Vicentin: le concedieron más plazo para hacer una propuesta de pago
La firma, según lo dispuesto por el juez Fabián Lorenzini, debe avanzar en esa dirección con los acreedores antes del 31 de marzo próximo
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El juez Fabián Lorenzini, que en la ciudad de Reconquista lleva adelante el concurso de acreedores de la cerealera Vicentin, le otorgó un nuevo plazo a la empresa para que avance en una propuesta de pago: será el 31 de marzo próximo.
La semana pasada, luego de que el magistrado calificara de “abusiva” una propuesta de la empresa para una quita del 70% de una deuda de US$1574 millones y ordenara reformularla, la firma había realizado una presentación judicial pidiendo un mayor plazo. Solicitó hasta el 30 de junio de 2022, pero el juez ahora concedió hasta el 31 de marzo.
Según el magistrado, los representantes de los trabajadores propusieron una extensión pero solamente hasta el 31 de marzo próximo. Agregó que “los representantes de ACA (acreedora e inversora interesada), conjuntamente con los representantes del IFC y FMO (bancos internacionales), resaltaron que el plazo y cronograma planteado” fue debatido en una mesa técnica. En tanto, el Banco Nación, acreedor en unos US$300 millones, señaló el 28 de febrero próximo como fecha límite.
El juez señaló en su escrito que llegada la fecha del 31 de marzo próximo “deberá examinarse el avance de la construcción de las propuestas concordatarias y su divulgación entre los acreedores a los efectos de considerar, eventualmente, una extensión del plazo, únicamente para contar con las conformidades que permitan la homologación de la propuesta”.
Vale recordar que Vicentin tiene con las firmas Viterra Argentina, Molinos Agro y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), un acuerdo preliminar para que esas empresas se sumen como socias estratégicas vía un plan de capitalización de hasta el 90% de la firma.
“La concursada deberá continuar garantizando el funcionamiento operativo de la empresa por todo el año 2022, anticipando cualquier situación o evento que pudiera afectar el normal desarrollo de su actividad con antelación para evitar cualquier situación que ponga en riesgo las fuentes y puestos de trabajo y la viabilidad de la empresa. El monitoreo de este aspecto continuará siendo una obligación primordial de los interventores y de la Sindicatura”, apuntó el magistrado.
Organización de la empresa
El juez destacó, además, la necesidad de que elabore “una propuesta de organización de la empresa” considerando estos puntos: a) Información acerca de las consecuencias que traería aparejada para el empleo, la propuesta concordataria, en particular con relación a eventuales despidos, acuerdos sobre jornadas reducidas o medidas similares que pretenden adoptarse; b) Flujos financieros estimados del deudor; c) Toda nueva financiación prevista como parte del plan de reestructuración y los motivos por los cuales es necesario y razonable aplicar dicho plan; d) Una exposición de motivos que explique por qué el plan de reestructuración ofrece una perspectiva razonable de evitar la insolvencia y garantizar la viabilidad de la empresa, junto con las condiciones previstas, necesarias para el éxito de la propuesta; y e) Explicación circunstanciada de la explotación y destino previsto para los activos denominados “non core”. El plazo para presentar todo esto es el 28 de febrero próximo.
A fin de noviembre pasado, 70 empresas acreedoras que entregaron granos a la cerealera anunciaron el impulso a un proceso de cramdown y designaron como agente financiero al UBS Investment Bank.
Se trata de un mecanismo de última instancia a una quiebra que permite que acreedores u otro actor externo pueda formular una propuesta para tomar el control. En ese grupo de acreedores hay firmas conocidas como Gear, Grassi SA, Granar, Ortega Hermanos, La Clementina, La Constancia Agro SA, Baya Casal Enrique M. SA, entre otras.
LA NACION
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