Bronca empresaria: duras críticas al adelanto compulsivo de Ganancias dispuesto por la AFIP

No por nada, el ministro de Economía, Sergio Massa, hizo ayer un mea culpa ante empresarios en el Consejo de las Américas. Probablemente, veía venir la marea. La Unión Industrial Argentina (UIA) cuestionó con dureza la decisión de la AFIP de modificar compulsivamente los adelantos de Ganancias a grandes empresas para este año. No fueron los únicos. En la misma línea se sumaron sendos comunicados del Foro de Convergencia Empresarial y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, que observaron con “preocupación” lo establecido por el organismo.

“La recuperación económica de nuestro país debe necesariamente surgir del desarrollo productivo con generación de empleo formal. Los incrementos de la presión tributaria y/o de la carga financiera y la falta de financiamiento al sector productivo dificultan el cumplimiento de este objetivo”, señaló un informe de la UIA enviado a sus socios.

El Gobierno había indicado que buscaba recaudar unos $200.000 millones extra -número similar a lo que logró con el “impuesto a la riqueza”- con esta medida y había dicho que afectaría a unas 1911 empresas.

La entidad fabril cuestionó la RG 5248/2022 publicada tres días atrás, por la que la AFIP estableció un anticipo adicional de Impuesto a las Ganancias para empresas que cumplan determinados requisitos: será del 25% del impuesto del año anterior o del 15% del resultado impositivo en caso de que no haya habido impuesto a pagar. Abarca a empresas que hayan tenido impuesto a pagar igual o mayor a $100 millones o resultado impositivo antes de quebrantos mayores a $300 millones.

La UIA señaló que “la medida compromete y abarca a muchas empresas medianas del sector industrial”, y dio números al respecto. Considerando las escalas de facturación para ser considerada mediana empresa en el sector industrial (hasta $7.046.710.000 se considera mediana tramo II), solo con presentar 5% de rentabilidad antes de impuestos sobre facturación, una empresa mediana tramo II quedaría abarcada por la medida (superaría los $300 millones). “Así, el universo de empresas industriales alcanzado representa el 54% del empleo formal y el 70% de la masa salarial. A su vez, el universo de empresas alcanzadas llega a cerca del 84% del total de exportaciones”, criticaron los técnicos de la entidad.

“El anticipo extraordinario del impuesto a las ganancias tendrá un doble efecto negativo sobre el sector productivo y el conjunto de la sociedad: por un lado, profundiza la falta de previsibilidad necesaria para la recuperación de la economía. Por el otro, incrementa el costo financiero del sector productivo, en un contexto de grandes dificultades para obtener recursos que permitan financiar proyectos productivos”, indicó el informe para los socios industriales, que agregó que la resolución oficial compromete la situación a futuro, ya que adelanta recursos que se obtendrían a mediados de 2023 y que, de implementarse esta medida, no se percibirán el año que viene, lo que, a su vez, genera un nuevo “factor de imprevisibilidad respecto a los mecanismos que se diseñarán a futuro” para recaudar más impuestos.

Quejas del Foro de Convergencia Empresarial y de la CAC

En sintonía con la UIA, el Foro de Convergencia Empresarial y la CAC también expresaron cuestionamientos con relación a la RG 5248/2022. “En la práctica esto implica que, una vez más en nuestro país, se vuelve a recurrir al aumento de la presión tributaria sobre los contribuyentes en lugar de racionalizar el gasto público. Dicha decisión, además, afecta el capital de trabajo de las empresas -ya que obliga a adelantar pagos no programados- en un contexto económico de altas tasas de interés y escasez del crédito a largo plazo y no toma en cuenta que las empresas afectadas pudieran haber experimentado quebrantes impositivos en años anteriores”, sentenció la primera agrupación empresaria.

Además, observó que el nuevo Consenso Fiscal “adopta el camino inverso del que se firmó en 2017, que fue un convenio en el cual las provincias se comprometían a bajar gradualmente algunos impuestos distorsivos sobre la economía, e incluso acordaron que algunas actividades pasarían a estar exentas para 2022. Pero, en la práctica, sólo estuvo vigente durante 2018″.

Por su parte, desde la CAC manifestaron “preocupación” por la Resolución de la AFIP al considerar que “los montos establecidos para encuadrar en la obligación de ingresar el anticipo adicional (de $ 100 millones de impuesto o $ 300 millones de resultado impositivo) no involucran a un pequeño grupo de grandes empresas, sino que afectarán a numerosas firmas, incluyendo al segmento PyME, en un contexto económico financiero especialmente complicado”.

