Exportadores le plantearon al secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, que el mecanismo creado se está quedando sin fondos; quejas por la disparidad de valores
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Este martes, la industria aceitera se reunió con el secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, para hablar sobre el fideicomiso que tiene actualmente la industria de US$190 millones anuales. La preocupación del sector está puesta en que el mecanismo financiero, creado con aportes de exportadores y abastecedores, está llegando al límite del presupuesto previsto para este año.
La industria expuso en un encuentro del que participaron empresas aceiteras abastecedoras como Bunge, Molino Cañuelas, Molinos Río de la Plata y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), que preside Gustavo Idígoras, que el fideicomiso está llegando al tope del presupuesto para el 2022 y hay necesidades de encontrar alternativas antes del próximo mes. Según indicaron distintas fuentes a LA NACION, desde el Gobierno se comprometieron a “trabajar las variables”.
El presupuesto previsto para este año del fideicomiso consiste en US$190 millones, y surgió del acuerdo entre el gobierno nacional y los distintos actores del mercado de la soja y el girasol, tras la escalada internacional de los precios.
“Existe una gran brecha entre los precios que recibe hoy el consumidor y el precio subsidiado que sale de la fábrica”, dijeron en la industria. Según trascendió, esto está generando “una enorme pérdida para la industria”, mientras no hay un beneficio para el consumidor.
Así, la industria expuso durante este primer contacto con Tombolini, tras su asunción en la cartera, que tuvo que hacer un “gran esfuerzo” en los últimos meses, ya que el Gobierno no autorizó la suba del producto y rápidamente se quedaron sin fondos.
Semanas atrás se conoció que la industria del aceite gastó US$60 millones extra en el fideicomiso para evitar que suban los precios internos del aceite, tras la guerra en Ucrania. En medio de este escenario, el sector y el Gobierno intentarán encontrar algunos mecanismos más directos de comercialización para que el consumidor sepa que, efectivamente, existe un aceite subsidiado y que puede elegir entre ese aceite y el resto.
En tanto, desde el Gobierno se comprometieron a analizar la problemática y evaluar alternativas en los próximos días. Una de las alternativas es que se amplíen los US$190 millones, aunque en el sector aún no tienen precisiones. Para que eso suceda, la Secretaría de Comercio debería emitir una nueva resolución con los cambios que se analizarían en el transcurso de los próximos días. En concreto, esto debería suceder antes del 1 de septiembre, que es la fecha en la que Comercio Interior debería emitir la resolución.
Actualmente, el precio de salida de fábrica del aceite es de $280 y en supermercados está a $300. En tanto, en autoservicios se vende a más de $600. Por este motivo, desde el sector insistieron en que “el fideicomiso no está cumpliendo su función”. Consideraron que el Gobierno tendría que permitir actualizar precios a esos niveles y evitar grandes pérdidas para la industria.
Originalmente, el fideicomiso que se nutre de aportes privados se creó a través de un Acta Acuerdo firmada el 30 de diciembre de 2020 entre el sector y los entonces Ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Desarrollo Productivo, que fueron fusionados con el Ministerio de Economía, cartera que conduce actualmente Sergio Massa. En febrero de este año se oficializó la extensión hasta el 31 de enero del 2023, para tratar de estabilizar los precios internos.
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