Alquimias y agujeros de un Estado que brilla por su ineficiencia

Tuvieron que ser unas diez sociedades rurales del norte bonaerense las que pusieran el foco allí donde el Estado tiene enormes agujeros sin cubrir. Estas entidades organizaron una colecta para recaudar fondos para los bomberos que están luchando contra los incendios en Corrientes. Un gesto que contrasta notablemente con las declaraciones del ministro de Ambiente, Juan Cabandié, que atribuyó el origen del fuego a las prácticas de los productores. “Se quieren sacar la responsabilidad que les toca echando la culpa a otros. Es muy fácil decir que la culpa es tuya”, respondió Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Al cierre de esta edición, el funcionario nacional no había pisado o sobrevolado el territorio correntino que padece una catástrofe ambiental y productiva.

El daño económico es importante. Según un informe de la SRA, hasta la semana anterior con unas 300.000 hectáreas afectadas se calculaban pérdidas por $23.000 millones en ganadería, arroz, forestación y citricultura, entre otros rubros. Esta cifra podría aumentar a $40.000 millones con una estimación superior de hectáreas afectadas, que llegarían a 600.000.

En rigor, tanto los incendios en Corrientes como la sequía que afecta a Misiones y castigó a la región pampeana hasta mediados del mes pasado tienen como hilo en común la precariedad de las reglas económicas y de infraestructura que pone a disposición el Estado para hacer frente a estos fenómenos.

Si se cumplen las proyecciones de los especialistas que advierten sobre la existencia del cambio climático este tipo de situaciones extremas, tanto por sequía o por inundación, se sucederán con una frecuencia cada vez más acelerada.

“Los miles de hectáreas devastadas por los incendios en las provincias de Misiones y Corrientes, como consecuencia de la intensa y extensa sequía, que ya lleva varios meses en gran parte del litoral norte argentino, nos obligan a actuar urgentemente en lo trágico de esta coyuntura, pero también en la definición de las estrategias a seguir el día después de que pueda ser controlado el avance del fuego y sus consecuencias”, señala en un documento del Centro Argentino de Ingenieros (Cadia).

Los profesionales de la ingeniería agronómica proponen un conjunto de medidas, entre las que se destacan planes de regionalización de lucha contra el fuego, el uso de imágenes satelitales con detección temprana y la difusión de las buenas prácticas “en la planificación y control de las quemas con permisos solicitados y autorizados”, entre otras.

En todo caso, se trata de prevenir y planificar escenarios, algo que el Estado, no se preocupa por llevar adelante, salvo por esfuerzos aislados.

Ese espíritu de improvisación se volvió a ver esta semana cuando, tras la difusión del índice del costo de vida de enero pasado, en el Gobierno se comenzó a especular alegremente con la creación de una empresa estatal de alimentos. No es nueva esa intención. Uno de los argumentos que esgrimió el presidente Alberto Fernández hace casi dos años cuando quiso expropiar Vicentin fue el de crear una empresa testigo para la fijación de los precios de los alimentos.

Aquí vuelve a cobrar vigencia la frase de Dionisio Scarpín, exintendente de Avellaneda, Santa Fe, cuando se preguntó: “El Estado no puede cortar el pasto de la ruta 11, ¿cómo va a manejar una empresa como Vicentin?”

Sin atacar el problema de origen de la inflación, el déficit fiscal y la emisión monetaria, el Gobierno se empeña en buscar atajos, como el que propuso, nuevamente, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, que insistió con las subas de los derechos de exportación o los cupos para granos, carne o lácteos.

También presionó para la formación de un fideicomiso que se financiará con ingresos de la exportación, que, en rigor, se originan en la producción. Un mecanismo de este tipo, advirtieron en la cadena de maíz y trigo, provocará distorsiones en el mercado de granos, ya por sí distorsionados por la fijación de los “volúmenes de equilibrio” para exportar ambos cereales.

Cualquiera de estas alquimias van a contramano con la necesidad que tiene el país de generar dólares genuinos por la exportación de bienes y servicios. El agro, principal generador de divisas entre todos los sectores económicos con más del 60% de las exportaciones, tendrá menos incentivos para invertir si el Estado interviene en una actividad en la que el sector privado es claramente más eficiente.

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