Blanqueo de capitales. El trasfondo de una medida polémica que todos usan
LA NACIONEsteban Lafuente
La Argentina recuperó la democracia en 1983. Desde ese momento hasta ahora pasaron más de 36 años y cinco blanqueos de capitales. Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Cristina Kirchner en dos ocasiones y Mauricio Macri impulsaron, cada uno a su turno, un régimen de sinceramiento fiscal para dinero o bienes no declarados, tanto en el país como en el exterior.
Incrementar la base imponible, elevar la recaudación y estimular el ingreso de dólares al país son algunos de los motivos que llevaron a cada gobierno a impulsar este tipo de iniciativas, que no estuvieron exentas de controversias y que arrojaron resultados diversos. Ahora Alberto Fernández analiza, a poco más de siete meses de su llegada a la Casa Rosada, impulsar su propio blanqueo. A continuación, el detalle de las condiciones y los resultados de los últimos cinco que tuvo el país.
Raúl Alfonsín
Lo impulsó el Gobierno en 1987 y se llamó "Régimen de Normalización de Impuestos". Fue un recurso al que se apeló en un contexto de dificultades económicas y un balance de las cuentas públicas en lento deterioro luego del éxito inicial del Plan Austral de 1985.
La iniciativa buscó repatriar capitales para, en ese proceso, incrementar los recursos disponibles y apuntalar la recaudación. Ese primer blanqueo de capitales desde el regreso de la democracia se aprobó en febrero de 1987, mediante la ley 23.495, y apuntaba a la normalización del impuesto a las Ganancias, sobre los capitales y al patrimonio neto, entre otros.
La intención oficial era destinar los capitales que ingresaran al Banco Hipotecario, que en aquellos años era totalmente estatal.
Como incentivo a la participación, el artículo 17 de esa ley establecía que quienes ingresaran al blanqueo y normalizaran "en tiempo y forma la situación tributaria de acuerdo con el presente régimen" gozarían del beneficio de "no estar obligados, a los efectos exclusivamente tributarios, a declarar el origen o fuente de las ganancias o beneficios normalizados" y quedaban, a su vez, "liberados de toda acción civil, comercial, penal, administrativa y profesional" que pudiera corresponder por esas "transgresiones tributarias".
Carlos Menem
Fue lanzado en 1992 por iniciativa del entonces ministro Domingo Cavallo, en una medida que acompañó el inicio de la Convertibilidad. Establecía la posibilidad de blanquear capitales no declarados y presentes en el exterior en un plazo de cuatro años (con costo creciente a medida que se extendiera el plazo de ingreso). Además, permitía blanquear ahorro en divisas disponibles en el país para montos inferiores a los US$500.000 (equivalentes a 500.000 pesos).
El esquema establecía una sucesión de alícuotas de penalidad creciente: era del 1% en el primer año, y luego se incrementaba 0,5 puntos porcentuales hasta llegar al 2,5% en el cuarto año.
La iniciativa se aprobó mediante la ley 24.073 que el Congreso sancionó en abril de 1992. Esa normativa, que se llamó "Modificación del Impuesto a las Ganancias. Impuesto sobre los Activos. Exteriorización de la Tenencia de la Moneda Extranjera, Divisas y demás bienes en el exterior" rigió hasta 1994. Al igual que en el blanqueo anterior, no se exigía al contribuyente declarar el origen de sus fondos. Tampoco la fecha de compra de esos bienes a exteriorizar.
"Tráigala de vuelta... y póngala a producir", decía un aviso publicitario que el Gobierno pautó en diarios de la época para dar a conocer su iniciativa. "En esta forma, usted invertirá legalmente esos fondos hasta ahora ocultos, regularizando plenamente su situación impositiva", agregaba el aviso.
El Gobierno dispuso que los fondos en moneda extranjera obtenidos por el blanqueo se depositaran en el Banco Nación (o alguna otra entidad financiera que adhiriera a la iniciativa) por un plazo mínimo de 180 días, a fin de capitalizar a la entidad para entregar créditos destinados a fomentar la actividad productiva. Estuvo vigente hasta 1994.
El primero de Cristina Kirchner
Su gobierno tuvo dos blanqueos, con magros resultados. El primero fue impulsado a fines de 2008, luego del conflicto con el campo. Ese año, la economía creció un 4%, pero luego tuvo un desplome del 6% en 2009 (según la revisión de la serie del Indec, ya que el dato original marcaba una suba del 0,1%).
El blanqueo de 2009 fue una de las iniciativas que el Gobierno lanzó para intentar dinamizar la actividad económica, junto a una moratoria impositiva y una regularización laboral. Fue sancionado con la ley 26.476, llamada "Régimen de regularización impositiva, promoción y protección del empleo registrado, exteriorización y repatriación de capitales.", promulgada en diciembre de 2008 –el debate en diputados duró más de 10 horas- y reglamentada en febrero de 2009.
Entre otros legisladores que se opusieron a aquel blanqueo se encuentran Felipe Solá, hoy Canciller; Victoria Donda, titular del Inadi; y Vilma Ibarra, actual secretaria de Legal y Técnica de la Nación, quienes integraban el bloque de Encuentro Social y Popular. También rechazaron la medida los entonces diputados Patricia Bullrich y Federico Pinedo, entre otros.
