A 20 años del regreso de las retenciones: qué pasó con los US$112.000 millones que le sacaron al campo

CÓRDOBA.- A 20 años de reinstalados los derechos de exportación -por entonces el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, las anunció como “transitorias- las que pesan sobre los complejos de soja, maíz y trigo recaudaron más de US$100.000 millones. En términos reales -teniendo en cuenta el efecto de la inflación de Estados Unidos- son unos US$112.000 millones de hoy.

Los datos derivan de un estudio de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Si el cálculo se extiende a todos los bienes y servicios, para el Ieral, de la Fundación Mediterránea, son US$147.000 millones, de los que el 80% los aportó el complejo agroindustrial. El campo puso el equivale casi a tres veces el préstamo de US$45.000 millones que el FMI le dio a la Argentina.

Gonzalo Augusto, economista de la Bolsa, enfatizó que la Argentina es uno de los “pocos” países en el mundo que apela a los derechos de retención con el argumento, la mayoría de las veces, de controlar los precios internos de las materias primas gravadas. Sin embargo, explicó que al analizar la recaudación que generaron y el efecto sobre los precios “no sirvieron para contenerlos, pero sí son una fuente de ingresos importante de los últimos 20 años”.

“Afectan el precio que recibe el productor en el mercado interno. No son una retención como se los llama vulgarmente, porque eso implicaría una devolución. También alteran las decisiones de siembra en función de cuánto pesan sobre los distintos productos”, indicó.

Graficó con lo sucedido desde la gestión de (Mauricio) Macri hacia adelante cuando creció la siembra de maíz por sobre la de soja a partir de que primero se le eliminó la carga al grano y después se la reinstaló pero más baja que sobre la oleaginosa.

Desde la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (Fada), el economista David Miazzo subrayó que los US$112.000 millones de recaudación son, “básicamente” recursos que “no se reinvirtieron” para la producción.

“Gran parte hubieran ido a desarrollar nuevas áreas productivas, mejores semillas, más fertilizantes, mejorar los sistemas de riego para encarar proyectos agroindustriales o hacer más ganadería”, expresó.

A su criterio, sin esas inversiones se produce menos de lo que se podría, no solo en materia de granos, sino que también se podría haber desarrollado más ganadería e incluso granjas porcinas. “Los productores tendrían más capital en su mano y querrían invertir para producir más y agregar valor, lo que se traduciría en más empleo y exportaciones”, advirtió.

Miazzo calificó al impuesto de “sanción” a la producción que va en contra de nuevos emprendimientos. “Hoy tenemos menos producción, menos empleo y menos exportación de lo que podríamos haber tenido. Achata todo; va pasando el tiempo y se avanza muy despacio. Son millones de dólares que se le sacaron al interior productivo del país; es potencial de desarrollo y crecimiento económico que se le quitó”, indicó.

En esa línea, insistió en que un interior “más pujante” colabora con el desarrollo de todo el país, “tracciona y descomprime las problemáticas de las grandes ciudades”.

“Este esquema da para pensar en qué país se quiere desarrollar, si más equilibrada y equitativa o más desbalanceada”, señaló.

Recursos

Repasó que, si bien los recursos salen del interior productivo, no vuelven en forma directa, porque no se coparticipan. “Pese a todo ese dinero el Estado nacional no logró convertirlos en mejoras de los servicios que presta, ni en una mejora sustentable de la calidad de vida. No supieron convertir ese dinero en crecimiento sostenible -que equivalen casi a tres préstamos del FMI de US$45.000 millones”, dijo. “Salen del interior productivo no vuelven en forma directa, porque no se coparticipan”, agregó.

“Pese a todo ese dinero el Estado nacional no logró convertirlos en mejoras de los servicios que presta, ni en una mejora sustentable de la calidad de vida. No supieron convertir ese dinero en crecimiento sostenible”, añadió. Para Miazzo si no se discute el nivel de gasto público, la Argentina “nunca podrá bajar la carga fiscal ni del campo ni de ningún otro sector productivo ni podrá bajar la inflación”.

“Lamentablemente el impuesto hoy está más vivo que nunca -dijo Juan Manuel Garzón, economista del Ieral-. En el primer trimestre representó 9% del total de la recaudación total; entre 2002 y 2021 en ese período era en promedio 7%. Hoy es más alta la participación y eso hace más difícil pensar en su eliminación”.

Precisó que los derechos de exportación equivalen, en promedio, a 40% de Ganancias y 30% de IVA, los dos impuestos más importantes en todos los países y eso se vincula con el “alto nivel de alícuotas sobre varios bienes y sobre productos importantes en las exportaciones”.

Garzón admitió que, más allá del consenso de que es un “mal impuesto”, es difícil evaluar el impacto real porque convive con otros problemas y cargas que afectan al sector. Apuntó que, a partir de 2007/2008 cuando el campo tomó nota de que no era un tributo “de emergencia”, empezó a advertir sobre su efecto de desalentar exportaciones.

“Los derechos se suman a otras medidas del kirchnerismo que afectan las operaciones al exterior. Hasta la primera década de este siglo la producción agropecuaria crecía, después empiezan a haber decisiones que afectan”, opinó Garzón.

Sostuvo que la suba de precios internacionales “enmascaran” en determinados ciclos el impacto nocivo del impuesto, pero “cuando baja la marea queda transparentado que es muy malo, que quita incentivos”.

La discusión que viene

En la revista Seúl, Iván Ordoñez, economista especializado en agronegocios, se refirió a los derechos de exportación. “Las retenciones a las exportaciones no son un accidente, fue la forma en la que se eligió salir de la crisis del 2001 y todos los gobiernos reafirmaron, hasta el de Macri que intentó eliminarlas”, afirmó.

El experto calculó que se logró una recaudación todavía mayor a lo estimado por diversas entidades. “Si pasamos la recaudación en pesos de la AFIP a dólares de cada mes en que se cobraron, llegamos contando la estimación de 2022 a 187.000 millones de dólares; es una enormidad de recursos que fueron todos a gasto corriente que no amplió la capacidad productiva: universalización de jubilaciones que quebró la Anses, un crecimiento exponencial del empleo estatal provincial, subsidios de tarifas de servicios públicos, reestatizaciones como Aerolíneas Argentinas y el sistema ferroviario (ambos muy deficitarios) o la compra de YPF (que se aseguró que sería gratis y luego costó una fortuna que no se corresponde con su valor de mercado actual). Apenas una parte no muy significativa se destinó a su razón original: los planes sociales”, señaló.

“Las retenciones presentan hoy un doble desafío: el volumen de recursos que le sustraen al sector privado y la forma en la que se lo sustraen. Para disminuir esa presión es imperativo que se reduzca el gasto: el volumen de recursos que las retenciones sustraen sólo puede disminuirse si el gasto disminuye. Gran parte de lo que podría llamarse la expansión de gasto de Cristina Fernández debería poder reducirse”, agregó.

Ordoñez remarcó: “La discusión sobre las retenciones es, en el fondo, una discusión sobre el Estado que estas posibilitaron durante estos 20 años: un gigante que se hizo adicto a ellas”.

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