Luego de que se quitara un tope de 75% de aumento para el Inmobiliario Rural, se restituyó ese porcentaje, pero para la tierra libre de mejoras, no para la que posee alguna mejoría
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Luego de haber protestado por la quita en la ley impositiva bonaerense de un tope del 75% para el Impuesto Inmobiliario Rural, en la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) se quedaron con una “conformidad incompleta” después de que en la legislatura ese máximo se fijara para la tierra libre de mejoras cuando la base imponible supere los $12.864.721, pero no cuando la tierra posee mejoras y edificaciones. Es decir, en este último caso no habrá topes y, de acuerdo a Carbap, los incrementos podrían superar el 200%.
“Nuestra gestión estuvo bien y lo mejor era considerar también las mejoras [en la tierra]”, señaló Horacio Salaverri, presidente de Carbap, a LA NACION. “Hay una conformidad a medias, incompleta porque el tope debería haber sido total”, agregó.
Salaverri dijo que el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, le había informado del tope, pero no de la “discriminación” que al final se terminó haciendo entre libre de mejoras y con mejoras. El ruralista cree que esto último fue parte de una negociación para que se lleve adelante la ley impositiva.
Como informó este medio la semana pasada, se había omitido en la ley impositiva un máximo de 75% que venía de otros años y eso abría las puertas a incrementos mayores. Para el gobierno provincial, solo el 3% de las partidas rurales, poco menos de 10.000, se iban a ver alcanzadas en su momento ante la no presencia de un tope.
De acuerdo a lo aprobado en el artículo 10, el Inmobiliario Rural “no podrá exceder” respecto del calculado en el año 2022 un “50% cuando se trate de inmuebles cuya base imponible correspondiente al año 2023, de la tierra libre de mejoras sea de hasta $2.031.822 inclusive”, “60% cuando se trate de inmuebles cuya base imponible correspondiente al año 2023, de la tierra libre de mejoras sea superior a $2.031.822 y hasta $12.864.721 inclusive” y “75% cuando se trate de inmuebles cuya base imponible correspondiente al año 2023, de la tierra libre de mejoras sea superior a $12.864.721″. En la versión original de la ley no figuraba el 75% como si ocurrió el año pasado.
“Quedó claro que esto es para financiar al fisco, pero la capacidad de pago [de los productores] va a estar limitada por la sequía; va a estar muy complicada”, señaló el presidente de Carbap.
Si bien en la entidad quedaron con la “conformidad incompleta”, porque no se incluyó la tierra con mejoras en el máximo, rescataron que lo aprobado al menos tiene un impacto positivo para el Impuesto Inmobiliario Complementario, una creación que viene de la época de Daniel Scioli como gobernador y Silvina Batakis como ministra de Economía de la provincia. “Con tres partidas [como las que toma el complementario al sumarse las mismas] se podía superar el tope [de $12.864.721]”, alertó Salaverri y tener aumentos superiores al 75% si no se reponía este límite. Carbap viene reclamando la eliminación del Complementario.
“Es un impuesto ideológico”, dijo Salaverri, que también anotó en esa categoría otra creación de Scioli-Batakis: el Impuesto a la Transferencia Gratuita de Bienes.
En este contexto, los legisladores provinciales de la Coalición Cívica ARI “se opusieron a los aumentos de impuestos planteados en el presupuesto enviado por el gobernador Axel Kicillof”.
“En un contexto inflacionario, los impuestos sobre las tierras productivas de nuestra provincia, sumada a la prolongada sequía que afecta el rendimiento de los cultivos, va a significar un golpe muy duro para el sector agrario. Respecto al impuesto a los ingresos brutos, que representa el más regresivo e inequitativo en la estructura tributaria provincial, deberíamos eliminar la carga tributaria que pesa sobre la canasta básica”, dijo CC-ARI. “De este modo, los legisladores Maricel Etchecoin, Luciano Bugallo, Andrés De Leo y Elisa Carca rechazaron los artículos 6 sobre el impuesto Inmobiliario urbano edificado que proyecta aumentos promedio del 72% y el artículo 10 sobre el impuesto Inmobiliario Rural; el artículo 20, incisos C y D, por alcanzar y gravar con impuesto a los ingresos brutos actividades primarias de cultivo y fabricación de alimentos”, agregó.
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