Se trata del proceso que llevará adelante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para el inmueble de la calle Cerviño 3101; se deberá destinar a “usos residenciales u oficinas”, lo que excluiría otros fines
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Después de que el Gobierno llegara a un acuerdo en el Consejo Directivo del INTA por el destino de 41 hectáreas del organismo en Salta, la subasta de un edificio en la calle Cerviño 3101 en el barrio de Palermo y 298 retiros voluntarios, se conocieron los pliegos de la subasta del inmueble de Cerviño que se realizará el 23 del actual a las 12. El pliego no se trató en el Consejo Directivo y eso ya está siendo puesto bajo la lupa por actores que vienen siguiendo el proceso.
Los pliegos de bases y condiciones de la subasta publicado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), establece que la edificabilidad total del inmueble ascendería a los 10.126 m2 de superficie, valor que es de carácter indicativo y referencial, y se ha determinado bajo algunas premisas. Entre ellas, no se han considerado descuentos de superficies aplicables, patios, áreas comunes, servicios u otros. Se deja claro que el inmueble se destinará a “usos residenciales u oficinas”. El valor del inmueble objeto de la subasta ha sido determinado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, tomando en consideración las condiciones de edificabilidad del inmueble de acuerdo con la normativa local.
El Consejo Directivo cedió a la AABE el poder para subastar el inmueble el 23 de diciembre a las 12, cuyo precio base de US$6.378.968. La oferta tendrá un monto mínimo de incremento y la subasta se realizará por el término de una hora. La premisa del Consejo para ceder el inmueble fue que los fondos se utilizaran en inversiones de proyectos de investigación. Dentro del inmueble trabajan 140 personas que serán reubicadas a oficinas de la Secretaría de Agricultura o el Ministerio de Economía. El presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, y Nicolás Pakgojz (AABE) tienen que definir un lugar donde se van a trasladar las oficinas. Dentro del edificio funcionan la Fundación ArgenINTA, delegación de INTeA, Dirección Relaciones Internacionales y Dirección Vinculación Tecnológica. El acto de subasta se llevará a cabo a través del sitio “Subast.ar”.
Por otra parte, el pliego establece como cargo de la venta que quien adquiera el inmueble ejecute en el inmueble objeto de la subasta pública una obra de construcción de carácter permanente de, al menos el 75% de la constructividad /m2 cuadrados de superficie cubierta, en conformidad con las condiciones normativas vigentes a nivel local.
Estas cláusulas excluyen, dijeron fuentes consultadas, a potenciales compradores interesados en preservar el edificio con otros fines, como la construcción de una escuela o la creación de un espacio verde. Además, limitaría la participación en la subasta a grandes desarrolladores inmobiliarios, que según dicen, esto reduce la competencia y asegura una venta al precio base.
Ejemplificaron que si el gobierno de la Ciudad o una constructora de pequeña escala quisiera adquirir el edificio para transformarlo en espacio verde o revalorizarlo y transformarlo en un museo no lo podrían hacer. Una interpretación que hacen en los interiores del organismo es que estas condiciones apuntarían a excluir de la puja en la subasta a constructoras menores.
Una de las principales objeciones al proceso que se han escuchado el último tiempo radica en la titularidad del edificio. “Aunque el pliego señala que Cerviño 3101 pertenece al Estado Nacional, omite mencionar que, según la escritura correspondiente, el inmueble fue adquirido en su momento por Pedro Gastón Bordelois, en representación del INTA, con fondos propios de la institución y bajo una resolución de su Consejo Directivo”, indicaron fuentes al tanto de la situación.
Por otra parte, se detalla dentro del pliego que el comprador debe “renunciar a garantía” de evicción. Se trata de una privación total o parcial del derecho patrimonial que sufre el adquirente de un bien o su sucesor universal o singular en virtud de un vicio del derecho patrimonial adquirido, según señala el Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ). Al respecto, se dice en el pliego: “Será condición de venta que la regularización dominial, catastral, constructiva, registral o judicial, sea tomada a cargo por quien resultare su adquirente, con renuncia expresa e irrevocable por su parte a la garantía de evicción, saneamiento y por vicios redhibitorios con relación al inmueble adquirido, de lo que se dejará constancia en la escritura traslativa de dominio, conforme artículo 48 de la Reglamentación del decreto Nº 1382/12 y sus Modificatorias aprobada por Decreto Nº 2.670 de fecha 1º de diciembre de 2015 (texto conf. Decreto Nº 636/24 con las modificaciones introducidas por el Decreto Nº 769/24)″.
Vale recordar que la disposición de venta del edificio Cerviño surgió tras la resolución 70/2024 de la AABE el pasado 20 de noviembre. La AABE actuó tras el otorgamiento de poder dispuesto en la Ley Bases, donde el Estado le dio facultades. Por otra parte, el INTA es una entidad autárquica, por ende, el Consejo Directivo tiene la potestad para disponer sobre el patrimonio del organismo.
El Consejo Directivo está integrado por entidades del sector agropecuario como la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro. Al ser un órgano colegiado, también está conformado por un representante de la Facultad de Agronomía (Audeas), uno de la Facultad de Ciencias Veterinarias, que dentro del Consejo está representado por el Consejo Nacional de Decanos/as de Ciencias Veterinarias (Conadev), así como tres de parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, entre ellos está un veterinario [Carlos Alberto Vera], su presidente [Nicolás Bronzovich] y la vicepresidenta [María Beatriz “Pilu” Giraudo].
El Consejo Directivo aprobó por mayoría la cesión del edificio. Tras la reunión, Bronzovich emitió una resolución donde declara “la no objeción” respecto de la continuidad del procedimiento de desafectación del inmueble. Ahora se cree que el conflicto podría derivar en una judicialización futura. Se dijo que quien “compre Cerviño se puede exponer a la nulidad absoluta de la compra no solo por comprarle a quien no era el dueño, sino que podría caber probables ilícitos, como estafa simple, administración fraudulenta y fraude contra la administración pública”, de acuerdo con el Código Penal.
Del pliego se desprende que la escritura traslativa de dominio será otorgada por ante la Escribanía General del Gobierno de la Nación o la escribanía que la misma designe, dentro de los 90 días corridos contados a partir del pago de la totalidad del precio de venta. El adquirente tomará posesión del inmueble en ese momento. “En el momento de la escrituración del inmueble, el Escribano interviniente hará constar en la Escritura Pública de Transferencia de Dominio, una Declaración Jurada por parte del Adjudicatario en la que manifieste que la totalidad de la información y documentación acompañada en el procedimiento continúa siendo exacta y verdadera, así como las declaraciones y garantías de los Artículos 11 y 23 del presente Pliego. En caso de hallarse el inmueble sujeto a restricciones que surjan del respectivo plano de mensura y/o del título de propiedad, las mismas se harán constar en la respectiva escritura traslativa de dominio”, observa.
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