonomías provinciales.

Frente a los que salen perdiendo están, obviamente, están los que se benefician. ¿El proyecto beneficia a la caña de azúcar más que al maíz? En el uso del bioetanol, el proyecto mantiene la mezcla en 12%: 6% maíz y 6% caña de azúcar, pero si hay que bajar se reducirá la cuota del maíz. Los que producen en base a maíz, por supuesto, son los que entienden que el “combo” entre esa posibilidad de rebaja y la que opera sobre el biodiésel los empuja al cierre porque los haría operar a menos de la capacidad instalada requerida para el punto de equilibrio. La lectura de algunos de los perjudicados es que el “favoritismo” por la caña se basa en la presión del NOA, cuya economía depende básicamente de esa producción.

Otro factor que incide es que el Gobierno apunta a resguardar al precio en surtidor de los combustibles del impacto que tendría una suba fuerte de los granos. Los fabricantes de biocombustibles sobre esa base proponen establecer un tope equivalente al valor de la nafta salida de refinería más los dos impuestos específicos que la gravan (el 12% de bios están libres de esa carga).

¿Pueden sumarse nuevos productores? No. La iniciativa cierra las puertas a ingresos, lo que provoca que incluso productores en base a otras materias primas deberían esperar para poder producir y vender.

Lo que viene

¿Qué pasó con la propuesta de crear una empresa estatal? Estuvo incluida en los borradores, no aparece en el texto ingresado formalmente, pero sí hay versiones de que se presentará aparte. La idea era YBio, una compañía nacida de la separación del área agro de YPF más la capitalización de pequeñas productoras. Incluiría también a Vicentin a partir de la deuda de esa compañía con el Banco Nación. Gran parte del financiamiento previsto en los textos que circularon era de Anses.

¿Qué dicen los que piden una prórroga de la actual ley? Hay consenso entre todos los sectores, excepto una cámara de pymes de Santa Fe, en que se debe prolongar el tiempo del actual régimen. El exsecretario de Energía Jorge Lapeña, integrante del Instituto Mosconi, insiste en que lo lógico es la prórroga del actual sistema por 12 o 18 meses y, en ese período, analizar qué se logró con los beneficios otorgados, cómo se cumplieron los cortes establecidos y qué puntos flojos hubo. “Sobre ese análisis hay que determinar la nueva ley, con datos concretos que justifiquen las decisiones.

“La Argentina ratificó compromisos ambientales internacionales hace unos días. La centralidad de la decisión está en el Estado, que no debe ser permeable a las corporaciones. Hay que evaluar el resultado real del régimen y esa debe ser la base de una nueva ley que debe tener consensos”, agrega, y advierte que los biocombustibles deben ser “certificados”. Ese punto no aparece en el nuevo texto y es el que da garantía que no sean producidos sobre áreas de deforestación o desertificación.

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