A tres años de la cuarentena: del “vamos a salir mejores” a una Argentina que profundiza las grietas de su realidad laboral

La informalidad y la precariedad son mayores en la prepandemia, y son varios los factores que lo explican; qué cambios dejó y qué debilidades acentuó la experiencia de 2020, y qué políticas traerían una solución, aunque parcial, al problema de la segmentación social; datos y conclusiones de un informe sobre la pospandemia elaborado por investigadores de varias universidades

LA NACIONSilvia Stang

El “vamos a salir mejores” se escuchaba o se leía con frecuencia en aquellas primeras semanas de la cuarentena implementada como política pública a nivel nacional, en el primer año de gestión del presidente Alberto Fernández, para intentar minimizar los contagios del Covid-19. Más allá de cómo haya salido de la experiencia de 2020 cada persona en cuanto a los diferentes aspectos que hacen a su vida y a sus vínculos, a tres años del inicio de la pandemia los datos de la situación social y laboral de la Argentina indican que, en el mapa general, la expresión optimista no tiene correlato en la realidad.

La estadística revela que la informalidad gana protagonismo. Y hay factores que explican esa dinámica tanto desde el lado de la oferta de empleos, porque en una economía inestable, con restricciones y reglas cambiantes, no se crean puestos registrados en cantidad suficiente, como por el lado de la demanda de ocupaciones en blanco, porque el contexto y las políticas no generan en muchos casos los incentivos correctos para que quienes son informales sientan la necesidad o vean conveniente de salir de ese espacio.

Para empezar, vale citar algunos números del antes, del durante y del después del año en el que la pandemia nos marcó. Del total de personas con ocupación laboral, habitantes de centros urbanos del país, 37,4% trabajaba en 2019 en la actividad privada formal, mientras que 13,5% estaba en la administración pública y una mayoría, 49,1%, se movía en el segmento de la microinformalidad, en el cual hay trabajos inestables y sin aportes, caracterizados frecuentemente por su escasa productividad, sus bajos ingresos, su alto nivel de rotación y su falta de conexión con la economía registrada. Las limitaciones para hacer valer derechos y para lograr una movilidad social ascendente son también rasgos de este último sector.

Los datos mencionados son parte de los resultados de la EDSA, la encuesta del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que abarca a 5760 hogares de centros urbanos del país. ¿Qué pasó, según esa medición, en tiempos de cuarentena? En el tercer trimestre de 2020 (ese es el período en el que se hace cada año el relevamiento) hubo una caída de la participación de los microinformales (el índice, que en 2019 había sido de 49,1%, resultó entonces de 47,6%), mientras que los registrados (asalariados e independientes) mantuvieron su espacio (fueron el 37,2%) y la porción de ocupados en la gestión estatal creció y de aquel 13,5% llegó a 15,2%.

La reducción del índice de informalidad se verificó también en la estadística oficial del Indec. La tasa de asalariados sin aportes jubilatorios medida por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) cayó de 35% a 28,7% entre los terceros trimestres de 2019 y de 2020. El motivo no fue, claro está, una mejora en la estructura del mercado laboral, sino una muy fuerte destrucción de puestos no registrados, mucho mayor a la caída de las ocupaciones formales, dadas las restricciones que impedían realizar muchas de las tareas laborales e, incluso, salir de las viviendas.

Los números del después de la pandemia son los que se oponen a aquello de salir mejores: en 2021 la participación de los microinformales era, según el relevamiento de la UCA, de 49,8%, un nivel superior al de 2019, mientras que en 2022 el índice avanzó más aún y llegó a 53,6%. Los ocupados registrados del sector privado, que representaban más de 37% en 2019 y en 2020, eran el 35,3% y el 30,4% del total de ocupados en 2021 y 2022, respectivamente.

La tendencia se verificó también en los informes de la EPH del Indec, que reveló índices de asalariados sin aportes de 33,1% y de 37,4% en los terceros trimestres de 2021 y 2022, respectivamente. Mientras que en el primero de esos años el nivel de informalidad tomó impulso respecto de 2020, en 2022 ya directamente superó al de la prepandemia.

