Un intendente K prorrogó una tasa de $10 por hectárea y enfureció a los productores

Los productores agropecuarios del partido de Adolfo Gonzales Chaves, al sur de la provincia de Buenos Aires, están muy enojados con el gobierno municipal porque, en medio de lo que consideran “pésimo” mantenimiento de los caminos rurales, ahora se enteraron que continúa dentro de cada factura de la tasa de red vial, un ítem ya caducado de la llamada “tasa por equipamiento y sostenimiento” para salud que se implementó un año atrás.

Todo comenzó cuando, en medio de la pandemia por el coronavirus, el intendente Marcelo Santillán (Frente de Todos) decidió enviar al Concejo Deliberante la iniciativa para adicionar un nuevo ítem de $10 extra por hectárea dentro de cada factura de tasa de red vial. Serían en un principio siete cuotas de junio a diciembre, inclusive.

Sin embargo, según pudo reconstruir LA NACION, pasó el tiempo y en enero de 2022, Santillán le pidió al Concejo Deliberante una prórroga por cuatro meses más de esa tasa de salud mientras él se comprometía a mejorar la infraestructura del hospital para colocar el tomógrafo que habría comprado con los $28 millones que recaudó con la nueva tasa. En resumen, la resolución aprobada a fines de mayo de 2021 por el Concejo Deliberante iba a estar vigente solo hasta abril pasado.

Pero, con una ordenanza fiscal, Santillán decretó que, “al no haber aprobado el Concejo Deliberante la prórroga de la fecha de aplicación de la tasa, el departamento ejecutivo busca la alternativa para evitar el cierre de la terapia intensiva, el recorte de las guardias médicas activas o cualquier otro recorte en las prestaciones de salud”. Así, prorrogó la aplicación de la tasa solidaria por equipamiento del sistema distrital de salud “hasta el final del ejercicio [31 de diciembre], haciendo uso de sus facultades que le son propias”.

Ya en esa oportunidad, cuando se implementó la tasa, Juan Pedro Merbilhaa, expresidente de Carbap y abogado constitucionalista, había advertido que la resolución del legislativo municipal era inconstitucional “porque la salud pública se atiende por el Estado (es decir la provincia) con los impuestos”.

“Es lo mismo que la seguridad y sobre esta hay jurisprudencia de la Suprema Corte actual de la provincia”, afirmó.

En diálogo con LA NACION, Ana María Martín, secretaria de la Asociación de Productores del Partido de Gonzales Chaves (Asoprocha), señaló que la situación no da para más. “Tenemos los caminos destruidos, sin mantenimiento alguno y encima nos viene la factura de la tasa vial con el ítem de salud que ya no está en vigencia”, expresó.

Marín detalló que el porcentaje de pago de la tasa vial en 2021 fue alto, un 82%: “Acá, si bien somos muchos pequeños y medianos productores, hay muchas empresas de grandes superficies, que no les afecta el pago y lo abonan sin problemas, pero a nosotros todo nos cuesta mucho”.

La productora contó que tiene 411 hectáreas y debe pagar $8220 por la tasa de salud con cada factura vial porque, al ser bimestral, le cobran por partida doble ese que es mensual: “Uno no tiene la posibilidad de discriminar el pago porque viene en forma conjunta”.

En este contexto de malestar, el miércoles 20 de abril pasado cientos de productores, transportistas, prestadores de servicios rurales, contratistas, consignatarios de hacienda y docentes que se desempeñan en el ámbito rural se reunieron en la localidad de De La Garma para tratar de revertir el panorama “caótico” de los caminos rurales y encontrar una solución al respecto.

“Lo más grave es que la plata que se recauda por tasa vial no se vuelca a los caminos. No tenemos el servicio que corresponde. Y eso que todavía no ha llovido mucho, pero si tenemos un invierno llovedor, directamente vamos a quedar aislados”, puntualizó la productora.

“Hemos llegado hasta el punto de que ya no conseguimos que los camiones atmosféricos quieran prestar sus servicios en los campos. Esto está afectando nuestra actividad. No hacen nada y encima nos cobran una tasa de salud. Es difícil seguir de esta manera. En algunas zonas es más catastrófico: a los caminos que están en los límites de otros distritos los descuidan totalmente”, añadió.

Por otro lado, destacó que en marzo de 2021, la intendencia recibió por parte del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia, en el marco del Plan de Caminos Rurales, un total de $5,13 millones para la compra y colocación de alcantarillas. “Sin embargo aun ningún tubo ha sido colocado y cómo no se cumplió con la meta, el partido no puede recibir más plata de ese programa”, precisó.

Por último, subrayó que ahora están a la espera “con inquietud” para junio próximo de los nuevos importes de la tasa vial. “Para colmo se viene un aumento de la tasa vial, con una fórmula que tiene en cuenta el valor del combustible, que eso estaría bien siempre y cuando las maquinas viales pasaran a arreglar los caminos, pero también tiene en cuenta el precio de los granos y de la hacienda, que no tiene relación alguna con lo que se paga”, finalizó.

Pese a diversos intentos, LA NACION hasta el momento no tuvo respuesta de parte del municipio respecto de la prórroga por decreto de la tasa de salud.

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