“Amenazas y usurpación”: imputaron a siete integrantes del sindicato que puso en jaque a la láctea SanCor

El conflicto entre el gremio Atilra y la cooperativa láctea SanCor toma aún más temperatura. Ayer, la justicia santafecina imputó a siete integrantes del sindicato de la planta de Sunchales acusándolos, entre otros puntos, de amenazas y usurpación. Esto se dio luego de que la firma decidiera acudir a la Justicia por una serie de hechos que habrían cometido contra la empresa y su personal.

Desde la Fiscalía Regional 5 de Rafaela informaron a LA NACION que “ayer el fiscal a cargo de la investigación, Juan Manuel Puig, celebró audiencias imputativas a siete personas pertenecientes al gremio de Atilra en estado de libertad y en sede de la Fiscalía de Rafaela”. Los supuestos delitos que se imputaron son en general “amenazas calificadas por el propósito de compeler a otras personas a hacer abandono de su lugar de trabajo”, “usurpación por turbación de la posesión” y “amenazas coactivas”. No trascendió el nombre de los implicados.

Este acontecimiento se enmarca en una serie de denuncias presentadas por la cooperativa contra delegados sindicales por presuntos abusos y violaciones de conciliaciones obligatorias que incluyen casos de coerción hacia empleados no sindicalizados y bloqueos de camiones.

La cooperativa SanCor ha denunciado casos como el del 24 de noviembre de 2023 en el que siete delegados habrían coaccionado a un empleado no sindicalizado para que asistiera a una asamblea mediante amenazas. También se han documentado actas por bloqueos, como el del 20 de diciembre pasado en Devoto, Córdoba.

Vale recordar que, el 14 de octubre pasado, el gremio comenzó a realizar asambleas de seis horas en las diferentes dependencias de la cooperativa durante las cuales los trabajadores retenían tareas y discutían la situación de la cooperativa. Si bien desde la firma aseguran que el trabajo en las plantas es casi normal, siguen habiendo algunos problemas en la planta de Sunchales en donde empezó a haber denuncias de trabajadores que decían que querían trabajar, pero no se los permitían.

Frente a ello, el gobierno provincial desplegó en la planta de Sunchales fuerzas policiales para garantizar el derecho laboral de los empleados que no adherían a las medidas de fuerza y también la de los huelguistas.

En tanto, el martes pasado, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo se reunió con Julio Cordero, el secretario de Trabajo a nivel nacional, para abordar diversos temas, entre los cuales se incluyó el conflicto en cuestión. Durante esta reunión, el funcionario detalló que el titular de la cartera a nivel nacional habló de “erradicar de manera jurídicamente ordenada y prolija [el conflicto], pero de manera contundente la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Es una responsabilidad del Estado acorde a convenios internacionales”.

Báscolo destacó la importancia de “tener el respaldo del gobierno nacional en estas situaciones. Y también el apoyo del gobernador y del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia”. Además, enfatizó la gravedad de impedir a una persona el acceso a su trabajo legítimo.

Esto va en línea con lo plantado la semana pasada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que se refirió al conflicto que enfrenta la empresa láctea con el gremio y anunció que se presentará un proyecto que busca penalizar los bloqueos.

Por su parte, hoy el gremio Atilra nuevamente volvió a apuntar contra los directivos de la cooperativa acusándolos de que realizaron una presunta “maniobra fraudulenta”.

Atilrra aseguró que la cooperativa tiene “un Fideicomiso Financiero de Administración suscripto con el BICE Fideicomisos SA por el cual colocaron fuera de la órbita de la empresa el flujo de caja, que, de acuerdo a lo establecido en el art. 743 CPCCN, es garantía común de los acreedores”.

Por otro lado, sostuvo que “los directivos de la empresa han vuelto a delinquir, y que pretenden acallarlos con el armado de falsas denuncias de amenazas contra los Delegados del Personal”.

“Ya se ha enviado carta documento a los responsables del fideicomiso fraudulento detectado, intimando el cese inmediato de la conducta antijurídica, los especialistas se encuentran preparando la denuncia penal, para que los responsables sean incriminados, juzgados y condenados”, dijo el gremio.

Según pudo saber este medio, pronto habrá respuesta “contundente” desde la firma ante lo que consideran una “infundada acusación”.

Por otra parte, el sindicato también difundió una denuncia presentada por trabajadores porque, indicó, “desde hace aproximadamente 7 años la empresa SanCor habría dejado de realizar los aportes a los organismos de la seguridad y a la obra social correspondientes a sus empleados”. También habría comenzado a abonar los sueldos de los trabajadores de manera parcial e incompleta.

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