“Urgente”: qué piden los empresarios de biocombustibles tras prorrogarse la ley

Luego que el Gobierno prorrogara el régimen para el uso de biocombustibles, a dos días de perder su vigencia, el sector celebró el decreto 322 del presidente Alberto Fernández, pero señaló que es imprescindible “iniciar un debate amplio sobre la importancia de los biocombustibles” para el desarrollo de las economías regionales.

Así se refirió Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), que pidió abrir una discusión en el ámbito del Congreso “partiendo de la base del proyecto de ley preparado por la Liga de Provincias Bioenergéticas y presentado por el diputado nacional cordobés Carlos Gutiérrez”.

Esa iniciativa busca que se declare de interés público nacional la producción, comercialización, investigación y uso en materia de biocombustibles y que se garantice a lo largo del país un desarrollo de la actividad “con equidad social que estimule el sector y genere puestos genuinos de trabajo”.

“Es clave que en ese debate participen todos los actores relacionados con la energía y se apunte a trabajar en una ley superadora a la actual en donde se consideren todas las externalidades de los biocombustibles y no solo el precio”, señaló Zubizarreta.

“Apuntemos a un esquema con menos intervención estatal y más competencia, preservando a su vez a las verdaderas pymes con un tramo suficiente del mercado. En definitiva, trabajemos en la mejor ley para la Argentina, sacando intereses sectoriales”, añadió.

En esa línea, Patrick Adam, titular de la Cámara de Bioetanol de Maíz (Biomaíz), señaló que en la actividad esperan que “se abra una instancia de diálogo con todos los actores del sector de los biocombustibles, tanto provincias, productores, especialistas energéticos y ambientalistas para fijar una agenda de desarrollo energético sostenible para la Argentina”.

En tanto, Claudio Molina, Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, indicó que solo se ganó “un tiempo muy acotado para llevar adelante una negociación en el Congreso”.

“Está muy difícil. Solo ganamos tiempo, la cuestión pasa por lograr un proyecto de ley consensuado que sea positivo para la industria pero estamos lejos de eso”, dijo.

En cuanto al considerando del decreto que establece “que cuenta con estado parlamentario un proyecto de ley por el que se propicia aprobar el Marco Regulatorio de Biocombustibles en el que se definirá el nuevo rumbo estratégico del sector en consonancia con las necesidades energéticas del país”, Molina remarcó que dicho párrafo “está fuera de lugar porque existen varios proyectos en el Congreso con estado legislativo”.

“Inclusive la prórroga hasta el 31 de diciembre del 2024, con media sanción del Senado. El decreto no puede hacer referencia a ese proyecto por el cual se va a definir porque está avanzando sobre las facultades legislativas”, afirmó. En este sentido, dijo que si bien no tenía alternativa “es muy discutible usar el encuadre de la delegación legislativa para los decretos de necesidad y urgencia, tratándose de materia tributaria”.

El decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, que también lleva la firma del jefe de Gabinete Santiago Cafiero y del ministro de Economía Martín Guzmán, prevé una extensión del actual régimen de “hasta el 12 de julio de 2021 o hasta que entre en vigencia un nuevo Marco Regulatorio de Biocombustibles, lo que ocurra primero”.

La prórroga se conoce luego que semanas atrás se presentara un proyecto de ley del oficialismo en donde se propone una baja del 10 al 5% en la mezcla de biodiésel de soja en el gasoil. Si bien para el etanol que se usa en la nafta quedaría en el 12% actual, la Secretaría de Energía podría reducir a 9% para el etanol de maíz, no así el de caña.

Si bien el Centro Azucarero Argentino, cuyas empresas hacen bioetanol de caña, respaldó el proyecto de 14 diputados del Frente de Todos y uno del PRO, porque su corte no sería modificado con la nueva reglamentación, tuvo un amplio rechazo del resto de la actividad por el trato discriminatorio e injustificado de las distintas plantas productoras.

“De aprobarse este proyecto de ley, la industria bioenergética iniciará un camino de decadencia, en vez de transformarse en un vector de desarrollo económico, ambiental, social y regional como fue hasta ahora”, dijeron entidades del sector.

Entre los considerandos del decreto presidencial se destaca la importancia de que la nueva reglamentación tenga “un adecuado análisis y debate parlamentario del citado proyecto, sin afectar las distintas etapas que integran la cadena de valor del régimen en cuestión”. El año pasado, el Senado votó por unanimidad la prórroga hasta 2024 de la actual ley que se encuentra vigente desde 2006. Esa posibilidad se trabó en Diputados.

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