Aumenta el transporte y el que no tenga la SUBE a su nombre pagará hasta el doble de la tarifa
Dudas por el uso de la tarjeta ya que los empresarios dicen que será imposible controlar si el pasajero es el titular; los cambios en régimen de boleto integrado encarecen más los viajes en colectivos y trenes
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LA NACIONDiego Cabot
Mientras el Gobierno anunció los precios que pretende para el boleto de trenes y colectivos metropolitanos a partir de febrero, surgieron las primeras controversias que seguramente, serán motivo de debate en las audiencias públicas.
Además del precio, hay dos temas que despuntan como foco de controversias. El primero, la necesidad de contar con la tarjeta SUBE a nombre de quién la utiliza o en su caso, estar dispuesto a pagar hasta el doble por utilizar una que esté el portador. La segunda, y no menos importante, la eliminación del boleto integrado tal cual estaba (los descuentos que se aplicaban a los viajes sucesivos dentro de una ventana de 90 minutos), que terminará por aumentar más el precio de los boletos aún más para los que tengan Tarifa Social.
El requisito final es el llamado a una audiencia pública, convocatoria que se publicó en el Boletín Oficial a través de la resolución 1/2024 y que se desarrollará la semana que viene en forma virtual. El Gobierno presentará el pedido de aumentos que llevará el boleto más barato de colectivos a $270 y el de tren, a 130 pesos.
En esa norma apareció la novedad: la nominalidad de la SUBE. Quienes suban a un colectivo con una tarjeta que no esté a nombre de quien viaja pagará 430 pesos por tramo, mientras que en el ferrocarril se duplicará el monto de la tarifa.
A partir de esta decisión surgen las dudas. La primera es cómo se controlará que quien ingresa a un colectivo (menos aún a un andén de tren) y apoya su medio de pago electrónico por la validadora sea la persona cuyo nombre está estampado en el frente del plástico. “Es imposible controlar eso porque no podemos pedir documentos a cada uno que se suba”, dicen, palabras más, palabras menos, tres empresarios que son dueños de centenares de colectivos en el área metropolitana.
Pero ahí no se termina todo. Hay miles de usuarios que jamás nominalizaron la SUBE por una simple cuestión: no quieren que todos sus movimientos queden en una base de datos pública. Hasta ahora, quien tenga algún atributo para justificar el descuento de la Tarifa Social, como ser jubilado o beneficiario de algún plan, tiene la obligación de titularizar la tarjeta. Pero para el resto de los usuarios, que pagan la tarifa plena, no parece clara la necesidad del requisito.
El segundo punto de controversia será la eliminación del sistema de boleto integrado. Hasta ahora había un régimen instaurado por la gestión de Guillermo Dietrich como ministro de Transporte mediante el cual un usuario que tomaba más de un colectivo en el lapso de 90 minutos, gozaba, después del primer tramo, de un descuento de 50% en el próximo, y de 75% en el tercero. A esa quita, para los que tenían Tarifa Social, se sumaba el 55% adicional ya que los beneficiarios solo pagan el 45% del precio.
Con el nuevo esquema ya no se sumarán los dos descuentos. Es decir, quien tenga atributo solo tendrá la quita de 55%. Para los demás usuarios, se mantendrá el actual régimen. Por ejemplo, un jubilado pagará 45% del valor del primer viaje, así como del segundo y el tercero. El resto mantendrá el precio pleno en el primero, mientras que será beneficiado con una quita de 50% y de 75%, siempre que se aborden dentro de los 90 minutos.
De acuerdo a una alta fuente del Ministerio de Infraestructura, esos precios son el objetivo de máxima. Consideran que después de que pasada la convocatoria a la consulta ciudadana, que será virtual y no es vinculante, decidirán si ese será el precio desde el primero de febrero, o si se aplicará en tramos. “Hay que ver qué impacto tiene en la inflación. Por eso, pasadas las audiencias, lo vamos a decidir”, dijo un funcionario que participó de la confección de la nueva tabla de valores del transporte metropolitano que confirmó que la resolución está pronta a publicarse.
Habrá cinco tarifas para los colectivos. La más barata, como se dijo, pasará de los actuales $77 a $270 y servirá para viajar hasta tres kilómetros. La que le sigue (de tres a seis kilómetros) se incrementará de $86 a $300,78, y la siguiente, de seis a 12, llegará a $323,95. Las dos mas caras (de 12 a 27 kilómetros y de más de 27) tendrán un valor de 347 a 370 pesos, respectivamente.
En los ferrocarriles se unificará la tarifa y desaparecerán las diferencias por línea que actualmente rigen. El boleto mínimo pasará a $130 para el tramo 1 (hasta 12 kilómetros), mientras que para los tramos 2 y 3 (de 12 a 24 kilómetros y más de 24) los valores llegarán a $169 y $208 respectivamente. Quienes vayan a la ventanilla a comprar un ticket en efectivo tendrán que pagar una tarifa plana de 420 pesos.
De acuerdo a lo que dejaron trascender funcionarios de la Secretaría de Transporte, que maneja Franco Moguetta, por ahora no se piensa en un esquema de actualización mensual, pese a que regulatoriamente, el Gobierno lo tiene autorizado. Tampoco está decidido si se empezará a cobrar esta tarifa desde febrero o si se optará por un esquema progresivo.
La idea de Milei y su equipo es bajar la dependencia del subsidio que tiene el transporte. De hecho, como se dijo, el tren tiene 98% de subsidios sobre el total de dinero que necesita para circular, mientras que el colectivo, alrededor del 90%. Sólo una cuestión para recordar: hasta 2002, y pese a las enormes crisis argentinas, jamás el Estado destinó un peso, o austral, para subsidiar el boleto del transporte automotor.
Los tiempos cambiaron y de acuerdo a los últimos datos publicados por el Ministerio de Transporte, el año pasado se destinaron $454.714 millones para compensar a los dueños de las empresas.
El ferrocarril, donde conviven varias empresas como Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse), Administradora de Infraestructura Ferroviaria (ADIF), Desarrollo de Capital Humano Ferroviario y Ferrocarriles Argentinos necesitaron $332.498 hasta noviembre, último dato presentado por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP).
Por Diego Cabot
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