Ese proyecto estableció que la penalidad para blanquear fondos sin repatriarlos era del 8%, mientras que la penalidad era del 6% si se traían los bienes al país. El incentivo era que el dinero se destinara a inversiones: el blanqueo imponía una alícuotas decrecientes si los fondos se destinaban a la compra de títulos públicos (3%) –subía al 5% si esa inversión se realizaba en un plazo mayor a los tres meses- o a inversiones inmobiliarias, industriales o agropecuarias (1%).
Según datos oficiales, en ese blanqueo ingresaron $18.113 millones, equivalentes a US$4700 millones, pero no logró su misión principal: únicamente el 4,3% de esos fondos estaban fuera del país. En ese momento, se estimaba que los argentinos tenían en el exterior sin declarar alrededor US$150.000 millones entre bienes y dinero. Por esa operación, la AFIP recaudó US$280 millones.
El segundo de Cristina Kirchner
El escenario económico era diferente. En 2012 ya se había aplicado el cepo cambiario para limitar la salida de divisas y frenar la caída en las reservas del Banco Central. En ese escenario, el Gobierno avanzó en un nuevo blanqueo para intentar repatriar dólares al país.
Así, la Casa Rosada, que ahora contaba con mayoría en el Congreso, impulsó la ley 26.860, sancionada en mayo de 2013 con el nombre "Exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior".
Como su nombre lo indica, este blanqueo apuntaba únicamente a dinero líquido. El objetivo oficial era ingresar al menos US$4000 millones, mientras que se estimaba que los argentinos tenían bienes y dinero sin declarar en el exterior por más de US$160.000 millones.
En el artículo 14, a su vez, este blanqueo dispuso que las entidades financieras o contadores no estarían liberados de las obligaciones vinculadas a la prevención de "operaciones de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo u otros delitos", excepto de la figura de evasión tributaria.
La iniciativa intentó vincularse con la reactivación de la construcción y el mercado inmobiliario. Los contribuyentes que ingresaran al blanqueo podrían hacerlo a través de instrumentos financieros entre los que se destacaba el Cedin (Certificado de Depósito para la Inversión Inmobiliaria), un documento nominado en dólares diseñado para ser utilizado en operaciones como la compra y venta de inmuebles.
Inicialmente, el plazo del blanqueo iba a estar abierto hasta el 1 de octubre de 2013, pero luego fue sucesivamente extendido para intentar sumar a más contribuyentes. La operación no tuvo el éxito esperado: al cabo de su primera prórroga, a fines de ese año, se habían suscripto US$512 millones en los instrumentos del blanqueo, y solo US$40 millones eran fondos repatriados.
"No dio el resultado que esperábamos", dijo en septiembre el entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. En total, el segundo blanqueo del kirchnerismo logró captar US$2600 millones.
Mauricio Macri
El quinto blanqueo desde el regreso de la democracia llegó de la mano de Cambiemos y resultó el que más fondos logró captar. El gobierno lo impulsó en 2016, luego de la salida del cepo cambiario, y finalmente fue aprobada por el Congreso. Se concretó en julio de ese año mediante la ley 27.260, que también estableció la llamada Reparación Histórica para los jubilados, en juicio con el estado por el cálculo de sus haberes.
El proyecto del Gobierno alcanzaba no solo a dinero en efectivo, sino a cualquier otro tipo de bienes sin declarar en el exterior o en el país. Comprendía propiedades, instrumentos financieros, títulos de deuda y acciones, entre otros.
Los costos eran crecientes según los montos. La alícuota para blanquear hasta $ 305.000 era del 0% y subía al 5% para montos hasta $ 800.000. Para bienes por encima de esa marca, se pagaba un 5% para inmuebles, un 10% para el resto (hasta el 31 de diciembre de 2016) y un 15% desde enero hasta marzo de 2017. La alícuota bajaba si se realizaba mediante la entrega de bonos públicos. Además, se podía evitar el pago de este impuesto especial si se adquirían bonos del Estado (intransferibles y no negociables), o se suscribían fondos comunes de inversión a cinco años para proyectos inmobiliarios o productivos.
Una de las grandes discusiones en torno de este blanqueo se dio por quienes estaban autorizados a ingresar. La ley se aprobó en julio, pero en noviembre, mediante un decreto, el presidente Mauricio Macri modificó los términos de esa normativa y permitió que los familiares de funcionarios pudieran entrar al régimen, siempre que pudieran acreditar que esos bienes "se encontraban incorporados en su patrimonio con anterioridad" a que sus familiares se desempeñaran en la función pública. Producto de este cambio, Gianfranco Macri, hermano del entonces presidente, pudo blanquear más de $63,5 millones, según declaró ante la AFIP.
Oficialmente, el Gobierno aspiraba a captar US$20.000 millones, aunque puertas adentro reconocían que las expectativas marcaban un piso de US$60.000 millones. Finalmente, el volumen de bienes blanqueados llegó a US$116.800 millones (un monto que equivalía al 20% del PBI), según datos oficiales de la AFIP. El proceso aportó $148.600 millones de recaudación.
Este blanqueo fue el más cuantioso a nivel mundial si se cotejan los fondos blanqueados en relación con la recaudación y al PBI de cada país, y el segundo en cantidad de capitales captados detrás de Indonesia, que reunió US$330.000 en una operación de estas características.
Otro de los factores que impulsó el blanqueo macrista fue la extensión de acuerdos de intercambio automático de información financiera y tributaria entre más de 100 países. Se trata de convenios firmados e impulsados bajo iniciativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que en muchos casos entraron en vigencia en 2018 y 2019, e involucraban a "paraísos fiscales" como islas Seychelles, Panamá o Luxemburgo.
Por Esteban Lafuente
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