El propio Presidente, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, dijo el miércoles último que en su gestión se creó una cantidad de puestos de trabajo “de la economía popular” equivalente al doble de los generados en la formalidad. En rigor, el discurso escrito decía “puestos de trabajo informales”, pero Fernández modificó la expresión, buscando quizá una que sonara políticamente más correcta.

Estrategias que sobreviven

De los tiempos pre-Covid y Covid, y más allá del rebote posterior que tuvo la actividad económica (que se desmoronó 9,9% en 2020), “sobreviven estrategias de supervivencia” en un amplio sector de la sociedad, conformado por personas que hacen changas, cobran quizá un plan social y, eventualmente, arman un emprendimiento familiar, en un proceso de “innovación de estrategias para el mantenimiento de ingresos” que, por su parte, pierden constantemente poder de compra a causa de la inflación.

Como parte de un círculo vicioso, la inestabilidad de una economía revelada en las fuertes y continuas subas de los precios de sus bienes y servicios es un aspecto central entre los que dificultan las chances de encontrarle una salida al problema de tener una estructura socio-laboral desigual e injusta, con casos en los que se cumple con la ley y casos en los que no. Es una problemática tan enraizada y extendida que parece (o es) algo ya naturalizado.

Las conclusiones de los dos párrafos anteriores son parte de las señaladas por los autores del informe La sociedad argentina en la pospandemia, editado por Siglo Veintinuo. El libro es el resultado de un trabajo del que participaron investigadores de las Universidades nacionales de Buenos Aires, Mar del Plata, Cuyo, Catamarca, Tres de Febrero y la Universidad Católica Argentina. La investigación se hizo en el marco de una convocatoria de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, y el Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea (Pisac).

La profundidad de la situación es tal que las políticas de mediano plazo que podrían intentar un cambio significativo en la realidad laboral no solo son difícilmente viables dado el clima de enfrentamientos políticos que impide dar debates de fondo. Además, no evitarían que quede al margen de las mejoras un grupo de personas que, al no poder acceder a un empleo de calidad, debería ser asistido o seguir siendo asistido por el Estado.

Esto último es lo que advierte, al menos, el sociólogo Agustín Salvia, investigador del Conicet, director del Investigación del Programa Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA y compilador del mencionado trabajo sobre la pospandemia, junto con los investigadores Santiago Poy, del Conicet, UCA y UBA, y Jésica Lorena Pla, del Conicet y del Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Los tres dialogaron con LA NACION sobre la situación del trabajo en la pospademia.

Según Salvia, la fragmentación laboral existente se relaciona con varias dimensiones sociales y es un problema estructural. El ciclo Covid significó una crisis dentro de una crisis y tuvo impactos, por lo tanto, sobre realidades preexistentes. Según las conclusiones del trabajo, la pandemia acentuó la inequidad, profundizó la segmentación del mundo del trabajo y produjo un empobrecimiento selectivo de las capacidades requeridas para el desarrollo personal.

Más ocupaciones de baja calidad

¿Cómo se manifiesta en la estadística la segmentación ocupacional? Según datos de la EDSA, preparados por el investigador Eduardo Donza, de las personas económicamente activas, en el tercer trimestre de 2022 un 40,3% tenía empleo pleno de derechos (asalariados y cuentapropistas registrados y con continuidad en sus tareas); 28% estaba en un empleo precario (sin aportes a la seguridad social y sin continuidad), y 23% era subempleado inestable (sin aportes ni continuidad, con jornadas cortas e ingresos bajos, o con planes por los que se hacen contraprestaciones). El 8,7%, en tanto, estaba desocupado.

Antes de la pandemia (tercer trimestre de 2019) esos índices eran del 41,6% (empleo pleno), 26,9% (empleo precario), 20,6% (subempleo inestable) y 10,9% (desempleo). Es decir, la tasa de desocupación fue menor en la medición más reciente, pero en gran medida eso responde a que avanzaron las ocupaciones informales y precarias.

