“Alguno se dé vuelta”: en un partido bonaerense los productores apuestan a una última carta para frenar un impuestazo

Luego de haber visto cómo el Concejo Deliberante aprobó una nueva tasa que les implicará un gasto extra superior a los $2200 millones, los productores agropecuarios de Azul, Buenos Aires, aguardan por una última carta que pueda frenar eso: la Asamblea de Mayores Contribuyentes, citada para las 10 de mañana.

Como contó LA NACION, hace dos semanas en esa localidad el Concejo Deliberante aprobó una tasa de servicios esenciales que para el caso del agro representará un pago con la siguiente escala: 0,5, 0,75 y un litro de gasoil por hectárea según se trate de un campo de cría, mixto o agrícola. El pago sería equivalente a unos 488.467 litros totales por mes y el desembolso de más de $2200 millones. El sector ya viene pagando a nivel local una tasa de red vial.

La iniciativa surgió del gobierno de Hernán Bertellys, de JxC, en un acuerdo con Nelson Sombra, de UxP, que asumirá el 10 del actual. Según han dicho los ruralistas, el apuro por acelerar esa nueva tasa fue porque con la nueva conformación del Concejo Deliberante local se iba a complicar su aprobación.

Tras el avance en el legislativo local, el sector de la producción avisó que recurrirá a la Justicia para intentar frenar lo que calificó de impuestazo.

En rigor, en el último tiempo el ruralismo local se reunió y analizó cómo hacer la estrategia judicial, sobre todo con foco en si mañana se termina de confirmar la ordenanza.

“Mañana se realizará la Asamblea de Mayores Contribuyentes, esta es la que define si se aprueba o no la ordenanza fiscal. Hasta que no pase esta instancia la tasa no está vigente”, dijeron desde el sector de la producción.

Según explicaron, esa asamblea fue convocada desde la presidencia del Concejo Deliberante y se trata de una formalidad que se debe cumplir. “Está integrada por personas que proponen los concejales. Un titular y un suplente por cada concejal”, indicaron.

Explicaron que “casi siempre estas personas votan como votaron los concejales que los propusieron”. Sin embargo, la expectativa en el sector es que “alguno se dé vuelta” y pueda torcer la suerte para que no se apruebe la ordenanza.

La Federación Agraria Argentina (FAA), la Sociedad Rural de Azul, la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) y el Centro Empresario de Azul (CEDA) dijeron: “Estemos presentes en el Concejo Deliberante y una vez más digamos no al impuestazo”.

Para medir el impacto de la nueva tasa, desde la Rural de Azul calcularon que tendrá una incidencia de entre el 15 y el 40% de las ganancias netas que tiene un ganadero, según su escala.

“Hicimos una simulación de las últimas seis campañas de un productor y analizamos los valores del gasoil de cada año y cuánto representaba esta tasa en su ganancia neta, sacando los costos y gastos del establecimiento y nos dio que este tributo significa entre un 15 y 40%. Ese porcentaje sería en cada ganadero En los campos agrícolas, la incidencia es un poco menor. Es inmoral e inentendible lo que se pretende hacer. Huele horrible que un funcionario de un espacio político que se está yendo y asume uno de otro espacio no tenga los votos de su propio partido y solo hayan votado positivamente los peronistas”, dijo hace unos días, tras la aprobación de la norma, Hernán Moreno, presidente de la entidad del agro.

Preocupación

En este marco, haciéndose eco de la situación en Azul y otros municipios, Carbap emitió un comunicado esta mañana donde señaló su “preocupación” por “los continuos intentos de intendentes municipales de incorporar nueva tasas o fuentes de recaudación, ante la imposibilidad manifiesta de eficientizar el uso de los recursos asignados para la administración de sus distritos”. En su comunicado dijo que el campo “no tiene bolsillo de payaso”.

“La dificultad en adoptar criterios sensatos de administración que simplemente se reducen a no gastar más de lo que se recauda, lleva a muchos intendentes a buscar recursos adicionales para sostener un gasto indebido, aplicando tasas sin contraprestación alguna y de difícil cumplimiento por parte de los ciudadanos”, agregó.

Carbap alertó que los productores “están padeciendo las consecuencias de una sequía extrema, una presión tributaria excesiva y una macroeconomía distorsionada que ha exterminado cualquier mínima capacidad contributiva del sector”.

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