Asistencialismo sin soluciones de fondo, un déficit que atraviesa varios gobiernos

Con una postura diferente a la que suele escucharse en esos sectores políticos y sociales, el dirigente piquetero Eduardo Belliboni fue al grano el día de la última marcha de las organizaciones de izquierda: “La discusión sobre el salario universal estaría consagrando que no va a haber otra salida en la Argentina que el asistencialismo. Que el Parlamento esté discutiendo una ley para el asistencialismo universal quiere decir que tendremos asistencialismo por años. No están discutiendo los problemas de fondo, que son el trabajo y la educación”, le dijo ese día a Radio Mitre.

Más allá de las ideas que suele proponer el espacio político de Belliboni (pertenece al trotskysta Polo Obrero), su planteo reflejó con toda crudeza una realidad constante en las gestiones de gobierno de los últimos veinte años, como lo muestran los datos recopilados por Idesa y la fundación Fundar sobre la evolución de la ayuda social oficial en la Argentina.

La ayuda social distribuida a través de planes instrumentados por distintos gobiernos y ministerios empezó a masificarse con la crisis de 2001/2002, tras la caída de la convertibilidad y el “que se vayan todos”. Pero desde entonces no cesó de crecer en todas sus variables: cantidad de beneficiarios, montos pagados y la participación de esos gastos en el PBI.

Entonces, lo que se pensaba sería una ayuda transitoria para tratar de evitar o al menos paliar el sufrimiento de muchos argentinos caídos en la pobreza y la marginalidad a principios de este siglo, se transformó en una política permanente de los distintos gobiernos.

Solo entre 2015 y 2019, según los datos de Idesa, la cantidad de beneficios se redujo en 707.000 y el monto bajó en poco más de 28.000 millones de pesos. No es mucho consuelo: igual, la cantidad de planes sumaba entonces más de diez millones, y el gasto, más de $960.000 millones.

Algo similar sucede con el sostenimiento de modalidades informales de trabajo en la llamada “economía popular”, que abarca desde cartoneros hasta cuadrillas de desocupados con algún oficio, pero que en todo caso dependen de la ayuda estatal y, peor aún, de la condescendencia de algún puntero. El informe de Fundar destaca que el impulso a las cooperativas de trabajo se convirtió en un “elemento central” de la política social.

Curiosamente, en línea con el planteo de Belliboni, el trabajo de los especialistas Andrés Schipani, Rodrigo Zarazaga y Lara Forlino destaca que la inversión estatal en ayuda social se focaliza “cada vez más en políticas dirigidas a la economía popular y menos en políticas que buscan insertar a los sectores más vulnerables en el empleo formal”. La proporción es 10 a 1, en contra de este último aspecto.

Como en otros aspectos problemáticos –las tarifas públicas, la coparticipación de impuestos, el sistema previsional, el déficit, la inflación– en materia social, la Argentina tiene una cuenta pendiente, que a medida que pasa el tiempo se hace más difícil de solucionar.

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