Aumento de tarifas: vía libre para los incrementos del gas y siguen las dudas por la segmentación en la luz

Ajustado con los tiempos, mientras aún se procesan los datos del registro para mantener los subsidios y con dispersión de fechas de la efectiva implementación de los nuevos cuadros tarifarios, el Gobierno confirmó el inicio del esquema de segmentación para la luz y el gas. Se trata de uno de los pilares sobre los que Sergio Massa construyó su camino hacia el “ordenamiento” fiscal, y aunque formalmente comienza en septiembre, las demoras por la implementación de los valores - especialmente en la luz- y el ciclo de facturación, se estima que el impacto pleno sobre las facturas será en octubre.

Esta tarde, el Enargas publicó -en diez resoluciones- los cuadros tarifarios que autorizan la suba de tarifas de gas desde septiembre. El impacto en las facturas será de 20% en el primero de tres tramos y 88% desde enero, al final.

Con la luz todo va más lento y se multiplican las dudas, incluso dentro del propio Gobierno. El esquema, que establece una quita total de subsidios para los hogares de mayores ingresos, y un cupo de consumo subsidiado para los definidos en el segmento medio, presenta dispersión de aumentos en términos porcentuales. Y si bien desde el Gobierno estiman que la suba promedio en este primer tramo (se aplicará un recorte del 20% de los subsidios para el segmento más alto) será inferior al 30%, prefieren estimar el incremento en las facturas en términos absolutos.

Así, por ejemplo, indican que un hogar tipo del segmento R2 en la zona metropolitana de Buenos Aires (con consumo mensual inferior a los 250kwh) tendrá un incremento en la factura el mes próximo de entre $550 y $850. Estos ajustes, que alcanzarán a los hogares de ingresos altos, suponen un aumento promedio del 50%.

Sin embargo, distintos factores se combinan en un contexto de dudas e incertidumbre en torno a la segmentación y su efectiva ejecución. Porque si bien en el Gobierno manejan números y estimaciones, las distribuidoras aún no cuentan con los cuadros tarifarios para el ajuste de sus sistemas y esquemas de facturación. Para eso, el paso previo es que el ENRE confirme los valores y los oficialice en respectivas resoluciones.

En el caso del AMBA, se da la particularidad de que el ENRE tiene definido a su nuevo interventor (Walter Martello, actual defensor del pueblo adjunto en la Provincia de Buenos Aires es el elegido por Sergio Massa), pero todavía no se formalizó su designación, y tampoco se concretó la renuncia formal en el cargo de la camporista Soledad Manin. “Si fuera necesario, ella va a firmar las resoluciones”, indican fuentes de la Secretaría de Energía, con respecto a un paso burocrático pero indispensable para la puesta en marcha de la segmentación.

Una vez concretada esa instancia, en el Gobierno estiman un plazo de alrededor de una semana hasta que cada empresa distribuidora en el país (son más de 70, entre empresas privadas, públicas y cooperativas) pueda poner en marcha la nueva facturación, paso que se efectivizaría entre el 7 y el 10 de septiembre.

En ese sentido, fuentes oficiales aclararon que se aplicarán los aumentos solo a los consumos efectuados desde el día en que se oficialicen las nuevas tarifas. Ese punto y la variación en los ciclos de facturación de cada empresa (el corte para cada hogar varía según la fecha en que se realiza personalmente la lectura de cada medidor) hará que las facturas correspondientes a septiembre contemplen diferentes valores de la energía, y que, consecuentemente, recién en octubre los hogares reciban el impacto pleno del aumento.

También hay dudas con respecto a la quita posterior de subsidios en el nivel de más altos ingresos más allá de esta primera etapa. Fuentes de la secretaría indican que ahora se hará una reducción del 20% en ese monto, en adelante la reducción será variable porque, además de los subsidios, se espera una baja en el precio mayorista de la energía. “Como cae el consumo, hay más gas disponible, que es más barato para generar electricidad que el gasoil importado”, aclaran.

Dudas con los números

En el Gobierno y en las distribuidoras también hay dudas respecto de la identificación de los usuarios y el empadronamiento de los hogares. Fuentes de la Secretaría de Energía indicaron que, de un total de 14,9 millones de hogares en todo el país, unos 2,5 millones se inscribieron y fueron incluidos en el nivel 3 (ingresos medios), mientras que 6,5 millones fueron asignados en el nivel 2, correspondiente a los beneficiarios de la tarifa social que no tendrán quita de subsidios. Ese total incluye a quienes se inscribieron en el registro de subsidios (RASE) como a quienes fueron identificados en los padrones provinciales de la tarifa social, pero no se sumaron al RASE.

Existe un remanente de alrededor de seis millones de hogares que, en estas condiciones, perderían todos los subsidios en sus tarifas de luz y gas. De todas maneras, en el Gobierno estiman que esa cifra debería reducirse a partir del ‘matcheo’ entre los padrones de los beneficiarios de la tarifa social (provinciales) y la implementación de los aumentos, que motivaría a personas a ingresar en el RASE para solicitar los subsidios al percibir el impacto en las facturas. En ese sentido, advierten que la inscripción en el RASE tiene un alto avance en el AMBA, pero que continuarán activamente la búsqueda de usuarios en localidades del interior, para ampliar el registro y consolidar la base de datos.

“Queremos que todos tengan la posibilidad de anotarse y que todos tengan la facilidad para pedir acceder o mantener los subsidios si es que así lo quieren”, indicaron fuentes oficiales. También advierten que existe un número considerable de hogares que decidieron no solicitar formalmente los subsidios, más allá de que su situación económica los habilita.

Al mismo tiempo, el Gobierno confirmó que hasta hoy hubo 47.133 solicitudes de baja en el RASE, en una funcionalidad que se habilitó a comienzos de este mes, en una tendencia que se aceleró ante las versiones de que el BCRA podría bloquear la compra de dólar ahorro para quienes reciban subsidios a las tarifas.

Con respecto a los comercios, que recibirán una quita escalonada y total de los subsidios, el Gobierno estima que los incrementos en las facturas serán de entre el 26% y el 38%, dependiendo del nivel de consumo de cada establecimiento y rechazaron los reclamos sectoriales por el impacto sobre los precios.

“Va a haber menos [inflación] porque se ordenan las cuentas fiscales”, dicen fuentes oficiales. De todas maneras, abren la puerta a un esquema de subsidios sectorial, como el implementado, por ejemplo, con los clubes de barrio, aunque advierten que ese cuadro debería gestionarse en otras dependencias públicas: “Que sea explícita por autoridad sectorial del tema”.

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