Bono de $24.000: otra entidad pidió que se contemplen excepciones porque hay pymes que no pueden pagar

La Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (Camima) le envió una carta a la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, solicitándole que “se revea, en carácter de urgente, los alcances del decreto” 841/2022. Allí se estableció el pago de un bono de hasta $24.000 para trabajadores con salarios netos inferiores a los $185.859, a fin de contemplar casos particulares en que los empresarios pymes no pueden afrontar ese costo.

“Desde Camima, como representante de las pymes metalúrgicas nacionales caracterizadas por ser de mano de obra intensiva, queremos manifestarle los importantes inconvenientes económicos y financieros que nos produce dicha medida unilateral, llevando a muchas pymes a no poder afrontar el mismo, con las consecuencias laborales que podrá entender”, comienza la misiva que lleva la firma de José Luis Ammaturo, presidente de la entidad.

Según el dirigente empresario, “esta medida imprevista (al igual que uno de los feriados) se estableció en un mes de grandes erogaciones” para las pymes que “deben afrontar sueldos, aguinaldos, vacaciones, además de soportar en particular la carga de cuatro feriados en el mes sin poder producir”.

“Las pymes metalúrgicas entienden perfectamente las necesidades de sus empleados ante una economía que les hace perder el poder adquisitivo de sus salarios en forma constante, sabiendo además que un bono no soluciona la economía de sus trabajadores y sí complica financieramente a las empresas, principalmente a las pymes, es por ello -agregan- que Camima y el resto de las cámaras metalúrgicas acabamos de firmar (simultáneamente al dictado del DNU 841/2022), acuerdos en el marco de las paritarias”. Los empresarios metalúrgicos acordaron con la UOM y con ASIMRA un aumento de salarios anual del 110% para el período abril 2022 a marzo 2023.

“La industria metalúrgica cuenta con convenios colectivos en plena vigencia, acuerdos que son fruto del consenso entre trabajadores y empresarios. Las negociaciones paritarias han funcionado como un mecanismo eficaz para dar respuesta al problema de la inflación. La metodología dispuesta por el Gobierno afecta esa dinámica de recomposición del poder adquisitivo de los salarios, generando distorsiones e imprevisibilidad al funcionamiento de uno de los activos más importantes de trabajadores y empresarios industriales como son las paritarias”, cuestiona la carta de Camima a Olmos.

Para la cámara, el decreto del Gobierno “interfiere con acuerdos existentes” porque “hace responsable del pago de un bono a empresarios pymes, que no son los culpables de la inflación, solo sufren sus consecuencias, al igual que los trabajadores”.

“Solicitamos se revea en carácter de urgente los alcances de este decreto con el fin de contemplar los casos particulares que hemos señalado, en pos de una buena relación entre trabajadores y empleadores, evitando situaciones críticas, económicas y financieras de las empresas, que lamentablemente tarde o temprano se reflejará en las relaciones laborales”, finaliza el escrito.

La semana pasada varias entidades se manifestaron en contra de la medida. El lunes fue el caso de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) que le pidió al ministro de Economía, Sergio Massa, que se prorrogue y el miércoles se sumó la Confederación de Pymes Constructoras que le mandó una carta a la ministra de Trabajo, Kelly Olmos. Allí planteó la imposibilidad de cumplimiento material y objetiva de la retribución no remunerativa “por ser arbitraria y, por ende, ilegítima”.

En tanto, el jueves se conoció que la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Aclisa) presentó una acción de amparo en contra del Estado por el decreto y solicitó una medida cautelar para que el DNU no se aplique para la entidad. El escrito recayó en el juzgado federal N°1 de Córdoba. Antes, la Federación Económica de Santa Cruz también había recurrido a la Justicia, pero el amparo fue rechazado por la justicia federal de Río Gallegos.

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