El gobierno nacional, en un intento de eludir el meollo de las causas reales de la inflación, busca con variados, pero ineficaces mecanismos, encontrar alguna solución a la depreciación de la moneda, cuestión que se materializa impiadosamente en los aumentos de precios al consumidor mes a mes.
“Acuerdos de precios”, control de exportaciones, y brecha cambiaria del 100%, cuentan ya con más de dos años, y no logran que el índice de inflación de alimentos tenga freno. Indicador que supera por un digito la inflación de países limítrofes, que no utilizan ninguno de estos artificios.
Una de las herramientas que se crean en el medio de la frustración por no poder controlar la caída del valor del peso (mientras se emite dinero a tambor batiente) son los tan nombrados “fideicomisos”.
Hoy está vigente el “fideicomiso aceitero”. El resultado luego de un año de existencia fue realmente malo. La soja y el girasol (materias primas para obtener aceite) incrementaron su precio durante 2021 en un 31% y 40% respectivamente, cuando el aceite envasado creció en el mismo periodo un 190%. Algo salió mal.
El origen de este sistema se basa en un “Acuerdo entre el gobierno nacional y la industria aceitera” firmado en diciembre de 2020. Este año se volvió a renovar a pesar de su ineficacia, pero ya con quejas y desaprobación pública de los mismos que habían pergeñado y suscripto la idea el año anterior junto al Gobierno. Arrepentimiento que es bienvenido.
El sistema consiste en forzar aportes a quienes exportan granos y subproductos de girasol y soja. Esos dineros son depositados en un fideicomiso, encargado de distribuirlo como compensación a empresas que abastecen el mercado de aceites envasados y refinados. Al ser un monto que todos los exportadores están sujetos a aportar, dicho costo se traslada vía menor capacidad de pago hacia el productor. En definitiva, el 100% del aporte al fideicomiso lo paga el productor.
Mecanismo
A efectos prácticos significa el 1% del valor de lo exportado, lo cual es símil a un 1% más de derecho de exportación. La única certeza de este sistema es que el descuento del precio se realiza efectivamente al productor, pero la ineficacia de la herramienta hace que, por los motivos que sean, no llegue el beneficio a la góndola.
En los medios, el gobierno manifiesta que están en estudio otros fideicomisos para maíz y trigo. Por lo visto se insiste tozudamente con lo que no funciona.
En el caso del trigo lo más probable es que, de crearse este “fideicomiso”, termine siendo igual de inefectivo que el aceitero. Se transformará en un costo para los productores, y el pan y los panificados seguirán sus aumentos al ritmo de la inflación.
¿Y a quiénes les “correspondería” recibir la compensación de ese dinero que luego en teoría seria destinado a trasladar a la baja de precios al consumidor? ¿Molinos? ¿Panaderías? ¿Panificadoras? ¿A todos?
El caso del maíz es más intrincado aún. ¿Quiénes serían los beneficiarios? La multiplicidad de usos del maíz, como la industria alimenticia, los tambos, los productores de huevos, pollos, cerdos, criadores de hacienda vacuna, feedlots, molienda húmeda, molienda seca, etanol, aceites complica más el asunto.
Todos podrían pedir que con el producto de esta suerte de “retención” a la exportación de maíz, puedan solicitar “su parte”. Mas de 21 millones de toneladas de maíz, según el Ministerio de Agricultura, se destinan a estos usos al año en nuestro país. ¿Será repartido el beneficio para todos? ¿O habrá hijos y entenados? Seguramente la lista de solicitantes va a crecer a un ritmo mucho mayor a la intención de siembra de maíz o trigo. Muchos van a querer estar del lado del mostrador donde se recibe.
Las inequidades que provocan estos artificios son inmensas. Se prestan a muchos manejos, controles difíciles de auditar, por encima de la intrínseca ineficacia del sistema que, por la experiencia en aceites, hace agua por todos lados.
La solución de fondo es el combate a la inflación y tomar las medidas adecuadas macroeconómicas de equilibrio fiscal, emisión monetaria etc.
Los “fideicomisos están diseñados para beneficiar con el dinero de los que producen al 100% de los consumidores independientemente del nivel adquisitivo de unos y otros. Pero ni siquiera se logra en la práctica dicho asimétrico cometido.
Subsidiar alimentos se hace en muchos países pero se subsidia a la demanda. A quien lo necesita y con dinero del erario público con tarjetas alimentarias. Ese sería el camino sencillo y concreto.
Al no comprender que no es que los alimentos aumentan de precio, sino que el valor del peso se deprecia, se crean instrumentos que no solo no funcionan por su misma naturaleza y distorsionan mercados, sino que se presentan a la opinión pública con argumentos tan inverosímiles que hasta violentan la razón.
El autor es productor agropecuario
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