En cuarentena (tercer trimestre de 2020), con una desocupación más alta (de 14,2% de la población activa), la participación del empleo de calidad había llegado a 43,6%, algo explicado por la caída de puestos informales que hizo que ese segmento perdiera espacio en el universo de ocupados.

Con la reactivación económica, la participación de las ocupaciones precarias e informales sobre el total llegó a niveles más altos que antes del Covid. Según afirma Salvia, en la pospandemia hubo una necesidad en los hogares no solo de contar con empleo e ingresos, sino también de hacerle frente a la elevada inflación, alimentada por la emisión de pesos que implicaron las políticas de auxilio a empresas y a familias durante el período de restricciones.

El del aumento de precios es un efecto de la crisis del Covid que, si bien se dio en el mundo en general, en la Argentina resulta agravado por factores internos y por el hecho de que se venía de años con inflación elevada.

Un mecanismo defensivo

Ante la realidad planteada por la inflación, dice Salvia, el trabajo informal es un mecanismo defensivo, que implica la creación del propio empleo, ya sea en el comercio de bienes o en servicios que son ofrecidos en sectores populares.

Los datos de los relevamientos de la UCA y también los del Indec muestran que, históricamente, en el sector informal el cuentapropismo es mucho más frecuente que en la economía registrada, algo que parece estar vinculado con el hecho de ser un “espacio de refugio” ante las carencias. En 2022, el 66,3% de los trabajos microinformales era de carácter independiente, mientras que en el mercado formal esa incidencia fue de 23,8%, según datos de la EDSA.

Con ese fenómeno estaría relacionado un cambio que se observa en un sector específico: el del servicio doméstico. A diferencia de otras actividades, el número de ocupaciones sigue en este caso por debajo del de la prepandemia, incluso en el segmento no registrado (que es mayoritario). Según la proyección del Indec publicada en su informe sobre la cuenta de generación del ingreso, el número de hogares con servicio doméstico era en 2022 un 8,6% más bajo que el de 2018.

“Algo que estaría ocurriendo –evalúa Poy– es una reconversión ocupacional de un grupo de mujeres que estaba en el servicio doméstico y pasó a tareas por cuentapropia, por ejemplo, en el comercio barrial; eso tiene algunas ventajas, como la de no tener que viajar”. También tendrían incidencia, en la caída del número de ocupaciones, el teletrabajo y la posible baja de ingresos en hogares que eran contratantes.

Un dato que ayuda a sostener esa hipótesis del salto al cuentapropismo, y no a la inactividad, es que el índice de participación femenina en el mercado laboral tendió a un crecimiento, tal como destaca Poy.

Según el Indec, la tasa de actividad de las mujeres (porcentaje de la población que trabaja o busca trabajo) fue de 51,1% en el tercer trimestre de 2022, mientras que había sido de 49,2% en la prepandemia y había caído a 45,4% en cuarentena, un período en el cual fue casi imposible la búsqueda de un nuevo puesto.

Trabajadores pobres

La situación de los ingresos, que explica en parte esa mayor voluntad de estar en el mundo del trabajo, llevó al fenómeno de los “trabajadores pobres”. Según datos de la EDSA, la media de ingresos mensuales del tercer trimestre de 2022 se ubicó, en términos reales (es decir, según datos corregidos por inflación) un 19,7% por debajo de la media de igual período de 2019 en el caso de quienes tienen empleo pleno, un 11,4% por debajo entre los ocupados precarios, y un 6,3% arriba en el universo de quienes están en el subempleo inestable (que tienen un ingreso equivalente a poco más de la cuarta parte del percibido por quienes están en un empleo pleno). En este último segmento, el ingreso real mostró, según la encuesta, un deterioro de 9% entre 2021 y 2022 (ver los datos en el gráfico que acompaña esta nota).

“Hay una caída en la pobreza de personas de clase media, pero eso es algo que no llegó con el Covid, sino que viene ya de los últimos diez años”, señala Salvia. Y agrega: “Son por lo general personas con secundario completo, no profesionales, con niños a cargo, que están en medianas empresas”.

