Bajar la pobreza, el gran desafío esquivado por la política

Si hace 50 o más años alguien hubiera vaticinado que en las primeras décadas del siglo XXI la Argentina tendría al 50% de su población bajo la línea de pobreza, seguramente habría sido sospechado de extravío mental.

En los años 70, el PBI por habitante superaba al de Brasil y al de España; en 1974, la tasa de pobreza en el Gran Buenos Aires era de 4,5% y la de indigencia, de 1,5% (equivalentes a 7% y 3% con la actual metodología de medición, según la UCA). Y tanto la movilidad social ascendente cuanto su desarrollo educativo y cultural situaban al país como punto de referencia obligado para el resto de América Latina.

La conocida pregunta de Mario Vargas Llosa parafraseada en ¿cuándo se jodió la Argentina? no tiene una respuesta unívoca. La decadencia socioeconómica fue paralela a un largo y autodestructivo deterioro político-institucional. A través de los años incluyó golpes militares, violencia ideológica armada, dos largas dictaduras, la Guerra de Malvinas, alta inflación, cesaciones de pagos externos, retroceso educativo, políticas económicas opuestas y pendulares, hiperinflaciones, recesiones y recurrentes crisis macro que fueron dejando un tendal de millones de pobres e indigentes.

Un gráfico elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, que dirige Agustín Salvia, muestra que desde el año 2000 hasta ahora nunca bajó de 25% la tasa de pobreza urbana medida por ingresos para cubrir la canasta básica total (CBT). El pico fue en 2002, con 74,6%, tras la grave crisis de fin de 2001, pero luego hubo dos períodos (2003/2006 y 2020/2023) con tasas superiores a 40%, hasta trepar al 56% estimado para el primer trimestre de este año. También la tasa de indigencia, medida por el costo de la canasta básica alimentaria (CBA), tuvo su pico en 2002 (31,4%), aunque desde 2008 pasó a registrar niveles de un dígito –por el efecto de planes sociales, como la AUH–, que volvió a empinarse en 2021 (10%) y habría llegado a 20,3% en el primer trimestre de este año.

Para el segundo trimestre la UCA estima ahora que, con la curva descendente del IPC, ajustes salariales en paritarias y refuerzo de planes alimentarios, la pobreza habría descendido a 49,4% y la indigencia, a 15,9%. Nada para festejar el 26 de septiembre, cuando el Indec difunda los indicadores oficiales de la primera mitad del año. Y menos aun cuando la pobreza en menores de 14 años llega a 70% a nivel nacional y a casi 80% en el Gran Buenos Aires, NOA y NEA, según la consultora LCG.

La desigualdad social se agravó con la galopante inflación de 2023 (211% interanual) y comienzos de este año, que incluso dejó bajo la línea de pobreza a muchos asalariados registrados. De ahí que la pirámide de ingresos elaborada por Guillermo Oliveto, director de la consultora W, mostró que la clase baja (D2/E) abarca al 37% de los hogares (48% de la población). Por encima, se ubican los segmentos de clase baja superior (D1, no pobre), con 16%, y clase media baja (C3), con 25%, que en conjunto suman 78% de hogares con problemas para cubrir sus necesidades. El restante 22% forma el vértice, con 17% de hogares de clase media alta (C2) y 5% de clase alta (ABC1).

Un drama fuera de la agenda

A pesar de estos dramáticos indicadores, las políticas y reformas que serían necesarias para reducir la pobreza estructural (que incluye carencias habitacionales, educativas, de seguridad, salud y acceso a servicios públicos) siguen sin aparecer explícitamente en una agenda política y legislativa que parece dar la espalda a la realidad. No solo entraña el riesgo de naturalizar la pobreza en el actual paisaje socioeconómico, sino también el de perpetuarla.

