Banda china. Simulaban vender pescado a un mercado, lo enviaban a otro y defraudaron al fisco por US$23 millones
Una inconsistencia entre los precios a los que una empresa pesquera vendía sus productos al exterior y los precios de referencia del mercado fue la punta del ovillo. A partir de ese dato la AFIP inició una investigación que terminó por demostrar que la inconsistencia encubría, en realidad, una asociación ilícita encabezada por ciudadanos chinos que, mediante un complejo entramado de seis empresas propias, simulaban vender pescados y mariscos a Uruguay a un precio y los entregaban a otros países por montos superiores.
Así, a partir de la investigación realizada conjuntamente por la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General Impositiva (DGI), la Justicia logró dar con la organización delictiva, que operaba en el sector pesquero marítimo exportador y a la que se acusa de contrabando, evasión tributaria y lavado de activos. Según estima el organismo estatal, estafó al fisco por un valor cercano a los US$23 millones.
La organización estaba conformada por al menos seis empresas con estrechos vínculos entre sí. Contaba, además, con la activa participación de profesionales contables en el diseño de las maniobras delictivas.
Según relataron desde la AFIP, el mecanismo fundamental de la banda consistía en sobrefacturar costos y subfacturar ventas al exterior. De esta forma, evadían tributos por sumas millonarias que luego debían reintroducir en el circuito de la economía formal mediante el lavado de activos. El dinero ingresaba en forma de pasivos simulados, transferencias bancarias e inyecciones de capitales extranjeros.
Para hacer esas simulaciones, el grupo se valía de las interacciones entre las firmas bajo su control. Por ejemplo, exportaba pescados y mariscos en forma triangulada con dos empresas "sin sustancia económica" ubicadas en Uruguay y se generaba documentación ficticia que acreditaba esas ventas por valores bajos. Pero, en realidad, esas esas mercancías se destinaban a otros países, sobre todo a China y Brasil, que las recibían refacturadas a precios de mercado.
Según el Código Penal, el delito de asociación ilícita con la participación de tres o más personas tiene una pena de entre tres años y seis meses y diez años de prisión. Para quien ostente el rango de "jefe u organizador" de la banda, la pena mínima se eleva a cinco años. El delito de contrabando simple, el otro involucrado en la causa, tiene una pena que va de dos a ocho años.
Previo a la acusación de la organización, el Juzgado Federal N° 3 de Mar del Plata dispuso una serie de allanamientos en los que se secuestró una importante cantidad de elementos incriminatorios. En total, fueron 14 allanamientos realizados en Buenos Aires, Mar del Plata y otros puntos de provincia, donde estuvieron involucrados establecimientos industriales, domicilios particulares y dos estudios contables.
Entre el material secuestrado se cuentan billetes de diversos países, teléfonos celulares, tablets, pendrives, CPUs, notebooks, memorias SD, CDS y una gran cantidad de pasaportes y tarjetas de débito pertenecientes a ciudadanos chinos.
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