BID, otra quiebra bancaria irresuelta

Angel Fernando Girardi, abogado y ex juez santafecino, tiene dos condiciones sobresalientes para su forma de enfrentar la vida: confía en la Justicia y persiste en la búsqueda de la verdad cueste lo que cueste.

Ambas cualidades se presentan como imprescindibles si se piensa en los objetivos que hoy más desvelan a Girardi en su cáracter de ahorrista damnificado por el proceso fraudulento que llevó a la quiebra al Banco Integrado Departamental.

"La cuestión inicial -dice- pasa por encontrar una solución judicial y legal que le permita a decenas de miles de ahorristas recuperar sus ahorros de toda una vida. Mi segundo compromiso es el de llevar ante la Justicia para que queden procesados y presos, a todos los responsables del Estado y privados que contribuyeron al despojo de nuestros depósitos."

El despojo mencionado cuya historia judicial comienza con una suspensión del Banco Central en abril de 1995 y posterior proceso de quiebra un año después, o "la estafa más grande desde el tequila" según Matilde Sermonetta, presidenta del comité de acreedores del BID, tiene datos y cifras elocuentes. Unos 900 millones de dólares en juego, muchos de ellos desaparecidos en maniobras o fraudes contables, unos 2300 trabajadores desocupados y unos 73.000 ahorristas damnificados ocupan sólo un renglón de esa historia negra para los santafecinos, tristemente similar a otras más recientes.

Como en el caso del Banco de Crédito Provincial de los Trusso, créditos fantasmas, otros altamente irregulares, préstamos a empresas vinculadas con las autoridades o gerentes de la entidad, o simplemente decisiones de gestión ineficientes, irresponsables o ilegales, forman parte de la letra menuda que los perjudicados no quieren ni pueden olvidar.

Cuando se acercan los tres años desde el comienzo de este sonado escándalo, y poco más de un año desde que se resolvió la quiebra y la detención de los que fueran presidente, Miguel Arduino, y gerente general, Roberto Cataldi, poco está firme y en tren de hacerse justicia.

Una primera expectativa favorable parece abrirse ahora para los ahorristas, a partir de la reciente sentencia de la Cámara de Apelaciones de Venado Tuerto dejando firme la sentencia de quiebra del ex BID. "Esta decisión judicial abre la posibilidad de resolver un programa de liquidación de bienes porque la quiebra está firme", explica el síndico designado por la Justicia, Juan Arnaldo Venturini.

A pesar que aún resta un pedido de inconstitucionalidad presentado por los demandados ante la Corte Suprema de Santa Fe, Venturini es optimista. "Creemos que se puede hacer un programa con pautas concretas para liquidar bienes y recuperar créditos existentes al momento de suspensión de la entidad", explica, e informa que 380 millones es el monto contable al momento de la quiebra que reclaman los ahorristas, "más otros 30 millones de casi imposible verificación".

Los damnificados tendrían en realidad otra alternativa a mano. Un proyecto legislativo del senador justicialista Alberto Máximo Tell que autoriza al Banco Nación a pagar con títulos públicos a los ahorristas, tomando como garantía los activos de la institución. "Queremos ver la viabilidad económica de ese proyecto, pero no nos hemos podido reunir con el senador Tell", dice cautelosa Sermonetta.

La otra historia, la de las responsabilidades en el vaciamiento de esta entidad crediticia que a fines del 94 estaba entre las primeras veinte del ranking, es más difusa y se pierde en el lodazal de las grandes causas judiciales de este país, con muchos expedientes y actuaciones, pero con casi ningún responsable, apenas se ha empezado a investigar.

Para Sermonetta, las autoridades estatutarias, especialmente el presidente Miguel Arduino, el gerente general Roberto Cataldi, y los síndicos del ex BID están en el primer renglón de las responsabilidades.

Pero la conducción del Banco Central de entonces, Roque Fernández, Pedro Pou y Eugenio Pendás, "también tienen una responsabilidad insoslayable", dice la representante de los damnificados.

"¿No eran ellos los tuteladores del sistema financiero?, ¿no eran los que nos aseguraban que estaban encargados de preservar el destino de nuestros ahorros, ¿no eran los que tendrían que haber tomado medidas cautelares indispensables, sobre todo cuando ya habían suspendido al banco en su funcionamiento y dejaron las mismas autoridades culpables del desastre para que terminaran de vaciarlo durante casi un año?", pregunta.