Como prioridad, el gobierno de Javier Milei fijó el objetivo de bajar la inflación a un dígito anual, que ya pasó a ser habitual en la gran mayoría de los países de la región. Pero, al margen de las dificultades para alcanzarlo a corto plazo, varios especialistas coinciden en que esa condición resulta indispensable pero no suficiente si no es acompañada por un crecimiento sostenido de la economía, creación de empleos formales y productivos, mejoras en la educación y capacitación laboral.

Desde la UCA, Salvia señala que “la inflación causa estragos ya que, al reducir la capacidad de consumo, baja la capacidad del sector informal de producir bienes y servicios y agudiza la pobreza extrema”. También explica que la falta de generación de empleos de calidad insertos en una economía competitiva hace que después de cada crisis, e incluso recuperaciones, vayan quedando capas de gente más pobre en la economía informal, que abarca al 50% de la población económicamente activa (PEA). Así como 38% de los asalariados no están registrados ni participan de la asistencia social, entre los no asalariados (cuentapropistas, autónomos, changarines, etc.), solo 40/45% participa de la seguridad social. Por eso advierte que, aun si bajara más la inflación, habría 38/40% de pobreza con trabajos improductivos.

El especialista agrega que la pobreza y la indigencia vienen subiendo con trabajo, no con desempleo, como en 2002/2003. Y que si bien la tasa de desocupación es relativamente baja (8% en el segundo trimestre), la mitad de los asalariados registrados percibe ingresos inferiores a la línea de pobreza, lo que atribuye al subempleo con muy baja remuneración debido a la menor capacidad de consumo. “La pobreza no baja proporcionalmente con menos inflación si no hay mayor salario”, completa.

Salvia calcula que solo por crecimiento demográfico se necesitarían crear 250.000 empleos por año, que en los últimos años fueron informales. Y que una reactivación vía crédito para mantener el equilibrio fiscal y la estabilidad social vía actualizaciones de la AUH y la Tarjeta Alimentar permitiría en el corto plazo amesetar la pobreza en 40% y la indigencia en 15%. Pero sin políticas específicas para sacar al 30% de la población de la pobreza estructural, razona, bajarla se plantea como un objetivo intergeneracional a largo plazo.

Para el economista Jorge Colina (director de Idesa), el orden de prioridades debería ser “crecimiento económico, necesario pero no suficiente; modernizar la anacrónica legislación laboral, y capacitar y mejorar el capital humano para establecer un puente entre el crecimiento económico y el desarrollo social”.

En este último aspecto, plantea la necesidad de una profunda reforma basada en reordenar la relación del Estado nacional con los Estados provinciales y municipales, para que estos se hagan cargo de la política social, la financien con sus propios recursos más la coparticipación automática de impuestos nacionales y controlen la gestión de cada gasto. Como ejemplo, señala que en 2023 había 8 programas nacionales a cargo del Ministerio de Educación, 15 del Ministerio de Salud y 13 del Ministerio de Desarrollo Social, que para cumplir con la Constitución deberían pasar a las provincias al no haber delegado esas funciones a la Nación.

Paralelamente, en un trabajo publicado en marzo último por la revista de la Eseade, Colina enfatiza el fracaso de la política social al detallar que aun en el período de crecimiento económico 2004/2013 la informalidad laboral se mantuvo en casi 8 millones de personas debido al bajo nivel educativo de los trabajadores (40% con secundaria incompleta), que incluso dificultó o desalentó proyectos de inversión por falta de mano de obra calificada.

Planes con poco impacto

A esto agrega el bajo impacto de los planes sociales, ya que si bien en 2023 el Estado nacional pagó 2,3 millones de beneficios alimentarios y 1,3 millones de planes laborales (Potenciar Trabajo), la informalidad alcanzó a cerca de 10 millones de personas.

