CÓRDOBA.- Crece la tensión por el congelamiento, desde noviembre pasado, del precio de los biocombustibles, como el etanol. Desde el sector aseguraron a LA NACION que se perdieron US$20 millones por la decisión de no actualizarlos, monto que fue "transferido a las petroleras" y dejó "en riesgo de quiebra" a las empresas productoras que son 22 en todo el país incluyendo las que fabrican etanol en base a maíz y a caña de azúcar.
Las etanoleras de maíz dejaron de entregar a las petroleras porque el precio mínimo de $29,80 el litro les implica una pérdida. Patrick Adam, director ejecutivo de Biomaíz, explicó a este diario que YPF -empresa que compra alrededor del 55% del total- no negocia por encima de ese precio y marca una tendencia para todo el mercado. En el mejor de los casos, las otras pagan un peso más el litro.
Indicó que al menos deberían llegar a $37 como precio de referencia, aunque si se hubiera actualizado por la fórmula sería de $40. La decisión de no entregar etanol para el corte de los combustibles fósiles (el etanol se mezcla con un 12%) no es una medida de protesta. Aclararon que, simplemente, se trata de que "no se puede seguir trabajando a pérdida por cada litro que se vende".
En 2019 el sector vendió al mercado 1150 millones de metros cúbicos y este año estará un 30% abajo porque también cayó la demanda de combustibles por el impacto de la pandemia y la cuarentena en la actividad. Adam indicó que el precio del maíz subió 60% en los últimos cinco meses; el insumo representa más de la mitad del costo del etanol.
"A las empresas de biocombustibles no les cae un centavo del impuesto a la riqueza; nadie las subsidia. Están al borde de la quiebra por la decisión de no actualizar precios", dijo Adam. La referencia es que el proyecto de ley que ya se analiza en Diputados establece que el 25% de lo recaudado se destinará a programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural de manera exclusiva con YPF.
Esta semana habría una reunión de las cámaras de bioeteanol con el nuevo secretario de Energía, Darío Martínez. Además de la actualización de precios, esperan definiciones sobre por cuánto tiempo se hará y también de qué pasará con la ley 26.093, que regula el mercado de los biocombustibles en la Argentina.
La norma vence en mayo del 2021 y la industria espera que el Gobierno se defina acerca de una nueva norma que ofrezca un marco regulatorio, al menos, para los próximos 15 años. Hace un mes, las seis cámaras que nuclean a las productoras de biocombustibles solicitaron al ministro de Economía, Martín Guzmán, descongelar los precios y le advirtieron que "la situación es insostenible". No hubo respuesta.
En la última década, esta industria invirtió US$2500 millones, generó 40.000 puestos de trabajo (entre directos e indirectos) e instaló 33 plantas de biodiésel, con una capacidad de producción de 3,9 millones de toneladas por año, y 22 de bioetanol, con capacidad de 1,4 millones de toneladas anuales.
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