Federación Agraria Argentina (FAA), Maizar y la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA), donde confluyen 95 organizaciones, fustigaron una iniciativa en redes que, alertaron, presenta “desinformación” sobre el proceso productivo
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Crecen las críticas en el sector agropecuario a la campaña viral en redes, que cuenta con la participación de actores y otras personalidades, en contra de los agroquímicos. Luego de las posturas que expresaron decenas de productores en las mismas redes sociales y comunicados de cámaras que agrupan a las firmas de esos insumos, la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA), esta última integrada por 95 organizaciones públicas y privadas, también cruzaron la campaña.
“Se desinforma, y lamentablemente, famosos se prestan a poner su voz y sus caras para multiplicar versiones falsas, basadas en prejuicios y no en información. Los productores agropecuarios, en especial los que representamos desde FAA, casi siempre producimos en los mismos lugares que vivimos, cuidamos nuestra tierra y nos vinculamos con nuestra producción de manera responsable”, señaló Carlos Achetoni, presidente de FAA.
“De hecho, como agricultores familiares desarrollamos nuestras actividades en familia, a través de chacras mixtas o emprendimientos con prácticas ecológicas, con aplicación responsable de fitosanitarios y mucho cuidado por el ambiente. Esto se puede ver en la campaña que implementamos que se llama #SomosAgricultoresFamiliares federados, en la que mostramos cómo desarrollamos nuestro trabajo”, agregó.
Achetoni se quejó de que los productores no solo deban defenderse de un Gobierno que “castiga permanentemente, sino también de terceros que generalizan, mienten y generan una imagen falsa”.
“Es muy contraproducente que se siga tratando de poner como enemigo y fuente de toda maldad a la producción agropecuaria. Que se implementen campañas mentirosas, financiadas vaya uno a saber por quiénes y con qué objetivo, pero que aseguran falacias, falsedades y mentiras deliberadas, valiéndose de conocidos y famosos”, indicó.
En tanto, la Red BPA, donde entre las 95 organizaciones están, además del sector privado, los Ministerios de Agricultura, Ambiente, el Senasa y el INTA, indicó: “Nos preocupan los impactos negativos y la desinformación que generan las iniciativas que hoy circulan y que no pasan ni por el tamiz de la ciencia aceptada ni por la realidad del sector agropecuario. Un sector que atraviesa nuestra vida diaria como argentinos y recorre una gran cantidad de territorios, producciones y realidades diferentes”.
La Red BPA recordó que elaboró un anteproyecto de ley nacional sobre fitosanitarios “para generar pautas mínimas de gestión racional para su uso, con descripción de los procesos, sanciones y herramientas de control en el ámbito de las provincias y los municipios”. Señaló que “está a disposición del Poder Ejecutivo nacional y de los organismos nacionales competentes en la materia”.
“Proponemos sistemas productivos diversos y basados en el conocimiento técnico y científico, apoyados en buenas prácticas con una visión integral de lo social, lo económico y lo ambiental”, señaló.
El proyecto de ley, en rigor, ordena todas las áreas productivas, principalmente las periurbanas, a partir de zonas sensibles y de amortiguamiento. También profesionaliza la actividad de aplicaciones con la solicitud de registros y habilitaciones para aplicadores, maquinarias y empresas. Además, controla a través de la fiscalización y sanciona a todas las personas que no cumplan con la normativa.
Respecto de las zonas sensibles para las aplicaciones menciona, a modo de ejemplo, “las áreas urbanas, centros poblados, grupos de viviendas permanentes, y viviendas donde habiten trabajadores rurales y sus familias, más diez (10) metros para el caso de aplicaciones terrestres y cuarenta y cinco (45) metros para el caso de aplicaciones aéreas, contados desde el límite de área o lote hacia la zona productiva”.
También hay referencias a los lotes en los que se encuentran emplazados los establecimientos educativos rurales, con “más 10 y 45 metros para el caso de aplicaciones terrestres y aéreas, respectivamente, contados desde el límite del establecimiento y hacia la zona productiva”.
“Dentro de las zonas sensibles no se podrán realizar aplicaciones de productos fitosanitarios, salvo aquellas que obedezcan a razones de salud pública, espacio público, las que se efectúan en plantas de acopio y almacenamiento de productos agrícolas, puertos y aquellas que definan por una norma legal la autoridad provincial o municipal, según el caso “, indica la iniciativa de BPA.
También hay zonas de amortiguamiento donde se podrán realizar aplicaciones de productos fitosanitarios cumpliendo ciertos requisitos.
En tanto, la Asociación de Maíz y Sorgo Argentino (Maizar), reflexionó: “En la actualidad vivimos una nueva revolución verde, que es la de los organismos genéticamente modificados, la edición génica, la siembra directa y la agricultura digital. Las innovaciones y las nuevas prácticas agrícolas contribuyen directamente a reducir los recursos naturales que se necesitan para satisfacer una demanda creciente, producto del aumento de la población y del nivel de ingreso”.
“Sin embargo, notamos como se promueven campañas para desacreditar el sustantivo aporte de la tecnología y tratar de demostrar que los sistemas de producción son cada vez más peligrosos y el ambiente se ve cada vez más amenazado. Pero, la esperanza de vida sigue creciendo y las carencias alimentarias se han reducido drásticamente”, agregó.
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