Piden desburocratizar el proyecto de ley de fomento a la agroindustria y que sea “inclusivo”
En la Cámara de Diputados, donde se está analizando la iniciativa, Ángeles Naveyra, de la Fundación Barbechando, apuntó: “No tiene que tener ambigüedades, tiene que tener bien identificado el impacto que tiene como proyecto”
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Mientras se debate en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados el proyecto de fomento al desarrollo agroindustrial, la Fundación Barbechando, integrada por productores, fue una de las participantes en un encuentro para hacer aportes al respecto.
Durante su exposición de cerca de 10 minutos, Ángeles Naveyra, productora e integrante de la fundación, pidió dar estabilidad y previsibilidad al productor, mirar a los mercados de exportación como una oportunidad y no como una amenaza, generar financiamiento genuino y también desarrollar la infraestructura, como caminos rurales, puertos y conectividad.
“Pensemos a la Argentina con una mirada de faros largos que es la forma de sacar adelante el país”, destacó.
Entre algunas de las cuestiones de las que habló fue que esta iniciativa de ley “no tiene que tener ambigüedades, tiene que tener bien identificado el impacto que tiene como proyecto”.
“La implementación operativa tiene que ser viable porque un proyecto de ley que no tiene un presupuesto atrás o que no es implementable, no nos sirve. Que tenga un enfoque propositivo en lugar de punitivo”, dijo Naveyra.
Entre otros puntos que destacó fue la cuestión de la inversión y los cupos fiscales para acceder a los beneficios, donde bajo este nuevo esquema podría haber “discrecionalidad y limitaciones al cumplimiento, donde el productor, primero, debe hacer una inversión que estará sujeta a la decisión de la autoridad de aplicación, en función de las condiciones”.
“Entendemos que aquí hay un riesgo, que estaría bueno que el productor no lo tenga que correr”, señaló Naveyra.
Una de las cosas que remarcó fue que, al crear un nuevo registro “genera más burocracia y dificultad para que los pequeños y medianos productores puedan acceder”.
En este sentido, en la línea base para calificar al régimen, dice la iniciativa, los beneficiarios deberán demostrar, en cada uno de los últimos tres ejercicios fiscales del impuesto a las ganancias, la superación de uno o más de los indicadores. Para la entidad, habría que eliminar los condicionantes (volumen de ventas, volumen de producción, volumen de exportaciones físicas, cantidad personal, inversiones realizadas) y planteó que los beneficios rijan al momento que se aplica la ley, sin tener que demostrar la evolución de los indicadores.
Según el organismo, el proyecto propone “una alta dependencia de la autoridad de aplicación que genera además que en la práctica se torne un proceso burocrático y arbitrario”.
En cuanto a la valuación de la hacienda de invernada, según la iniciativa, los invernadores, durante tres ejercicios fiscales, podrán optar por valuar la hacienda al cierre, al costo de adquisición (ley actual) o el costo estimativo por revaluación anual, tomando como índices, para los vaquillonas y novillos, los correspondientes a esas categorías de “vaquillonas o novillitos de uno a dos años”.
Entonces, a partir del tercer año, para continuar con este beneficio, “será exigible que los animales enviados a faena tengan en promedio más de 400 kilos vivos o de 200 kilos res con hueso en gancho, donde a partir del segundo ejercicio fiscal, la autoridad de aplicación podrá incrementar hasta 450 kilos o 250 kilos res en gancho”, plantea el proyecto.
“Es un beneficio exclusivo para invernadores que les permite diferir el pago del impuesto al momento de venta. No se trata de un beneficio impositivo, sino de un diferimiento impositivo al momento de la venta. Además, la autoridad de aplicación está facultada a aumentar los pesos promedios de 400 kilos a 450 kilos, situación que puede no terminar siendo un incentivo, según el tipo de producción que se lleva a cabo”, dijeron en Barbechando.
Por esto, la propuesta de la fundación es que la autoridad de aplicación “no tenga la facultad de aumentar el peso de faena para lograr, así, darle previsibilidad al productor”, dijo la representante de Barbechando.
En relación al certificado de crédito fiscal por la compra de semillas, fertilizantes, genética y sanidad bovina, “es bienvenido este artículo que hace falta pero tiene muchas trabas”.
“Solicitamos que se revise la obligación de tener que anotarse en tantos registros para poder demostrar los parámetros definidos y así calificar a los beneficios”, enfatizó la productora.
En el final de su exposición, Naveyra dijo: “Federalicemos el proyecto y discutamos los impuestos no coparticipables que empobrecen a las provincias. Generemos un proyecto inclusivo porque el 80% de los productores son mini pymes y pymes, no cuentan con una estructura administrativa para hacer los trámites y son los que más necesitan los beneficios. Simplifiquemos y no generemos un nuevo registro y pensando en el largo plazo, con un proyecto a 10 años, nos da más previsibilidad. Si queremos realmente un proyecto exportador, tendremos que sentarnos en algún momento, no ahora, a trabajar sobre los derechos de exportación y desdoblamiento cambiario”, finalizó.
LA NACION
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