Bien cultural, una definición que causa preocupación

La impronta dialoguista que le comenzó a dar a su gestión el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, se chocó con una definición que provocó preocupación entre productores y empresarios del agro. Al considerar como “bienes culturales” al trigo, al maíz y a la carne, rápidamente se encendieron las alarmas sobre los riesgos de una mayor intervención del Gobierno sobre el comercio de los tres productos.

Los antecedentes del kirchnerismo para crear eufemismos como sustento argumentativo para decidir nuevas intervenciones parecen darles la razón a quienes anticipan mayores controles. Hay quienes creen, sin embargo, que solo se trató de un mensaje para el “público interno”, sensible por el giro al peronismo ortodoxo que dio la coalición gobernante tras la derrota en las PASO. Sin embargo, la demora, al cierre de esta edición, en concretar la flexibilización del cepo a la carne que el propio Domínguez anunció hace casi diez días, alimenta las dudas sobre las verdaderas intenciones del Gobierno.

En pleno conflicto por la 125, en 2008, nacieron frases como la “mesa de los argentinos”, utilizada para fijar derechos de exportación exorbitantes y los ROE, o el “encaje productivo”, por el que los exportadores de carne debían mantener en sus cámaras un volumen de cortes destinados al mercado interno.

Las consecuencias de esas invenciones y las medidas que le dieron sustento ya se conocen. Se desalienta la inversión y se retrae la producción. En definitiva, en el mediano y largo plazo se borran las fronteras entre el mercado interno y el externo: pierden todos.

La definición de “bien cultural” por parte del Estado a algo que depende de la propiedad y el trabajo del sector privado provoca preocupación por su curiosidad. Esa categoría, hasta ahora, parecía aplicarse para la preservación de piezas históricas en los museos o algún cuidado de tipo ambiental.

Llevada al plano de los alimentos, se corre el riesgo de que el sector privado desista de producir esos bienes si es que finalmente van a estar sujetos a la intervención arbitraria del Estado. Ya bastante presión fiscal, incertidumbre macroeconómica y carencia de infraestructura logística tienen que enfrentar quienes hoy producen trigo, maíz y carne como para ponerse a pensar que lo que están haciendo es un “bien cultural”. Los países con producciones similares a las de la Argentina no tienen ese tipo de definiciones para lo que hacen.

Si esta nueva denominación busca hacer compatible el mercado externo con el interno, el objetivo no parece haberse cumplido. En todo caso, la cadena agroindustrial le ofreció al Gobierno una idea como la ley de fomento para la actividad para evitar colisiones entre uno y otro destino. Esta iniciativa, que ahora el Poder Ejecutivo anunció su envío al Congreso, tiene “sabor a poco” para el primer eslabón de la cadena agroindustrial. Por no decir sabor a nada.

La Fundación Barbechando, especializada en los temas legislativos del agro, lo expresó estos días en un informe. “No generará los objetivos expresados”, “no es federal, inclusivo, sustentable ni exportador”, dijo la entidad.

Barbechando señaló que las desgravaciones propuestas en el proyecto de ley se aplican “directamente a impuestos coparticipables, empobreciendo más aún a las provincias, disminuyendo sus recursos”, y añadió que “los derechos de exportación, que no se coparticipan, generan un enorme daño a la Argentina federal”. Por supuesto, aunque las retenciones se coparticiparan también provocarían un daño.

La entidad recordó que el 80% de las empresas del agro son pymes. “Es más fácil mejorar sus precios quitándole derechos de exportación que someterlos a más trámites para devolverles algo que sabemos que el Estado nunca devolverá”, expresó.

La reducción escalonada de derechos de exportación que alguna vez propuso el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) no está en la agenda del ahora proyecto propuesto por el oficialismo.

Esas críticas más la ausencia de puntos clave en la iniciativa no hicieron otra cosa que aumentar el malestar de la mayoría de las entidades que forman la Mesa de Enlace con el rumbo que tomó la iniciativa del CAA.

En todo caso, habrá que esperar la definición de las elecciones del 14 de noviembre próximo para conocer cómo resultará la composición del Congreso y las fuerzas políticas de la coalición oficialista en el Gobierno para saber si el anuncio queda o no en un mero acto de campaña por restaurar una relación deteriorada.

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