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Ataques a silobolsas: CRA se mostró conforme con un proyecto de ley

Destacó que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, tratará una iniciativa para castigar con cárcel el delito

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Jorge Chemes, presidente de CRA
Jorge Chemes, presidente de CRA

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) mostró su conformidad con que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, avanzará con un proyecto de ley para castigar la rotura de silobolsas.

Como informó LA NACION, Massa, que presentó una iniciativa que propone cárcel para el vandalismo rural, buscará avanzar con el tratamiento del proyecto este mes.

“Los hechos de violencia a la propiedad privada se han repetido a diario el año pasado y desde CRA hemos propuesto una ley contra los ataques a silobolsa y por eso celebramos la iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados en llevar adelante este tema, a pesar de que se ha demorado un año en presentar el proyecto. El Estado deber dar respuestas y brindar seguridad a los ciudadanos”, indicó la entidad en un comunicado.

“Ya no es el abigeato lo que usualmente sufren los productores rurales, sino que a ello se le han sumado los ataques anónimos que destruyen silobolsas, usurpaciones e incendios intencionales en explotaciones agropecuarias”, agregó.

Según destacó la entidad, los ataques contra silobolsas “van dirigidos a toda la sociedad, porque la labor del campo es un pilar fundamental para la producción de alimentos y de divisas para nuestro país, más aún en este particular contexto de recesión económica”.

Para la organización, el proyecto “propone una modificación necesaria al Código Penal, para que los mencionados delitos sean considerados como tales”.

“Es así que el incendio y / o la destrucción de cereales en parva, gavillas o bolsas, silobolsas, tolvas y / o diferentes sitios y / o unidades de almacenamiento de granos, o de los mismos todavía no cosechados y toda clase de reserva de granos y/o forrajes sean penados como delitos contra la seguridad pública, no excarcelables, al otorgarse una pena mínima de tres años y un máximo de diez, conforme al estrago sufrido y pergeñado en establecimientos rurales”, indicó.

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