El ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, señaló que el Gobierno no está a favor de las tomas de tierras y remarcó que se trata de un delito. No obstante, para el caso del establecimiento de Entre Ríos donde Luis Miguel Etchevehere, exministro de Agricultura, denunció una usurpación, dijo que ahí "no hay toma de tierras, hay un conflicto entre herederos de una familia".
Así lo expresó el funcionario nacional a LA NACION. "Lamento que una familia esté peleando por plata, yo aspiro a que las familias tengan las relaciones más armónicas que vienen de los lazos de sangre, y lamento más cuando, además, se trata de hacer de esto una cuestión política. Me cuesta comprender porque yo jamás usaría una situación de esta naturaleza para ponerlo en clave de un conflicto político", dijo el funcionario.
Basterra luego expresó: "No podemos estar a favor de una toma de tierras, ahí no hay toma de tierras, hay un conflicto entre herederos de una familia, llevarlo al campo de la usurpación y ponerlo como un problema político desnuda la calidad de quien está impulsando esta cuestión, Luis Miguel Etchevehere"
Consultado sobre la participación que está teniendo el dirigente social Juan Grabois en esto, el ministro de Agricultura precisó que está como "invitado", además de ser abogado de una de las partes, en referencia a Dolores Etchevehere, que anunció una donación del 40% de tierras que, según los hermanos Etchevehere, su hermana ya se había desprendido.
"Está invitado por una de las partes, es el abogado de una de las partes, que considera ella que esa tierra le pertenece y ha invitado a determinados integrantes a compartir e incluso donar parte de su herencia, lo cual puede presuponerse como un gesto de generosidad", apuntó el funcionario.
No obstante, agregó: "Del otro lado hay un reclamo que dice que esa tierra no le pertenece y será la Justicia la que termine dictaminándolo. Por lo tanto, es un problema triste de relaciones familiares, que lo tendrá que dirimir la justicia".
Ante otra pregunta, Basterra insistió que Grabois allí está como "abogado e invitado por una de las partes, como articulador de un espacio social a la que la heredera, presuponiendo derechos sobre esa tierra hace una donación de parte de esta tierra para la radicación de agricultores. No está haciendo una donación para un emprendimiento inmobiliario".
Más allá de este caso, frente a una pregunta sobre qué mensaje tiene para los productores que tienen incertidumbre y temor ante los distintos casos de tomas de tierras, el ministro de Agricultura respondió que "usurpaciones, toma de tierras, rotura de silobolsas son todos delitos".
"Donde hay un delito nosotros no acompañamos delitos. Donde hay un reclamo genuino, sea de grandes productores o de productores familiares, nosotros estamos atentos y verificamos si corresponde una decisión política o de la Justicia. Cuando corresponde a la Justicia somos respetuosos de la vía judicial y vamos a respetar la vía judicial para la solución de los conflictos", señaló.
"Si esa resolución de los conflictos demuestra, además, que hay un reclamo genuino social, veremos de qué otra forma se contribuye a resolver, pero nunca en violación de las leyes y menos del concepto de propiedad privada", agregó.
"Intereses políticos"
Para Basterra, hay "intereses políticos para exacerbar" los problemas que se dan en el campo. Al respecto, responsabilizó: "Básicamente de quienes son oposición a nuestro gobierno".
"Hay intereses políticos, no de la dirigencia rural, por ejemplo Campo y Ciudad (la agrupación se llama Campo + Ciudad) conducido por (Luis) Miguel Etchevehere que cada vez que hubo un problema han intentado exacerbarlo", señaló.
"Incluso han salido de la problemática de la ruralidad para llevarlo al campo de la política. Llevan un concepto abstracto como defensa de la propiedad privada cuando nunca estuvo en riesgo y ni está en riesgo la propiedad privada y resulta que tenemos movilizaciones donde se contagia la gente en defensa de un reclamo abstracto como la defensa del derecho de la propiedad privada", añadió Basterra.
El funcionario puso como ejemplo lo que está pasando con la toma en Guernica. "Mirá el caso de la toma de Guernica, se está respetando la propiedad privada para recuperar la propiedad privada, pero también se está considerando que hay gente que necesita una solución habitacional. El gobierno de la provincia de Buenos Aires lo está tomando con mucha seriedad, está resolviendo el problema habitacional respetando la propiedad privada. En un mismo espacio físico se encuentran conflictos de derechos, el derecho a la propiedad privada, que es inalienable, con el derecho constitucional de acceso a una vivienda digna, que requiere que toda la sociedad lo acompañe", afirmó a LA NACION.
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