Según estimaciones hechas por Donza, la pobreza afectaba en el tercer trimestre de 2022 al 36,6% de la población, en tanto que en igual lapso de 2019 el indicador había sido de 32,3%. Bajo la hipótesis de no existencia de políticas de transferencia de ingresos desde el Estado, la situación sería más grave: la pobreza habría trepado a niveles de 50,7% y 47,7%, respectivamente.

Más allá del mapa social actual, ¿qué factores condicionan las posibilidades de mejora en el mediano plazo? El trabajo mencionado señala que creció la cantidad de hogares con acceso a Internet. Sin embargo, Jésica Pla señala que hay dos cosas a tener en cuenta: una es que ese fenómeno es estructural y global; otra es que resulta interesante mirar la dimensión cualitativa, más allá de la cuantitativa.

“Hay hogares con acceso a Internet, pero quizá hay allí un único dispositivo y con pantalla pequeña, y varios chicos debían usarlo para tomar clases” durante la no presencialidad, advierte. El aspecto de la educación formal y la manera desigual en que los chicos pudieron acceder a clases es una cuestión central en materia de efectos de la cuarentena vinculados de alguna manera con la economía y, específicamente, con el empleo del futuro.

¿Hay una salida posible?

¿Cómo dar respuesta efectiva al enorme problema de la fragmentación laboral, vinculado con la existencia de sectores vulnerables, sumergidos muchas veces en la pobreza y en los que habita el alto riesgo de que esas condiciones se trasladen a las generaciones siguientes?

“Lo que más fomenta el empleo formal es la estabilidad económica –dice Poy, como puntapié inicial–; la inestabilidad llama a comportamientos cortoplacistas y de supervivencia. Las crisis cíclicas no son gratuitas, tienen varios costos”.

Lograda la estabilidad, aporta Salvia, si se consiguiera otra meta, la de duplicar la cantidad de micropymes (estima que hay unas 600.000) “habría entre 3 y 4 millones de nuevos empleos”. Pero, para eso, “se necesitarían nuevos marcos regulatorios, reformas que promuevan la actividad y mercados que hagan que esos negocios funcionen”, dice. Aun logrando eso, advierte el sociólogo, entre 3 y 4 millones de personas quedarían al margen del empleo formal y deberían ser asistidas.

La conclusión de Salvia es que ni siquiera con la mejor política posible se alcanzaría, a 5 o 10 años, el objetivo de incluir a todos en el segmento formal y con derechos. Pero, además, la mejor de las políticas requeriría algo difícil de visualizar con el ambiente político actual. “Hay que crear climas de negocios desde un Estado que cree incentivos de manera inteligente, y eso es complejo porque hay políticas nacionales, provinciales, municipales; no puede pensarse en algo enlatado para todo el país”, sostiene.

Si hay que asumir que una parte de la generación que hoy está en la etapa activa no podría incorporarse a la economía formal y con buenos ingresos (el trabajo en blanco no garantiza quedar al margen de la pobreza), ¿sí podría esperarse un escenario mejor para quienes vayan llegando luego a su edad activa? “Yo creo que es posible –dice Salvia–, si se tiene en cuenta que tenemos, como país, una ventana de oportunidad de 15 a 20 años, con varios sectores que podrían impactar, por su capacidad de generar divisas y recursos. Se necesita una fuerte inversión en capital humano, con escuelas de doble jornada en los sectores populares, con mayor desarrollo tecnológico e informático, con mejor salud, con una reforma educativa y con sindicatos que se plieguen a las reformas”. Por la parte negativa, agrega Poy, está la trayectoria argentina.

Los debates de fondo y los pactos estratégicos con involucramiento de diferentes dirigencias no han sido ni son, justamente, un punto fuerte en nuestra historia reciente y en nuestro presente. Por el contrario, ganan protagonismo políticas cortoplacistas, como las moratorias previsionales, que implican respuestas provisorias y generadores de inequidades, frente a un problema surgido de algo tan arraigado como la informalidad que, lejos de verse aliviada, gana espacio en la Argentina de la pospandemia.

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