Anuncios, críticas y fallas estructurales que salen a la luz

Y finalmente el paquete llegó. En rigor, habría que decir “se anunció”. En la Argentina, se sabe, una cosa no es sinónimo de la otra. Las medidas para aliviar el impacto de la dura sequía que provocó una merma en la producción de poco más de US$10.000 millones a nivel productor, según cálculos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), fueron anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, al término de una reunión que mantuvo con los dirigentes que conforman la Mesa de Enlace. Tras el pedido de alivio impositivo y ayuda financiera para cruzar el puente hasta la próxima campaña agrícola y recomponer las pasturas, el Gobierno respondió con la promesa de acelerar las aprobaciones de declaraciones de emergencia, postergación en el pago de adelantos en el impuesto a las ganancias y créditos a tasas subsidiadas, entre otras medidas.

Según lo que declararon los ruralistas, las medidas “no resuelven los problemas estructurales”, son “coyunturales”, aunque valoraron el canal de diálogo abierto y expresaron que habrá que seguir “trabajando” para que las ayudas lleguen a los verdaderamente afectados. De acuerdo con los cálculos de la Secretaría de Agricultura, el universo de productores que debería estar comprendido por ese paquete de medidas alcanza los 54.400.

Entre los puntos que no fueron aceptados se encuentra la eliminación de la retención del 8% en el IVA a los granos y otras de carácter estructural como la reducción de los derechos de exportación y la unificación del tipo de cambio.

“Está todo supeditado a que después en la práctica se pueda tener la emergencia como corresponde o la declaración de desastre, y que pueda acceder a las líneas de financiamiento y lo anunciado por AFIP”, explicó a la prensa el presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni.

Para algunos dirigentes de la oposición, como Ricardo Buryaile, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, “no hacía falta tanto humo para estos anuncios que están previstos en la ley 26.509 de emergencia agropecuaria. Nada nuevo bajo el sol, eso ya lo tenías antes de la reunión. Eso sí, te agregaron un financiamiento de US$25 millones para una pérdida de más de 15.000 millones”, expresó por una red social.

También hubo críticas de entidades que no participaron de las reuniones con Agricultura como las sociedades rurales del norte bonaerense y la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte Argentino (Apronor), entre otras. Apuntaron a la Mesa de Enlace y hablaron de “cotillón y cháchara”.

“Creemos que estamos siendo arreados por el sendero del populismo”, dijo Apronor en un comunicado. A su vez, la Sociedad Rural de Sachayoj, de Santiago del Estero, expresó que “las supuestas medidas salvadoras equivalen solo al 2,4% de la pérdida total que dejará la sequía”, según señaló un comunicado firmado por Juan Monin, presidente de la entidad. Las grietas quedaron expuestas.

El dato más positivo vino por el lado de las lluvias que confirman los pronósticos de los climatólogos respecto de que febrero ya iba a mostrar un cambio en la tendencia con la llegada de una instancia “neutral” del evento Niña.

Pese a esto, se suman los cálculos de las pérdidas que tiene la sequía y queda a la luz el efecto de los impuestos distorsivos como los derechos de exportación, no solo como ingresos de los productores sino como impacto negativo en la creación de riqueza en el interior. Un informe de la Asociación Rural de Carlos Tejedor, indica que en la localidad bonaerense hubo una facturación de poco más de US$342 millones por cinco cultivos en la campaña 21/22, pero que les extrajeron en concepto de retenciones casi 70 millones de dólares. ¿Cuánto se podría hacer en Carlos Tejedor con esa plata? Seguramente mucho más de lo que hace el gobierno nacional. “El estado recauda en las buenas y en las malas. Con años de buenos rindes y/o precios más aún, y en años malos (por clima principalmente) recauda a costa del productor que es el que invierte, mueve la economía del interior, y quién “arriesga todo”. Para luego ofrecer ‘subsidios’, preferimos menor carga impositiva y menos burocracia”, afirma Daniel Garciandía, presidente de la entidad bonaerense.

Fenómenos como el de la sequía o de las inundaciones forman parte de los riesgos habituales de la actividad agropecuaria y podrían enfrentarse de mejor modo si no hubiera fallas estructurales que distorsionan toda la actividad desde el minuto cero. Esta es la discusión hacia el futuro que queda pendiente.

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