Tras ello agregaron: “La exacción que establece la norma se agrava aún más al no considerar el cómputo de quebrantos de ejercicios anteriores ni permitir la reducción o anulación del anticipo adicional ante la estimación de menores o nulos resultados en el ejercicio en curso. Esto hace que la norma no considere la existencia de capacidad contributiva, deviniendo en exceso de las facultades que la ley otorga a la AFIP, toda vez que pierde la naturaleza de anticipo del tributo que se deberá pagar por el ejercicio para convertirse en un empréstito forzoso y gratuito. Esta situación lo convierte eventualmente en inconstitucional ante la vulneración de los principios de capacidad contributiva y derecho de propiedad, e innominado de razonabilidad que exige la Constitución Nacional a toda norma de carácter tributario”.

En línea con el Foro de Convergencia Empresarial, la cámara de Comercio destacó que al planteado escenario debe sumarse que “constituye, por el efecto del proceso inflacionario y su aplicación actual una utilización de recursos propios de próximos ejercicios, alterando, en la práctica, la legislación en materia presupuestaria”.

Y recalcó: “Asimismo, se insiste en poner la totalidad del ajuste que requiere la economía nacional en cabeza del sector privado, en este caso vía un virtual empréstito gratuito para determinados contribuyentes que disminuirá su capacidad de producir, invertir y dar empleo. Vale agregar que todo lo anterior se ve agravado por lo imprevisto de la modificación, que parece no tener en cuenta que las empresas presupuestan su actividad y su flujo de fondos, los que se ven drásticamente alterados por la obligación de ingresar el anticipo adicional”.

Más incertidumbre

“Un nuevo cambio en las reglas del juego del impuesto a las ganancias agudiza la incertidumbre y afecta la previsibilidad que necesita el sector productivo: sería la quinta modificación relevante del impuesto a las ganancias de empresas en los últimos 10 años, y la segunda en un año”, aseveró la entidad que dirige Daniel Funes de Rioja.

Según el Iaraf, el nuevo anticipo del impuesto a las ganancias recaudaría $250.000 millones en 2022: $100.000 millones para el tesoro nacional y $150.000 millones para las provincias y CABA. “En 2023 se va a pagar menos saldo de ganancias, lo que implica que se está adelantando financiamiento”, estimó el informe de Andrés Mir y María José Nieto.

De acuerdo a la UIA, la medida duplicará los anticipos que las empresas tendrán que pagar en tres de los 10 meses. “Cómo se pagará 25% en tres cuotas, para aquellas empresas con cierre en diciembre, por ejemplo, implica duplicar los anticipos que iban a pagar en octubre, noviembre y diciembre de este año (ya tenían un 8,33% y ahora adicionan otro porcentaje igual). En caso de que no les correspondía pagar anticipos, deberán ahora enfrentar pagos por el 5% de su resultado impositivo en cada uno de esos 3 meses”, cuestionaron los economistas de la UIA.

Por otro lado, la entidad fabril aseguró que se afectará el capital de trabajo de las empresas, en un contexto de falta de financiamiento y suba de tasas de interés. Además: “Aquellas empresas que hayan invertido en el país verán comprometida su situación debido a que a esta altura del año, las empresas ya han organizado el flujo de su caja y tienen pagos comprometidos, por lo que una modificación en los anticipos de Ganancias en muchos casos generaría demoras en los pagos a proveedores o dificultades para afrontar pagos de deuda existentes”.

“Como no se computarán los quebrantos que hayan tenido las empresas, no solo obligará a pagar anticipos a empresas que de otro modo no les correspondía, sino que podrá ocurrir que el anticipo lo paguen empresas que luego no tengan impuesto a pagar por el período en cuestión”, cuestionaron en la Unión Industrial, y agregaron que, al no poder compensar la obligación con saldos a favor existentes, ni solicitar la reducción de este nuevo anticipo, “no solo se vulneran derechos de las empresas, sino que no se contempla la posibilidad de que las empresas atenúen el perjuicio de una obligación que no concuerde con su capacidad económica”.

“Como adelantó la semana pasada el titular de AFIP, Carlos Castagneto, la UIA fue invitada a una reunión para poder explicarles los alcances de esta Resolución General y su implementación”, dijeron en la agencia ante la consulta de LA NACION. “Habíamos concretado el encuentro para el miércoles a las 16, pero nos la pasaron para la otra semana. Estamos abiertos al diálogo y a encontrarnos las veces que haga falta con todas las entidades”, agregaron.

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