La actividad agropecuaria se desarrolla a cielo abierto y, por lo tanto, está sujeta a los avatares del clima. Es claro que las rentas que obtiene no son extraordinarias sino cíclicas, variables, con ganancias y pérdidas alternadas.
Se les aplica a los productos obtenidos un fuerte impuesto llamado erróneamente “retenciones” con porcentuales astronómicos e inaceptables. Sumados a los restantes impuestos nacionales, en los últimos 20 años han financiado al Estado en más de US$200.000 millones. En la mayor parte de los países del mundo el flujo es inverso al subsidiar al agro para crear empleos y riqueza.
Estamos en etapa de sequía virulenta, no vista en los últimos 50 años, que afectó fuertemente la cosecha de trigo y la siembra de la soja, lo cual implica menos ingresos para las empresas del agro y en especial también para las arcas fiscales. El desastre agropecuario es evidente, pero la ley no protege al productor, pues debe demostrar una pérdida de capacidad productiva mayor al 80% para acceder a exenciones cuando la renta brillará por su ausencia en este contexto.
Quien se dedica al campo solo pide que lo dejen producir, es su esencia. Los impuestos lo agobian, siendo el sector más castigado sumando además un impuesto a las Ganancias que exige valorizar las existencias a valores de mercado (con adelanto del gravamen antes de la efectiva realización de los bienes).
Se agrega la acumulación de saldo de IVA en su favor, que se prohíbe aplicar a cancelar otros tributos. El capital de trabajo queda en manos del Estado y se desvaloriza diariamente. Un conflicto irresuelto que requiere solución inmediata.
Controles
Los controles para el desarrollo de la actividad llevan a exigir al contribuyente formalidades cuyo incumplimiento aun de manera involuntaria producen consecuencias económicas y financieras extremas.
Para la campaña 2022/2023 cambian las normas reglamentarias sobre información de cosecha y stock. Antes (RG 3342) obligaba a comunicar la producción de trigo, soja y girasol, y ahora aplica a todo tipo de granos y semillas en proceso de certificación. Se dispone una nueva Carta de Porte Electrónica para derivados granarios.
El desastre agropecuario es evidente, pero la ley no protege al productor
Para el cumplimiento de los deberes formales se adiciona un plazo de 33 días para subsanar las inconsistencias y a partir de allí se podría acceder al reintegro sistemático del IVA por las percepciones sufridas. Resulta indispensable estar muy atentos al cumplimiento de la declaración de las existencias y superficies sembradas.
El fisco autorizado por la ley de procedimiento fiscal avanza ahora con las imágenes satelitales para presumir renta y amedrentar a los contribuyentes, siendo esos datos peligrosos ante la incongruencia de los ajustes impositivos y cuestionables por tratarse solo de indicios que violan derechos del contribuyente, con causas judiciales favorables al afectado.
Se necesitan cambios profundos en la legislación tributaria en general, y para el campo en particular, que respeten los principios básicos de la Constitución, entre ellos legalidad, equidad y derecho de propiedad.
El autor es contador y socio fundador de SSV y Asoc
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