Como consecuencia –agrega–, la población en edad de trabajar pasó a dividirse en tres bloques de similar magnitud: asalariados registrados (privados y públicos), informales (asalariados no registrados y no asalariados) y la gente sin ocupación (desempleados e inactivos). Para el especialista, la evidencia es que “en el caso argentino confluyen malas políticas educativas, malas políticas asistenciales con malas políticas laborales, con las cuales la informalidad y la falta de empleo dejaron de ser un ‘bolsón’ para pasar a ser la regla”, a la vez que reclama el fin de los convenios colectivos por rama de actividad y su renovación automática (ultraactividad).

No obstante, destaca como recientes avances que la reforma laboral de la Ley Bases establece un período de prueba más extenso (de 6 a 12 meses) para que los trabajadores puedan capacitarse en las empresas, y exime a los empleadores de multas por cuestiones formales que en juicios por despido hasta decuplicaban el monto de indemnizaciones. En cuanto al RIGI para incentivar grandes proyectos de inversión y su impacto sobre el empleo, Colina lo emparenta con las reformas de Deng Xiaoping en China, que establecieron zonas económicas especiales con reglas capitalistas que impulsaron el crecimiento del gigante asiático.

Por su parte, Rafael Rofman, investigador principal del Cippec, afirma que la macroeconomía es más importante de lo que se cree y pone como ejemplo a Uruguay, donde la pobreza bajó de 30% a 15% en quince años con crecimiento económico sostenido. “La Argentina puede bajar la pobreza al nivel del 25% que registraba en 2017. No se trata solo de crecimiento, sino de inversión para sostenerlo”, agrega.

También sostiene que “hay que arreglar el mercado de trabajo. Un pibe pobre –agrega– necesita más movimiento económico para conseguir un empleo, por ejemplo, en plataformas de delivery”. Y que es un error echarles la culpa a los planes sociales. “El problema fue la falta de eficacia en la canalización de fondos, que fomentó el clientelismo político”, dice.

Para el especialista, hay que otorgar prioridad a la pobreza infantil. Como problemas serios señala la educación, en tres aspectos: la terminalidad de la escuela (donde la mejora es más lenta), la calidad de la enseñanza (como lo demuestran los malos resultados de las pruebas comparativas con otros países) y la pertinencia (qué se enseña y para qué). Otros son los déficits en el hábitat, que hace a la calidad de vida y el cuidado de los chicos en sus hogares.

En este frente, el Cippec acaba de elaborar una propuesta para avanzar en un sistema progresivo integral y federal de cuidados para la infancia. Se basa en ampliar las licencias laborales a 126 días para personas gestantes y a 30 para padres o no gestantes; la progresiva unificación de la AUH y la prestación Alimentar, con actualizaciones trimestrales hasta alcanzar en dos años el costo de una canasta básica por adolescente y niños de 0 a 18 años en el segmento no contributivo (más reintegros en la compra de alimentos nutritivos) y la creación de espacios de crianza, enseñanza y cuidados para la primera infancia y promoción de la autonomía económica de las mujeres.

Como cambio a favor, Rofman destaca que en los últimos años bajó la fecundidad entre adolescentes, ya que el número de jóvenes sin hijos es más alto en los sectores con menor educación.

En contraste, la volatilidad argentina hizo que todas las proyecciones privadas de crecimiento para bajar la pobreza trazadas antes y después de la pandemia por el Cippec en 2019, IDEA en 2022 y el economista Martín Rapetti (Equilibra) a fin de ese año, entre otras, se estrellaran con la escalada inflacionaria de 2023, el posterior salto devaluatorio y el fuerte shock fiscal. Por caso, Rapetti proponía acordar una “meta de Estado” con consenso político, empresarial, sindical, social y religioso para sostener el crecimiento, la inversión productiva, las exportaciones y la redistribución del ingreso a largo plazo. Según esos cálculos, la economía necesitaba crecer al 4% anual acumulativo para reducir la pobreza a menos de 10% en 2040. Hoy, las condiciones políticas e institucionales, más la agenda del Congreso, hacen que ni siquiera sea posible un diálogo civilizado.

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