Girardi se suma a las críticas

"Las autoridades del BCRA tenían una doble responsabilidad. Primero por no cumplir con su función de contror de bancos, y segundo, por dejar al frente de la entidad al gerente Cataldi cuando ya se sabía de sus maniobras fraudulentas".

El ex juez junta paciencia y promete. "Después de resolver la cuestión de los fondos iniciaré acciones judiciales sobre estas responsabilidades." Sólo dos responsables, los nombrados Arduino y Cataldi están presos.

"En realidad, Cataldi está internado en un sanatario rosarino, y hasta hay quienes dicen que se lo ha visto por Buenos Aires", remarca implacable y con muchas suspicacias la responsable del comité de acreedores del ex BID. "Resolver este caso, no sólo cumpliendo con las exigencias de los ahorristas, sino judicial y legalmente, es también parte importante de lo que puede significar la gobernabilidad que todos queremos", dice Sermonetta.

Ella, como los miles de ahorristas que confiaron en el sistema financiero y legal de este país, no quiere cerrar nada, y quizás por el contrario quieren dejar todo más abierto, en este increíble reino de la impunidad que siempre encuentra nuevas fuentes para nutrirse.

Debe curarse en salud

El jueves 21 de agosto último, unos diez días después de las denuncias periodísticas sobre operaciones irregulares de la conducción del Banco de Crédito Provincial (BCP), el Banco Central resolvió suspender a esa entidad platense "a pedido de los accionistas". Desde entonces unos 82.000 ahorristas quedaron presos de una verdadera pesadilla que sumió en una aguda recesión a la economía regional, muy relacionada con el BCP. Sus complicaciones aún no terminaron.

El BCP dejará de existir el 22 del actual, cuando se firmen los contratos de transferencia con el grupo de ex grandes ahorristas que ahora pasarán a regir sus destinos desde marzo. Y los ahorristas deberán seguir esperando hasta entonces para recuperar sus colocaciones.

A diferencia de los estafados por el BID, los derechos de los ahorristas del BCP estaban avalados por Sedesa, una compañía creada tras el traumático tequila y solventada con el aporte de los bancos para asegurar la devolución de los depósitos a los ahorristas. La cobertura no es total sino que sólo rige bajo determinadas condiciones y, como consecuencia del affaire BCP, dejará desde febrero de cubrir a los grandes depositantes para tratar de proteger a los pequeños que -por su propia condición- suelen manejar menor información.

La experiencia muestra que se necesitó del mal trago del tequila para que se cree un valorable aunque imperfecto seguro de depósitos. Y que debió llegarse hasta los manejos delictivos de los Trusso para que las autoridades reformaran el sistema, en busca de mejorarlo. Sería deseable esperar que las futuras normas de prevención no lleguen tras otra experiencia traumática. La confianza de los ahorristas en el sistema está en juego.

Historias de fraudes y testaferros

Venado Tuerto es una ciudad del sur santafecino con 65.000 habitantes y en donde el tema del cierre del BID genera pasiones y odios sin términos medios.

Planteado como el eje del boom económico vivido en los primeros años de los noventa, el fenómeno de un banco impulsando acontecimientos productivos, sociales, culturales y hasta deportivos, como el emplazamiento del club Olimpia en los primeros lugares de la división superior del basquetbol argentino, sirvió como telón y pantalla de la quiebra.

Alrededor de su mentor, el gerente general del BID, Roberto Cataldi, y del consejo de administración progenitor del descalabro financiero de la entidad surgieron leyendas y relatos que aún hoy nutren la imaginería ciudadana.

El tema de las empresas vinculadas, en forma directa o mediante testaferros a estos personajes, unas 50 entidades -la mayoría de ellas hoy inexistentes, según el informe general de la sindicatura del ex BID- sigue siendo en estos días una cuestión sin dilucidar, perdida en los vericuetos legales de una justicia lentísima.

"Excepto una o dos, el resto eran empresas simuladas, que operaban con testaferros o con responsables dudosos, según las actuaciones judiciales realizadas al comienzo del pedido de quiebra", explicó el síndico Venturino.

En el proceso que llevó desde junio de 1994 -que según el informe de la sindicatura se inició el proceso de vaciamiento legal que el Banco Central debía haber investigado- hasta la actualidad, cuando tan solo quedó firme el pedido de quiebra, "en estas compañías se esfumaron 450 millones", agregó.

"Ahora iniciaremos tres tipos de acciones contra los representantes o responsables de esas empresas, una de cobro de pesos, otra de extensión de quiebras y una tercera de simulación de representación. Esperamos de esta manera recuperar algo de lo mucho que han perdido ya los ahorristas", finalizó el síndico.