El Gobierno busca terminar un uso gratuito que viene de 1973 para la soja y cobrar un canon “estratificado”

El Ministerio de Agricultura, que conduce Julián Domínguez, le anunció hoy a la industria semillera que buscará avanzar en una resolución para que el uso propio gratuito que hoy hace el productor de la semilla que se guardó de una cosecha, como de soja y trigo, para volver a sembrar en la siguiente campaña, pase a ser pago. La industria viene reclamando hace años por cambios que faciliten la llegada de inversiones en el cultivo. Antonio Aracre, director general de Syngenta, por ejemplo, cree que la alternativa propuesta podría disparar inversiones por unos US$2000 millones. La reunión de hoy la encabezó el titular de la cartera agropecuaria.

Según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales, se haría un cobro “estratificado” por productores, excepto entre otros actores a los de la agricultura familiar, que no pagarían.

La actual ley de semillas data de 1973, cuando la soja apenas superaba las 400.000 hectáreas, contra los 16 a 17 millones de hectáreas de las últimas campañas, y no existía la biotecnología agrícola que ha permitido avances como la soja tolerante al herbicida glifosato y con protección contra insectos. En rigor, esa normativa permite hasta ahora un uso propio irrestricto, sin límites para el productor que se guarda la semilla. Eso para semillas como soja y trigo que se pueden multiplicar y volver a utilizar.

“Estamos pensando en la estructura”, dijo una fuente de Agricultura sobre lo que se presentó a la industria semillera. Según la fuente, el Instituto Nacional de Semillas (Inase), un organismo descentralizado que se ocupa de la fiscalización en semillas, entre otras tareas, fijaría el valor del canon en base al impacto de la tecnología. No está definido si el mismo ente haría el cobro o sería directo por parte de las industrias semilleras.

En este sentido, trascendió que se tendría que hacer un reconocimiento de pago para los materiales, por ejemplo de soja, que no superen los 20 años. Además de la soja y el trigo, el sistema también abarcaría otros productos de economías regionales de interés para la industria semillera.

Mientras se piensa en la “estructura” para poder llevar adelante esto, como siguiente paso el tema se sometería a consideración y evaluación de la Comisión Nacional de Semillas (Conase). Es un ámbito donde intervienen todos los actores, incluidos los productores. No se descarta que la eventual resolución luego pueda ser una plataforma para una nueva ley de semillas.

En la reunión, según trascendió, la industria semillera hizo foco en cómo se ha incrementado una brecha tecnológica con Brasil, donde hay más inversiones por ejemplo en soja. Este es un dato que viene preocupando a los mismos funcionarios nacionales.

Brasil recién aprobó la soja transgénica en 2004, cuando la Argentina lo hizo en 1996. Sin embargo, sin un reconocimiento a la propiedad intelectual como se fue trabajando en el vecino país y otras naciones también productoras de soja, en la Argentina se fueron perdiendo inversiones para el cultivo. Brasil produce más de tres veces lo que hace la Argentina de soja. En Brasil, según fuentes de la industria semillera, en el cultivo el productor paga unos 10 dólares por hectárea en genética y 20 dólares por la biotecnología.

Mercado

En la Argentina, según dicen en la industria semillera, el mercado de semilla fiscalizada solo ronda el 20%. Es el mercado que, aseguran, se paga todos los años para la compra de una nueva bolsa de semilla. Se estima que hoy el mercado ronda los US$400 millones pero se podría triplicar con otro marco normativo.

Antonio Aracre, director general de Syngenta, en diálogo con LA NACION consideró “disruptivo” el cambio que se impulsa. Y reforzó la idea de que sin un contexto legal apropiado las inversiones en soja se estaban yendo a Brasil y los Estados Unidos. “Porque no tenemos marco regulatorio”, apuntó.

En este contexto, dijo que lo propuesto “va a generar movimiento e inversiones en el interior”. Añadió: “Tenemos un cálculo de que esto [con más inversiones en la actividad] puede significar 100.000 puesto de trabajo bien federal y US$2000 millones de inversiones, sobre todo en maquinaria [para los semilleros]”.

Otro ejecutivo que también estuvo en la reunión dijo, aunque preservando su nombre: “La Argentina necesita que se respete la propiedad intelectual, se de un marco para que podamos tener una retribución. Eso le planteamos al ministro”.

El gobierno anterior, de Mauricio Macri, también quiso formalizar el mercado de soja con una nueva ley de semillas, pero el intentó naufragó por la resistencia en ese momento del peronismo en el Congreso, entre otros actores. También fracasó en el intento de hacer cambios vía un decreto.

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