El diputado nacional por Entre Ríos Atilio Benedetti (UCR) presentó un proyecto de ley para que los ataques contra silobolsas y otras producciones sean incorporados al Código Penal.
Benedetti busca "incrementar el mínimo y máximo de la pena de prisión, inhibiendo la posibilidad de condenación condicional y agregando también la pena de multa, cuyo valor de mensura estará atado al depósito exigido en el artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación vigente al momento de la condena".
En rigor, según explicaron desde el espacio del legislador, con la incorporación del artículo 184 bis se apunta a una tipificación del daño rural específico, distinguiéndolo tanto del daño simple como de la figura agravada del despoblado y en banda. Se fija una pena de uno a seis años de prisión y multa de una a cinco veces el importe del depósito previsto en el artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación vigente al momento de la condena, que a la fecha representaría una multa mínima de $100.000.
Por otra parte, según precisaron, se crea un tipo agravado del daño rural específico, que se configura cuando la conducta desplegada tiene por finalidad, además del daño, frustrar la comercialización de la producción dañada, duplicando la pena cuando su autor o determinador fuere funcionario público, persona pública o notoriamente conocida o de actividad agropecuaria habitual.
"Esta figura responde a una actualidad, donde hemos advertido que figuras públicas alientan irresponsablemente la comisión de este tipo de delitos", dijeron desde el espacio de Benedetti.
"Las leyes son las armas que nos otorga la República", afirmó el legislador. "Resulta imperioso abocarse a modificar lo que sea necesario para brindar a la Justicia las herramientas para responder adecuadamente y resguardar la seguridad pública", agregó.
Hasta el momento se vandalizaron a nivel país 135 silobolsas. Según Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), al menos $30 millones ya se perdieron en granos por los ataques a silobolsas, dinero que podría haber sido utilizado, por ejemplo, para el pago de 1750 jubilaciones mínimas, 3000 Planes IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) o que coman 673.000 chicos en comedores.
"A veces no es maldad, es simplemente ignorancia, 673.000 chicos podrían haber comido con lo que se perdió, y no lo perdió solo un sector, lo perdió la mesa de los argentinos, lo perdió toda la sociedad, lo perdimos todos como país y es que en la vida, podemos hacer lo que queramos, pero lo que no podemos hacer es evitar las consecuencias de nuestros actos", indicó CRA.
En la provincia de Buenos Aires se intensificaron los patrullajes de la policía rural y lo mismo se hizo en Santa Fe y en Córdoba. En el caso de esta última provincia, además, se está analizando la instalación de un sistema de alarma, con unas 200 antenas, en conjunto con el desarrollo de empresas privadas.
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