“Barrera aduanera”: el campo pide al gobernador de Santa Fe intervenir en una disputa por tasas por $25.000 millones
La Federación de Acopiadores de Granos y la Mesa de Enlace solicitaron a Maximiliano Pullaro ayuda ante municipios portuarios del sur provincial que cobran “peajes disfrazados” de tasas viales
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La Federación de Acopiadores de Granos y la Mesa de Enlace le pidieron al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, que intervenga en una disputa con municipios portuarios del sur provincial que cobran “peajes disfrazados” de tasas viales que representarían unos $25.000 millones.
A comienzos de mes, Acopiadores intimó a los municipios portuarios de Timbúes, Villa Constitución, Alvear, General Lagos, Rosario, Arroyo Seco, Ramallo, San Lorenzo y Puerto General San Martín a eliminar imposiciones que gravan la circulación, el arribo y la descarga de los camiones en los puertos. Lo hizo a través de cartas documento y amenazó con llevar la disputa a la Justicia.
Según indicó, “a raíz de estas maniobras, estos nueve municipios reciben para rentas generales una suma que oscila los $25.000.000.000 anuales: una situación que resulta irrazonable, inconstitucional, desproporcionada y arbitraria contra la producción granaria argentina”.
En la carta, Acopiadores y la Mesa de Enlace explicaron: “Los abajo firmantes nos dirigimos a Usted a fin de solicitarle respetuosamente su urgente intervención ante los abusivos peajes disfrazados de ‘tasas viales’ que cobran diversos municipios de la jurisdicción provincial, para permitir el acceso a los puertos situados sobre el río Paraná. Ello produce una altísima recaudación que, según publicaciones conocidas por todos, superarían los veinticinco mil millones de pesos, sin correspondiente contraprestación municipal y sin realización de obras adecuadas o incluso, el “frenado” de otras imprescindibles, solicitándole ante la gravedad del problema, ejerza las atribuciones y deberes que la Constitución Provincial le asigna como Jefe de la Hacienda Pública, e instrumente los mecanismos previstos en los Art. 62 y 72 Inc. 19 de dicha Carta Magna”.
Según las entidades, ante las “confiscaciones municipales santafecinas” decidieron pedirle al gobernador que “ponga fin a esta realidad impositiva local, desproporcionada e irrazonable, que atenta en forma decidida contra la producción granaria argentina”.
“Debe impedir posibles vulneraciones a la Carta Orgánica de Municipalidades NO 2756 y modificatorias, ante la exposición que gran parte de lo recibido por esas “tasas” están dirigidas a “rentas generales”, mediante probables “vías de hecho administrativas” de las intendencias, impidiendo —de no obrarse el tributo- toda descarga de cereales en las distintas terminales portuarias”, indicaron.
Agregaron: “Nuestra solicitud, por lo tanto, excede el propósito de un mero rédito económico individual o de un planteo de ‘conveniencia comercial’, sino de requerirle la vigencia de un estado de derecho provincial, que ponga coto a estos excesos insuperables de las autoridades locales de menor rango”.
De acuerdo a las entidades, “lo cobrado por cada camión que circula, lejos de configurar una tasa vial, constituiría una evidente ‘barrera aduanera interna’ que no puede ser convalidada por el señor gobernador”.
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