Cada $1000 que se quitan del subsidio al gas, el usuario pagaría entre $1300 y $1350 más

El Gobierno debe sostener el superávit financiero. Esa es la meta a la que apunta y que, desde el comienzo de la gestión, implicó recortar subsidios y aumentar tarifas de los servicios públicos. Entre los últimos anuncios en esa dirección, por ejemplo, se estipularon incrementos en las facturas del gas que van desde 250% hasta 450%. También la quita de subsidios a este sector es clave para fortalecer la recaudación impositiva, luego de que los datos de marzo arrojaran una caída del 16% interanual en términos reales.

Ya a principios de abril, además, se anunció, en conjunto con esos aumentos, que en mayo habrá otra fuerte suba en el precio del gas por la variación del costo de producción, que se encarece durante los meses de invierno, y ese valor se mantendrá desde el próximo mes hasta finales de septiembre.

Con estas medidas impactando directamente en las facturas del consumidor final, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) publicó un informe en el que analizó la recaudación adicional que representaría la quita de subsidios y los aumentos de tarifas, a la vez que evaluó cómo impactaría en las boletas.

Como explicó el instituto, la prestación de este servicio está sujeta a impuestos directos e indirectos en los tres niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal, por lo que, si se tienen en cuenta los impuestos indirectos, se puede medir la recaudación extra que el sector público obtendría al incrementar el valor neto del servicio al usuario final, hoy subsidiado por el gobierno nacional.

Según los cálculos del instituto que dirige el economista Nadin Argañaraz, por cada $1000 de quita de subsidios nacionales, la factura de gas aumenta $1350 en el interior del país y $1300 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Esta reducción de los subsidios, sumada al incremento en el valor neto del servicio (por el alza de tarifas), genera un efecto de “segunda vuelta”, que produce una mayor recaudación.

El informe explica: “Se ha comprobado que el impacto final neto en las arcas nacionales, provinciales y municipales de una reducción de subsidios al servicio de gas natural residencial es mayor al de una mera reducción de gasto público nacional”.

Cabe destacar que el ingreso recaudatorio presenta variaciones entre el interior del país y la CABA, ya que en el primer caso se pagan impuestos para los tres niveles de gobierno, mientras que en la Capital, solo para dos.

El Iaraf también compartió los datos específicos de cómo quedarían los ingresos extra para la Nación, provincias y municipios en cada caso: con la quita de $1000 de subsidios en el interior, Nación recaudaría $146 (42%), las provincias, $183 (52%), y los municipios, $21 (6%). Esto llevaría a un total para este ámbito de $350.

En la CABA, Nación obtendría ingresos extra de $146 (48%) y la Ciudad, $157 (52%), que sumarían, en conjunto, $303. Estos números significan, a su vez, que la incidencia tributaria indirecta en el interior representa el 35%, mientras que en CABA, es del 30%.

“Cuando se revisa la incidencia tributaria indirecta en el interior del país, la misma es del 35%. Esta carga es mayor dado que se paga un tributo provincial específico que pondera en el orden del 11% sobre la incidencia indirecta total. El IVA representa el 60%, Ingresos Brutos y el Fondo Fiduciario representan el 10% y el 11%, respectivamente. En la Capital Federal, el peso tributario sobre el valor neto del servicio, que depende del cargo fijo y del consumo por metros cúbicos, es del 30%. De la carga total, el IVA representa el 69%”, detalló el Iaraf.

El Gobierno busca alcanzar el equilibrio fiscal y cumplir con las metas fijadas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que planteó la necesidad de subir las tarifas de los servicios para quitarles peso a los subsidios en el resultado fiscal que acordó con el Gobierno.

Pero, cabe destacar, la quita de estos subsidios, tanto para el gas como para la energía eléctrica, dependerá de la próxima implementación de la canasta básica energética (CBE), mediante la cual se mantendrá la ayuda a los usuarios que superen en la factura un porcentaje determinado en la comparación con los ingresos de las personas miembros de un hogar.

Para esto se tendrá en cuenta el tamaño del hogar, y se observará la cantidad de personas que habitan en él, la biozona de residencia (que tendrá seis niveles e irá desde “muy cálida” hasta “muy fría”), y el consumo promedio de gas y electricidad en el mes en que se realice la medición.

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