En Mendoza, por el granizo, decretan la emergencia agropecuaria, pero los productores reclaman más ayuda

MENDOZA.- Las inclemencias climáticas y fuertes tormentas, principalmente de granizo, que afectaron los últimos meses del 2021 a los productores mendocinos, hicieron reaccionar al gobierno provincial, que decretó el estado de emergencia o desastre agropecuario, disponiendo una serie de beneficios para los damnificados. Sin embargo, los hombres del campo consideran que las ayudan deben ser “más concretas, reales, accesibles y consistentes”, según expresaron a LA NACION.

Las medidas alcanzan a más de 60 distritos, distribuidos en 12 departamentos de la provincia que tuvieron fuertes afectaciones de las zonas cultivadas, con pérdidas que van del 50% al 100%. De esta manera, los productores ubicados en las cuatro regiones norte, centro, este y sur, que hayan sufrido daños en sus cultivos, previa denuncia, podrán acceder a una batería de asistencias que se activan de manera automática.

“Corresponde declarar en estado de emergencia agropecuaria y/o desastre agropecuario a los predios rurales que hayan sufrido pérdidas de significación en sus cultivos, sobre la base de las denuncias formuladas por los productores y las verificaciones técnicas realizadas por el organismo competente”, indica el Decreto 2238, publicado días atrás en el Boletín Oficial.

Vale aclarar que los productores que hayan sufrido y denunciado pérdidas significativas de entre 50% y 79% en sus cultivos serán alcanzados por los beneficios bajo la denominada emergencia agropecuaria. Por su parte, quienes hayan denunciado pérdidas de 80% o más estarán enmarcados en lo que la normativa establece como desastre agropecuario.

Asimismo, según explicaron en el Ministerio de Economía provincial, el productor afectado que cuente con el Certificado de Daños, otorgado por la Dirección de Contingencias Climáticas, accederá a los beneficios que otorga el Estado de Emergencia Agropecuaria o Estado de Desastre Agropecuario, de acuerdo con los artículos 11 a 26 de la Ley 9083. En este sentido, la medida comprenderá el período que va del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023.

“Esta medida otorgará importantes beneficios para todos aquellos productores que han sufrido daños en sus cultivos. Es un fuerte esfuerzo para la provincia en estos momentos, pero es necesario estar junto a los sectores productivos de Mendoza”, señaló Enrique Vaquié, titular de la cartera económica.

Entre los principales beneficios que destacan las autoridades para los inscriptos en el Registro del Uso de la Tierra (RUT) se encuentran la eximición de la obligación de pago del impuesto inmobiliario, de los cánones de riego por un valor igual al 50% de la factura correspondiente y de una prórroga de hasta 90 días para los vencimientos de cuotas correspondientes a créditos otorgados por organismos financieros oficiales o mixtos provinciales.

También, se dispondrán líneas de créditos que permitan la continuidad de las explotaciones, la recuperación de las economías de los productores afectados y el mantenimiento de su personal estable, con tasas de interés bonificadas, a un año de gracia y plazo de pago que no podrá ser inferior a tres años.

Asimismo, habrá una bonificación del 25% en las facturas correspondientes a energía eléctrica utilizada para riego agrícola. Además, se deberán suspender por hasta 90 días hábiles de finalizado el período de Emergencia Agropecuaria la iniciación de juicios y procedimientos por cobros de acreencias vencidas con anterioridad a la emergencia, referidas únicamente a los impuestos y servicios. En este sentido, los juicios ya iniciados deberán paralizarse.

En diálogo con LA NACION, diversos productores se mostraron insatisfechos con las medidas oficiales, reclamando mayor acercamiento a las realidades de los pequeños trabajadores de la tierra. “Tienen sabor a poco. De hecho, si estás asociado al seguro, cuando tenés afectación superior al 70% ya tenés eximido el pago del canon del agua para el año siguiente. Con esto que anuncian, te patean un poco los plazos; en el caso de la luz solo te eximen de la luz para los pozos del riego, cuando la mayoría de los productores viven en las fincas. En cuanto al inmobiliario rural, casi nadie lo paga. Es un anuncio más pomposo que otra cosa; deberían ser más concretos”, manifestó Cristian Bonini, de 45 años, propietario de una finca familiar de 10 hectáreas en General Alvear, en el sur provincial, donde tiene plantaciones de peras Williams, duraznos y membrillos.

Otro trabajador de la región también reclamó acciones más directas y efectivas, con ideas concretas. “Traé tu RUT y te vamos a dar un beneficio concreto con la luz, un crédito subsidiado, de fácil acceso, plantines para efectuar otra producción mientras tanto. No vemos un esfuerzo muy grande en lo que dan, con todo lo que gastan en política. Es poco efectivo para quien tuvo una pérdida total. Los políticos están lejos de lo que sufren los productores. El finquero chico es un tipo de capacidades más reducidas: no está para la papelería, sino para tener certeza de que al otro día podrá ponerle gasoil al tractor”, se quejó.

Entre los distritos más conocidos alcanzados por el desastre agropecuario, esto es daños del 79% al 100% de la producción, se encuentran Las Pintadas y Vista Flores, en Tunuyán; El Carmen, Ingeniero Gustavo André, Jocoli, Jocoli Viejo, La Palmera, San Francisco, Tres de Mayo y Tulumaya, en Lavalle, así como Carrizal, Ugarteche y Vistalba, en Luján de Cuyo; Barrancas, Cruz de Piedra y Lunlunta, en Maipú y

Alvear Oeste y Bowen, en General Alvear, además de vastas áreas en las comunas de San Rafael y del Este provincial. De hecho, a mediados de diciembre en Lavalle se registró un temporal sin precedente, que reportó pérdidas totales en la mayoría de los emprendimientos agrícolas, frutihortícolas y la muerte masiva de animales.

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