¿Cambiamos o no? Un debate impositivo imprescindible

La Constitución Nacional regula de manera restrictiva las facultades del Congreso de la Nación para establecer impuestos directos, ya que son atribuciones propias de las provincias. También, para definir asignaciones específicas de tributos, es decir, que la recaudación de un determinado tributo en lugar de derivarse al sistema de coparticipación federal vaya a una finalidad determinada (por ejemplo, el financiamiento de la Anses).

Uno de los requisitos que fija la Constitución (no el único) es que la vigencia de estas normas esté establecida por un determinado período. Vencido ese plazo, si no media una nueva ley que los renueve, el impuesto o la asignación específica desaparece.

En este contexto, un hecho muy relevante es que a fin de este año vence la vigencia de una serie de impuestos directos (Ganancias, impuesto al cheque, Bienes Personales, monotributo) y una serie de asignaciones específicas que derivan la recaudación de algunos tributos en favor de la Anses.

Dada la magnitud de los ingresos públicos involucrados, resulta imprescindible que el tema sea tratado antes de fin de año. Dejar que estos impuestos y asignaciones específicas venzan por no haber sido renovados implicaría caer en enero próximo en un colapso financiero del gobierno nacional, de la Anses y de las provincias y sus municipios.

La prórroga y renovación comenzó a ser discutida la semana pasada en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Mientras el proyecto oficialista propone simplemente la prórroga, el bloque opositor de Juntos por el Cambio plantea, además, una serie de cambios en los impuestos. Pero ambos coinciden en llevar la vigencia de estos tributos hasta 2027.

Estrategias

La renovación de los impuestos directos y las asignaciones específicas debe ser abordada. Pero hay diferentes maneras de hacerlo. Una alternativa es que prevalezca una actitud conservadora, que apunte a darle continuidad al esquema vigente. Es lo que venimos haciendo desde hace décadas, con los resultados a la vista.

La otra es diagramar una estrategia que, con audacia y vocación transformadora, nos ayude a abordar exitosamente el desafío de impulsar un ordenamiento integral del sistema tributario. El plazo que se fije para las prórrogas de estos impuestos y asignaciones resulta decisivo en este sentido.

Las actuales condiciones políticas y económicas no dan para impulsar ninguna transformación de fondo. Lo más prudente es resignarse a darle continuidad al esquema vigente, debido a que nos irá peor si caemos en el colapso fiscal que provocaría no renovar estos impuestos y asignaciones específicas.

Pero de cara a diagramar los planes del gobierno que asumirá en diciembre del año próximo la perspectiva es totalmente diferente. Si el próximo gobierno aspira a ordenar integralmente el sistema tributario, el escenario institucional más favorable sería fijar que las prórrogas que vencen este año alcancen solo el año 2023, y no por cinco años, como es la tradición .

Bajo estas condiciones, el nuevo gobierno podrá plantearles el mismo día que asume a los legisladores, y especialmente a los gobernadores, que es imperiosa una transformación integral del sistema tributario.

Es la oportunidad para que la Nación y las provincias acuerden unificar impuestos (entre otros, el IVA con Ingresos Brutos) y una nueva distribución de potestades tributarias, de manera que no sea necesario un régimen de coparticipación de impuestos

Es la oportunidad para poner sobre la mesa un ordenamiento como el que desarrollamos en el libro Una vacuna contra la decadencia. Es decir que la Nación y las provincias acuerden unificar impuestos (entre otros, el IVA con Ingresos Brutos) y una nueva distribución de potestades tributarias, de manera que no sea necesario un régimen de coparticipación de impuestos.

La presión por negociar un nuevo sistema tributario estará dada porque, de lo contrario, a partir de 2024 se caerán impuestos y asignaciones específicas que llevarán al precipicio no solo a la Nación, sino también a las provincias y sus municipios.

Más posibilidades

Combinando la fortaleza de un nuevo gobierno con la necesidad del resto de los actores políticos relevantes de evitar el colapso aumentan las probabilidades de que se rompa con las perniciosas inercias que nos llevaron a la decadencia.

Obviamente que forzar a que el nuevo gobierno arranque con una transformación tan profunda requiere liderazgo, audacia y un esquema tributario muy bien diseñado. A su favor juega que se cuenta con más de un año para prepararse desde ahora.

Pero lo más importante es asumir que el camino alternativo es seguir solidificando el inmovilismo. Si ahora la oposición acompaña al oficialismo en prorrogar impuestos y asignaciones específicas por cinco años, al próximo gobierno le resultará muy cuesta arriba poner en agenda la transformación del sistema impositivo.

Si los impuestos y las asignaciones específicas siguen vigentes, aumenta la capacidad de resistencia de los que presionan para que nada cambie.

Por eso, lo que en estos momentos se discute en el Congreso es extremadamente importante para el país. No tanto por su incidencia en el presente, sino por la enorme trascendencia para el futuro.

¿La oposición está decidida a adoptar con seriedad y audacia una actitud transformadora? ¿O prefiere el camino cómodo y conservador de darles continuidad a los consensos equivocados que desde hace décadas sostienen un sistema tributario decadente?

Se trata de una encrucijada de relevancia estratégica que, en cierta medida, plantea que la decisión de si cambiamos o no cambiamos se comienza a tomar ahora, no con las elecciones del año próximo.

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