Vicentin: la Corte de Justicia de Santa Fe intervino el concurso de la cerealera y desplazó al juez

ROSARIO.-En una decisión inédita, el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, decidió intervenir el concurso de acreedores de Vicentin ante un pedido de “avocamiento” de uno de los principales acreedores, por lo que la causa deberá ser remitida al máximo tribunal santafesino. La decisión del titular del máximo tribunal se produjo en momentos en que el 30 de junio próximo vencía el período de excepción de la convocatoria. La cerealera está concursada en US$1575,4 millones.

Ahora todo parece volver al inicio. La decisión de la Corte Suprema de Santa Fe se produjo luego de que la corredora Grassi SA, uno de los principales acreedores del concurso, pidiera el avocamiento del concurso de acreedores. Gutiérrez, quien firmó este jueves la resolución, avaló la medida.

En una resolución que está fechada el “16 de junio de 2022″ se advierte de manera escueta la siguiente decisión que el titular del máximo tribunal le envía al juez Fabián Lorenzini, quien estaba a cargo de la convocatoria de acreedores. “Por recibido. Del pedido de avocación, traslado al Sr juez del concurso. Una vez evacuado el mismo se deberá remitir el expediente a los fines que esta Corte puede expedirse con los autos principales a la vista. Suspéndase los términos que estuvieran corriendo”, señala el documento al que tuvo acceso LA NACION.

En la última línea de la resolución se apunta que se suspenden todos los términos del concurso. Voceros de la Corte Suprema confirmaron la resolución firmada por Gutiérrez pero no hicieron comentarios sobre los alcances de la medida, que queda en el terreno de las interpretaciones. Se interpreta que ahora la Corte Suprema provincial tomará una decisión sobre el concurso.

En tanto, fuentes consultadas de la cerealea Vicentin declinaron de hacer comentarios tras conocerse la medida judicial.

Acciones judiciales

La decisión de la Corte de Santa Fe se conoce en medio del avance de las causas penales contra directivos de Vicentin. El miércoles de la semana pasada, el juez Nicolas Foppiani dispuso la libertad del presidente y representante de Vicentin S.A.I.C., Omar Scarel, con una caución real de medio millón de dólares. Había sido detenido dos días antes en Avellaneda, en el norte de Santa Fe, por desobedecer las órdenes de dos jueces a través de una transacción.

La imputación contra Scarel tiene que ver, según se desgranó en las audiencias, con que el directivo tenía prohibido innovar sobre la composición de la masa accionaria de Vicentin. Lo que se acusa a Scarel es de celebrar un contrato de compraventa, entre Vicentin y Viterra Argentina SA.

El riesgo que existía en el concurso era que el juez Lorenzini homologara la convocatoria antes de que se dirima en el fuero penal la legalidad de la compra-venta de acciones del 33% de Renova a la multinacional Viterra.

Esto desencadenó el reclamo de Grassi porque de ratificarse por los tribunales las supuestas irregularidades ya no habría posibilidades de resarcimiento. Ante este complejo escenario la Corte Suprema decidió intervenir el concurso y analizar las últimas operaciones, entre ellas la venta del 16 por ciento de las acciones de Renova (que son de Vicentin) a Viterra horas antes de declarar el default en diciembre de 2019.

Cuando fue detenido Scarel, la firma mostró su sorpresa. Dijo que “no encuentra ningún tipo de justificación; el supuesto argumento esgrimido sobre el que se determina esta medida, que aduce un ‘incumplimiento o desobediencia de una medida cautelar dictada, que establece restricciones sobre posibles ventas de activos o acciones de la sociedad’ es absolutamente falso ya que la compañía de ninguna manera ha incumplido estas restricciones y todos los acuerdos concursales alcanzados hasta el momento se encuentran en instancias precontractuales ad referendum de las respectivas homologaciones judiciales y de los levantamientos de las medidas cautelares interpuestas”.

Incertidumbre entre los accionistas

El riesgo que existía en el concurso era que el juez Lorenzini homologara la convocatoria antes de que se dirima en el fuero penal la legalidad de la compra-venta de acciones del 33% de Renova a la multinacional Viterra. Esto desencadenó el reclamo de Grassi porque de ratificarse por los tribunales las irregularidades ya no habría posibilidades de resarcimiento. Ante este complejo escenario la Corte Suprema decidió intervenir el concurso y analizar las últimas operaciones, entre ellas la venta del 16 por ciento de las acciones de Renova (que son de Vicentin) a Viterra horas antes de declarar el default en diciembre de 2019.

Entre los accionistas de Vicentin hay un clima de total incertidumbre sobre el futuro de la firma, según contaron fuentes de la agroexportadora a LA NACION. Este miércoles se realizó una asamblea de accionistas en Avellaneda, donde está la sede central de la empresa. Un día antes se había realizado una reunión preparatoria.

Entre los pasillos corría una versión de que el concurso de acreedores podría ser intervenido, luego de las complicaciones penales de Scarel. La asamblea no terminó de la mejor forma. Y se decidió pasar a un cuarto intermedio para el miércoles próximo. Los accionistas de la agroexportadora no saben cómo seguirá esa reunión de socios, porque el futuro está atravesado por una fuerte incertidumbre, ya que los plazos que se preveían de finalización del concurso quedaron en el aire. Ahora la Corte Suprema empezará a analizar la causa iniciada en marzo de 2020 en Reconquista.

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