Buscan modernizar la gestión del Estado mediante una ley

El Ministerio de Modernización prepara un nuevo proyecto de ley para presentarlo en el Congreso en 2018, con el que busca ordenar, entre otras cuestiones referidas a la gestión del empleo público, los números de las nóminas que pertenecen al Estado.

La cartera que comanda Andrés Ibarra tiene contabilizada la cantidad de personas que trabajan en el sector público nacional: 740.677 pertenecen a la administración central. Pero provincias y municipios no terminan de informar cuántos empleados tienen y cuál es su masa salarial. Se estima que, en total, hay alrededor de 3,5 millones de empleados públicos, pero esta cifra podría ser bastante mayor.

Estos y otros temas se tocaron anteayer durante la reunión del Consejo Federal de Modernización e Innovación Pública, en la Casa Rosada, con la presencia de Ibarra y representantes del área de Modernización de todas las provincias.

Los lineamientos principales que se van a presentar a consideración del Poder Legislativo tienen como objetivo "institucionalizar como política de Estado el proceso de modernización de la gestión pública", e incluye no sólo la gestión pública nacional, sino también la provincial y la municipal, a quienes el gobierno nacional "invitará" a adherirse a la ley en caso de que sea aprobada.

"¿Por qué queremos una ley de modernización?", se pregunta Ibarra, en diálogo con LA NACION: "Queremos que sea obligatoria la generación de información y el hecho de brindar esa información", dice. "Es un problema cuando hay datos de relativa veracidad. No todos tienen sistemas de gestión donde se incorporan las altas, las bajas, la movilidad. Se necesita un Estado que tenga estos sistemas de gestión para saber cuántos empleados trabajan, cuánto cobran, cuántos días de licencia tienen y qué tipo de licencias son, por ejemplo. En el Estado nacional estamos bastante bien, pero en las provincias hay de todo".

En Modernización aclaran que todavía hay un abismo entre la gestión de la provincia de Buenos Aires o Córdoba, por ejemplo, y otras provincias. "Hay municipios que ni siquiera tienen una computadora", agrega. Se trata, según se esboza en los objetivos del proyecto de ley de modernización del Estado, de implementar las "herramientas tecnológicas y de gestión que den respuesta eficiente y eficaz a las necesidades, derechos y obligaciones de las personas".

Detalles

Tres ejes fundamentales componen la propuesta contenida en la nueva ley para modernizar al Estado:

1-Gobierno digital y modernización administrativa: busca incorporar nuevas tecnologías a los procesos administrativos del Estado, a través de sistemas electrónicos de gestión. "Este año, por ejemplo, se capacitaron 120.000 empleados públicos en la gestión y manejo de expedientes electrónicos", dice Ibarra.

En este punto se hace también referencia a mejorar la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos para "fomentar la universalidad de los servicios digitales públicos", con servicios inclusivos (Wi-Fi público y gratuito en las plazas, por ejemplo, y puntos digitales en comunidades vulnerables para la capacitación en tecnología).

Propone también la participación ciudadana en la elaboración de políticas públicas y, como método para mejorar la transparencia, sistemas electrónicos de compras y contrataciones públicas.

2-Empleo público: este punto habla de "mecanismos de selección transparentes, promoción de la carrera pública mediante el mérito, la evaluación de desempeño y la capacitación constante". Aquí, un punto clave: "Información sobre empleo público con datos adecuados y comparables a nivel nacional". La política salarial, quizá la más asociada a la gestión de empresas, "considerará rubros salariales asociados a la productividad y cumplimiento de objetivos", dice el proyecto. También hace referencia a "estructuras y dotaciones adecuadas a las necesidades de gestión".

3-Intercambio de información, servicios compartidos y seguridad: este punto habla de implementar en todo el territorio nacional servicios digitales de calidad, además de garantizar la "interoperabilidad entre las administraciones públicas, generando intercambio y colaboración mutua".

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