Buenos Aires extendió 19 veces la negociación por la deuda y se expone a los costos de un largo default

La provincia de Buenos Aires está en un “evento de default” desde el 14 de mayo de 2020. Ese día, el gobierno de Axel Kicillof debía hacer frente a un vencimiento de US$115 millones, pero decidió no pagar, ya que en paralelo se había comenzado a negociar la reestructuración del total de deuda bajo legislación extranjera, que son US$7148 millones.

Más de un año después, las negociaciones siguen y la provincia extendió 19 veces el plazo para negociar, pero no porque haya desacuerdos económicos. Los acreedores acusan a la provincia de no tener “voluntad política” de arreglar.

Buenos Aires, La Rioja (US$300 millones) y Tierra del Fuego (US$170 millones) son las únicas tres provincias que siguen sin acordar sus obligaciones con los acreedores internacionales. Mendoza (US$590 millones), Chubut (US$650 millones), Neuquén (US$694 millones), Córdoba (US$1685 millones), Salta (US$383 millones), Chaco (US$250 millones) y Río Negro (US$300 millones) ya lo hicieron.

“El gobierno de Kicillof y los acreedores están muy cerca de arreglar si se analizan las propuestas económicas. Las ofertas son muy parecidas. Pero los mismos bonistas dicen que están convencidos de que el motivo por el cual no arreglan, no es económico, sino político”, dice Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors LLC.

La última propuesta oficial que hizo Kicillof fue el 24 de abril de 2020, aunque a partir de ahí hubo otras ofertas informales que hicieron reducir las diferencias entre las partes. La última propuesta de la provincia representa un valor presente neto de US$76,1, con un rendimiento de salida del 10% (exit yield), que es mucho mejor a los US$49 que habían ofrecido en abril.

Los bonistas, en tanto, piden US$79,3. Si se analizan ambas propuestas con un rendimiento de salida del 17,5%, más cercano al riesgo país actual, la diferencia se reduce a 2,6 dólares (US$46,5 de la provincia de Buenos Aires frente a US$49,1 de los tenedores de bonos), según un informe privado al que accedió LA NACION.

Kicillof no tiene incentivos de corto plazo para llegar a un acuerdo: con el riesgo país en niveles cercanos a 1600 puntos, por más que la provincia logre una reestructuración, no va a poder salir al mercado de capitales internacionales en busca de financiamiento. Y de esta manera, sin acordar, se ahorra cualquier pago que tenga que hacer este año, que podría ser de entre $20.000 millones o hasta US$650 millones.

A mediano y largo plazo, sin embargo, no arreglar sí tendría un costo, sobre todo reputacional. Además, en paralelo avanza en Nueva York, todavía a un ritmo lento, las conversaciones para que los acreedores se unan en una demanda contra el gobierno bonaerense para acelerar el default.

“Kicillof no es una persona que haya sido flexible al negociar con multinacionales y acreedores internacionales. Lo vimos con la estatización de YPF y con las negociaciones con el Club de París, los holdouts y ahora con la deuda. Es bueno para quienes quieren ser bastantes inflexibles y lo aplauden, pero para la apertura internacional y el ingreso de inversores extranjeros en la economía local no es bueno”, analiza Maril.

El economista señala que litigar en el exterior tiene tres costos para Buenos Aires. En primer lugar, por las leyes del estado de Nueva York, todo juicio abierto acumula intereses del 9% sobre el monto que se dejó de pagar, que es menor al 17% al que se debería endeudar hoy la provincia si quisiera cancelar toda la deuda con los bonistas. Los otros costos asociados son los legales y lo que se perdería Buenos Aires en cuanto a inversores internacionales por estar en default.

“En 2014, cuando Kicillof era ministro de Economía, decidió no acatar al juez Thomas Griesa, optó por litigar y no arreglar con los holdouts. Las puertas estaban cerradas al crédito internacional, los bonos rendían con dos dígitos igual que ahora, el riesgo país era alto y también estaba el kichrnerismo en el poder. La estrategia de Kicillof no fue tan mal en general al final. Acumuló intereses al 9% y después, cuando llegó Macri al gobierno, liberó el cepo e hizo bajar el riesgo país, lo que le permitió emitir US$14.000 millones al 7% y pagar de manera más económica”, dice Maril.

“No sabemos si pasará eso, pero no se descarta que se siga peleando dos o tres años, de manera de ganar tiempo, usar el dinero para planes sociales o para ayudar al crecimiento de la economía. Kicillof ha demostrado que es difícil para negociar, no le gusta y no le quiere dar la razón o plata a los buitres, según sus expresiones. Es un tema más político también de no parecer que dio el brazo a torcer en la tapa de los diarios”, agrega el economista.

Gabriel Caamaño, economista de Ledesma, remarca que Kicillof quedó negociando en solitario, a diferencia del resto de los gobernadores que tenían deudas importantes. “La mayoría de las provincias ya cerraron sus reestructuraciones, consiguieron alargar los plazos y bajar cupones. Queda más expuesta su impericia y el costo reputacional de él como gobernador. Igualmente, por más que la provincia despeje su panorama financiero, luego faltará saber el programa económico, que es lo que le pasó a Nación: resolvió el frente financiero, pero nada de todo el resto”, concluyó.

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