AySA pidió un aumento de 209% en la tarifa de agua a partir de abril y otra suba en julio
También habría ajustes mensuales según una fórmula predeterminada; la empresa espera ahorrar de esta manera $440.000 millones en el año, aunque todavía necesitaría fondos del Tesoro
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Con algunas semanas de demora, finalmente la Secretaría de Obras Públicas convocó a una audiencia pública para tratar los aumentos en la tarifa de agua de AySA para el miércoles 27 de marzo. La empresa estatal hizo una solicitud de actualización tarifaria de 209% a partir de abril, con una fórmula de ajuste mensual y una nueva revisión al alza en julio, para llegar al “equilibrio económico entre los meses de septiembre y octubre” próximos.
Se trata de la segunda propuesta de aumento tarifario que realiza AySA, luego de que la primera fuese rechazada. Según dice la nota enviada por la empresa a Walter Méndez, titular del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), esta “nueva propuesta es superadora de recomposición tarifaria y mejora de la eficiencia”.
En este sentido, AySA dijo que este año reducirá en términos reales el gasto operativo en el orden del 20%. Sin embargo, para llegar al equilibrio económico solicitó dos aumentos tarifarios, a realizarse en abril y julio. En los otros meses se aplicará una fórmula de ajuste automática que tendrá en cuenta la inflación minorista (IPC), la inflación mayorista (IPIM) de los productos manufacturados y la variación salarial.
“Atento a lo ambicioso del proceso de eficiencia iniciado, la elevada volatilidad macroeconómica y los cambios de precios relativos en curso, se propone fijar una revisión tarifaria complementaria obligatoria para el mes de julio”, dijo la empresa.
AySA espera ahorrar de esta forma $440.000 millones, entre la mejora de eficiencia adicional y el incremento tarifario.
“No obstante, a pesar de estos esfuerzos y teniendo en cuenta la pauta definida por esa Autoridad de Aplicación para el programa tarifario, se recuerda que para lograr el equilibrio financiero de la concesión continuará siendo necesario que el Tesoro Nacional complete con transferencias el déficit no cubierto, tanto para los meses en que aún no se alcanza el equilibrio en términos de gastos operativos e inversiones en mejora y mantenimiento, como para el financiamiento de obras básicas y de expansión y servicio de deuda”, dijo la empresa.
Al igual que ocurrió con todas las empresas estatales, AySA tampoco recibió fondos del Tesoro durante los meses de enero y febrero, generando una situación de tensión con sus proveedores.
En lo que se refiere a tarifa social, la empresa mantendrá el esquema actual de segmentación de subsidios, focalizado en la geolocalización de los usuarios, que implementó la gestión anterior de Malena Galmarini. “En materia de tarifa social se propone una ampliación del presupuesto junto con una mayor difusión del programa y mayores facilidades para que los usuarios accedan al mismo”, dijeron.
Por lo tanto, se mantendrá el subsidio del 15% para los usuarios residenciales y baldíos cuyos inmuebles se localizan en áreas calificadas con coeficientes zonales bajos.
Por otro lado, según dijeron, también se mantiene para todos los usuarios en régimen no medido la gratuidad del pasaje a régimen medido en caso de que lo soliciten. “Esta posibilidad les permite controlar sus consumos y por ende los montos finales facturados, mejorando la eficiencia asignativa”, explicaron.
La semana pasada, la Jefatura de Gabinete, el área de la cual depende AySA en la práctica, decidió el despido de Marcelo Papandrea, que era un empresario sin conocimiento del sector, cercano al exministro de Economía Sergio Massa.
En su cargo asumirá Oscar Ferrari, que había sido propuesto por el exministro de Infraestructura Guillermo Ferraro y actualmente se desempeña como vicepresidente de AySA.
Sin embargo, quien lleva la auditoría del día a día de la empresa es Eduardo Endeiza, director general administrativo y operativo de AySA, quien responde de manera directa a la Jefatura de Gabinete, comandada por Nicolás Posse.
Endeiza también era un hombre cercano a Massa, ya que trabajó en los primeros años del gobierno de Alberto Fernández en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses y, cuando Massa asumió en Economía, pasó al área de Secretaría de Finanzas, junto con su exjefe del FGS Eduardo Setti.
Dentro del directorio de AySA también se encuentran observando la operación de la empresa Mauricio González Botto, secretario de Empresas y Sociedades del Estado de la Jefatura de Gabinete, y Patricio Jaccoud, subsecretario de esa misma dependencia.