Economistas ligados al agro destacaron que se debe pensar en otros tributos que reemplacen los derechos de exportación
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CÓRDOBA.- Las retenciones “cero” -como plantean algunos políticos- es “un gran deseo” pero “fácticamente” hay que “repensarlo con bajas chances de hacerlo cierto”. En cambio, sí puede ser “gradual”.
Esa fue la conclusión de la charla “¿Retenciones cero? Cómo podrían implementarse. Posibles impactos y modelos”, organizada por Los Grobo, Mauá y la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (Fada) en la que disertaron los economistas Roberto Bisang y Agustín Tejeda, de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
Bisang, economista del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA, apuntó que, en el corto plazo, el eje pasa por el equilibrio fiscal, un objetivo que afronta dos “cerrojos”, el de las casi nulas posibilidades de financiamiento público y el de los peligros de emitir. En ese contexto, los aportes fiscales de las retenciones son claves.
Advirtió que no poder ir a cero de manera inmediata no quiere decir dejar pasar “las ventanas de oportunidades” que aparecen en el “caótico” mundo.
“En esta crisis de reacomodamiento es necesario establecer algún mecanismo de incentivos y precios relativos que lleven a una nueva matriz productiva”, señaló.
A su criterio, se puede avanzar hacia la extinción gradual de las retenciones, con su reemplazo por otros impuestos, como es una toma a cuenta de Ganancias -aclaró que los números no son “del todo” compatibles-, una actualización del impuesto a la tierra y un reordenamiento del gasto público.
Críticas
Bisang arrancó planteando que, en general, las retenciones vienen con otros “hermanos” como las trabas a las exportaciones, fideicomisos o subsidios cruzados. “Son un tema clave que incide en múltiples aspectos”, definió y repasó una serie de ejemplos para agregar que “sobrevivieron 100 años como parte de la política económica”.
Planteó que una buena parte de las decisiones se toman con situaciones de décadas atrás cuando hay nuevas realidades, como es el creer que para el agro los costos están nominados en pesos y los ingresos en dólares. También subrayó que afecta al agregado de valor a la vez que hace que la Argentina “pierda el tren” en la reinserción internacional.
Tejeda ratificó lo “distorsivas” que son las retenciones y detalló que el caso argentino solo es comparable, internacionalmente, con India y Vietnam por el nivel de reducción de los ingresos brutos de los productores. Entre 1997 y el año pasado, el sector transfirió US$193.000 millones de sus ingresos al Estado.
Con las actuales políticas, estimó que, en el caso del trigo, se crecería 15% en los próximos diez años, mientras que con incentivos, sería 40%.
El economista analizó el efecto negativo sobre la superficie sembrada -que repunta cuando se reduce la carga- y en la incorporación de tecnología y uso de fertilizantes. En términos de producción, comparó a la Argentina con Brasil: hasta el 2000 era casi la misma producción y en los últimos 20 años, la local quedó a la mitad.
En lo que hace a la evolución de las exportaciones de granos respecto a los socios del Mercosur, desde 1960 a 2020 la de Argentina fue la menor. “Venimos perdiendo constantemente participación en el mundo; en los últimos 20 años estamos por debajo de la línea de mejora internacional y vamos concentrando la canasta exportadora en menos productos, menos destinos y menos valor unitario”, sintetizó.
Para el desarrollo regional, con retenciones cero los productores de todo el país tendrían rentabilidad, en cambio con unas promedio del 12% esa posibilidad queda concentrada en la región centro.
Del lado del consumidor, Tejeda indicó que “prácticamente no hay correlación entre el precio internacional del trigo” y el de los productos elaborados. Desde el 2017, explica el 10% de la variación precio del pan mientras que 11% corresponde al tipo de cambio. El resto depende de otros factores como salarios, logística.
¿Cuánto costaría compensar el aumento del precio de los productos elaborados con trigo? Calculó que unos US$162 millones en todo el 2022, pensando en un subsidio directo al consumidor. En tanto, el extra que se recaudará por el mejor precio internacional son US$150 millones.
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