El dato económico de la semana salió del campo. Por primera vez desde abril de 2018 creció la economía. Fue 2,5% según el Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae), del Indec, en mayo pasado respecto del mismo mes de 2018. ¿El motivo? El crecimiento en un 49% de la agricultura.
El piso era muy bajo. A esa altura del año pasado, la sequía había provocado la pérdida de unos 30 millones de toneladas de maíz y de soja. En 2019 la recuperación vino de la mano de una gran cosecha, fundamentalmente con 56,5 millones de toneladas de soja y 50 ,5 millones de toneladas de maíz.
Esos números deberían servir para entender dos factores básicos que en la agroindustria se conocen muy bien, pero que en el establishment político y económico se suelen minimizar. Que el campo tiene una importancia crucial en la economía argentina y que cuando se recupera dinamiza el transporte, el comercio, los servicios y la industria de las regiones donde está asentado. Obviamente, no es la única actividad económica de la que puede vivir el país. Pero quienes toman decisiones de política económica deberían entender las consecuencias que tiene ponerle un pie encima al campo. No solo recaen sobre el sector sino sobre toda la economía.
Claro, hay quienes lo advierten tarde, como le sucedió al candidato del Frente por Todos, Alberto Fernández, de que esta semana dijo en un acto en Santa Fe que "no se puede seguir pensando a la Argentina sin el campo" y al que consideró el "mayor productor de dólares". El candidato kirchnerista, además, llamó a olvidar la pelea por la 125 porque "ese tiempo ya pasó", según informó la agencia Telam. Frases curiosas, porque muchos de sus seguidores vienen impulsando normas en contra de la actividad agropecuaria, con las viejas prácticas de no dialogar. La prohibición del uso del glifosato en Chubut surgió de un proyecto de ley del diputado por el Frente para la Victoria José Grazzini. La medida fue tomada sin un análisis técnico ni diálogo con la producción.
Esa falta de conexión de las fuerzas políticas con la realidad productiva es lo que busca terminar la Mesa de Enlace, con la propuesta de 14 puntos de políticas agropecuarias que presentó esta semana en la Exposición Rural de Palermo. Hay propuestas que no por reiteradas dejan de ser actuales: reducir la presión impositiva, mejorar la infraestructura e impulsar la baja de las tasas de interés y el acceso al crédito, entre otras. Pero hay otro conjunto de propuestas de carácter sectorial que pocas veces tienen respaldo político. Por ejemplo: la reforma de la ley de semillas, el impulso a las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), la necesidad de reponer nutrientes en los suelos o contar con un sistema de seguros multirriesgo. Algunos de estos temas se tratan en las mesas de competitividad que organiza la Secretaría de Agroindustria. Sin embargo, en varios se requiere de un compromiso político que involucre a la oposición. Y, en algunos casos, también se necesita que avancen en los niveles provinciales y municipales. "Las propuestas no son solo para los candidatos a presidente, también para los candidatos a diputados y senadores y a nivel provincial y municipal", dijo Dardo Chiesa, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), durante la presentación. "Queremos que sea una hoja de ruta", explicó Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).
Otro aspecto clave de la propuesta es el de atraer a los jóvenes al campo. "Son el 36% del padrón electoral", dijo Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro. También se reclamó por el apoyo a la agricultura familiar. "La ley no está reglamentada", recordó el presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni. "No vemos a la agricultura familiar como sinónimo de pobreza, sino como instrumento para generar arraigo y trabajo", señaló.
Para que esas propuestas se lleven adelante se requerirá algo más que el trabajo de la Mesa de Enlace. Si los ruralistas no tienen el respaldo de los productores que representan es difícil que consigan algún logro. También necesitarán involucrar al resto de la cadena agroindustrial.
De lo que se trata, en definitiva, es que la política no se acuerde del campo solo cuando se necesita dólares para reactivar la economía o votos para ganar elecciones.