Balance 2020: el año con varios frentes de batalla que continúan abiertos
LA NACIONFernando Bertello
Cuando ya se va 2020 y es tiempo del habitual balance de fin de año, está claro que en este que se termina la pandemia fue el hecho sobresaliente. El coronavirus cruzó todos los sectores y afectó la vida de todos. Sin embargo, con relación al agro pasaron cosas, se tomaron decisiones, se impulsaron proyectos que influyeron en su ámbito.
Entre otros temas, se subieron las retenciones a la soja y se redujeron para el girasol y algunos productos de economías regionales, se sucedió una intensa ola de ataques contra silobolsas, el Gobierno quiso expropiar Vicentin, hubo usurpaciones que tuvieron su trascendencia con la toma al campo del exministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere, desde el Congreso se promovieron polémicos proyectos (impuesto a la riqueza y ley que modificó la normativa para el manejo del fuego), se creó el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y se registraron fenómenos como la escasez de lluvias y, en materia de eventos tecnológicos, hubo una aprobación condicional para el trigo transgénico tolerante a sequía que despertó controversias de un lado y apoyos del otro.
Frente a un año intenso, la nacion buscó conocer la opinión de dirigentes, asesores, y expertos ligados al sector. Al respecto, dieron sus reflexiones Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Gustavo Oliverio, asesor de la Fundación Producir Conservando; Teo Zorraquín, de Zorraquín + Meneses, y Hernán Satorre, de Amplificagro.
"Nuestro sector, a diferencia de lo que ocurrió en otros países (con la pandemia), pudo continuar su marcha sin detenerse, gracias a la alta capacidad de adaptación a los cambios por parte de los productores y a que la sociedad en su conjunto comprendió rápidamente que el campo lleva adelante una actividad esencial, como es la producción de alimentos", dijo Pelegrina. El dirigente recordó que un obstáculo importante, no obstante, fueron las trabas para circular.
"En determinados momentos del aislamiento, el acceso de los productores hacia sus campos, de los trabajadores rurales y de mercaderías y productos a provincias como San Luis, Santiago del Estero, Formosa o La Pampa fue sumamente complicado", recordó Pelegrina.
Para Satorre, la pandemia instaló el cuidado de la salud "en su sentido amplio", y esto va a traer cambios en las preferencias del consumo de alimentos. En rigor, cree que para el agro se abren dos opciones. La primera, "capturar una oportunidad para reposicionarse como promotor de medidas integrales donde confluyan la salud humana, animal y ambiental". La segunda, "pensar que esto va a pasar, que es una moda y seguir produciendo de la misma manera, esperando que los otros actores y agentes económicos marquen los tiempos".
Para Zorraquín "aún no está claro si habrá cambios de costumbres o estrategias a mediano plazo a nivel mundial tales como una mayor producción en los propios países para disminuir riesgos de acceso a alimentos en caso de nuevas pandemias y si habrá aún mayores restricciones ambientales a la producción o la comercialización".
La noticia sobre la intervención y fallida expropiación de la cerealera Vicentin fue unos de los hechos que marcó el año por las movilizaciones que se generaron en defensa de la propiedad privada. Oliverio resumió esto así: "Fue una muestra de lo que realmente piensan algunos integrantes del Gobierno en cuanto a la intervención y participación del Estado en los negocios de privados y también fue la expresión del primer avance del Poder Ejecutivo por sobre el Poder Judicial que continúa hasta estos días".
"El año 2020 desnudó la grave crisis institucional y el avasallamiento de poderes, el intento de intervención a Vicentin propuesto por el Gobierno Nacional fue sólo una muestra en este sentido", apuntó Satorre.
Para Zorraquín, lo que pasó con Vicentin fue leído en clave de un intento de avasallar la propiedad privada. "Fue interpretado como un ataque a la propiedad privada, más allá de las consideraciones sobre las cualidades o defectos de esa empresa", indicó. Según Zorraquín, otras "ideas locas" enunciadas por personas o sectores afines al Gobierno, como recrear una Junta Nacional de Granos, instalar un Observatorio a la aplicación de agroquímicos, la ley que modifica la normativa sobre incendios, más impuestos y tasas, "lo único que han hecho es generar más incertidumbre y falta de confianza".
En opinión de Pelegrina, el caso Vicentin fue una "amenaza al derecho de propiedad" así como una intromisión de un poder sobre otro". Afirmó: "Lamentablemente, esta no fue la única amenaza a la propiedad privada que tuvo lugar durante este primer año del gobierno del Frente de Todos. Al caso Vicentin se sumaron las usurpaciones de campos y terrenos por todo el país, todos condicionamientos, en mayor o menor grado, al derecho de propiedad".
Pelegrina indicó que los casos de "roturas de silobolsas, los incendios intencionales y otros hechos delictivos contra productores también fueron ataques a la propiedad privada, que el Estado no supo o no quiso combatir adecuadamente". La Rural, vale recordar, entre otras acciones desarrolló propuestas al Gobierno por los silobolsas.
Como reflejó esta semana un informe de la Fundación Barbechando, este año muchos proyectos en el Congreso tuvieron una "impronta ambiental" pero faltaron aquellos que incentiven al sector.
"Temas centrales como propiedad intelectual, ley de semillas, regulación en la aplicación de agroquímicos y fertilizantes, reordenamiento territorial en zonas de producción agrícola/ganadera, etcétera, no se han tratado y no se ve que sean prioridad", evaluó Oliverio.
Para Pelegrina, "este año se caracterizó por la combinación de la ausencia del tratamiento de la agenda política y parlamentaria de temas impulsados por el sector que fue puesta a disposición de prácticamente todas las fuerzas políticas bajo el título de Propuestas del Campo y la proliferación de proyectos de ley de altísimo impacto negativo para el sector".
El año legislativo
El año legislativo en el Congreso transcurrió con un "temario con fuerte impronta ambiental", pero con "ausencia de proyectos que incentiven y aumenten la producción" del sector. Esa es una de las conclusiones de un informe de la Fundación Barbechando.
"Con respecto a la agenda agropecuaria, este año hubo una alta presentación de iniciativas vinculadas al resguardo del medioambiente y la penalización por el mal uso de los recursos naturales. En la misma línea afloró una batería de proyectos para la protección de los humedales", dijo.
Según Barbechando, en el vandalismo contra silobolsas oficialistas y opositores presentaron propuestas, aunque hasta el momento no avanzaron. En tanto, hubo proyectos con media sanción. "Ejemplos de estos son la prórroga a la ley de biocombustibles, el etiquetado de alimentos y el aumento de mensualidades y un régimen jubilatorio especial para viñateros", dijo. Por su parte, la emergencia citrícola y la modificación del régimen federal de pesca alcanzaron a convertirse en ley.
Para Barbechando, el impuesto a la riqueza y las modificaciones a la ley de manejo del fuego son proyectos aprobados "con un fuerte impacto negativo" para el agro.
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