Arranca la misión del FMI y el Gobierno busca mostrar metas claras, aval político y reformas estructurales
Las expectativas se alimentan de señales claras en un mismo rumbo. No es casualidad que ayer Casa Rosada anunciara la reducción a la mínima expresión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y que horas después, cerca de las 22, el Ministerio de Economía divulgara la nueva fórmula de movilidad jubilatoria semestral desindexada de la inflación. Tales definiciones están vinculadas a un hecho explícito: desde hoy -y por dos semanas- el Fondo Monetario Internacional (FMI) revisará formalmente la economía argentina con miras a firmar un acuerdo con el Gobierno y refinanciar la deuda de US$44.000 millones.
Esas señales sobre la viabilidad fiscal no son aisladas. El Ministerio de Desarrollo Productivo anunció la semana pasada el descongelamiento de los precios fijados desde marzo, un reclamo asiduo que llega desde Estados Unidos, país con peso definitivo en el board del FMI. El Senado, que iba a tratar otro proyecto que ponía nerviosos a los empresarios -un cambio en la ley de contratos de trabajo que habilitaba nuevos plazos para juicios tras despidos- levantó ese debate de un plumazo unas horas después de que Martín Guzmán prometiera a los empresarios más importantes del país no sólo una baja del déficit este año, sino un camino pro mercado y de respeto a la propiedad privada -que, para él, nunca estuvo en riesgo-, con el objetivo de pulir una imagen más clara sobre el rumbo que está tomando el Gobierno.
Con la llegada del Fondo al país, el Gobierno comenzará un camino en el que prometerá metas claras de las principales variables macroeconómicas y reformas estructurales, entre ellas, cambios en el mercado de capitales, mejoras en la competencia y en la eficiencia del Estado. Además, deberá garantizar la viabilidad política del acuerdo. Pedirá que el nuevo programa permita al país crecer, primero, y que no haya pagos al organismo por cuatro años y medio.
La misión formal del Fondo, compuesta por Julie Kozack (subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental) y Luis Cubeddu (jefe de la misión para Argentina) ya está en el país. Desde hoy habrá reuniones con el equipo económico. Desde Washington no descartan que haya encuentros también con referentes de la oposición y con otros sectores. La misión del Fondo estará menos de dos semanas en Buenos Aires, confirmaron.
¿Qué cabe esperar del resultado de las negociaciones? El programa de Facilidades Extendidas (EFF, por las siglas en inglés) que pedirá la Argentina será plurianual y tendrá dos bloques bien definidos: el primero será el macroeconómico, en el cual el Gobierno se comprometerá a cumplir metas. El segundo apuntará a resolver problemas estructurales.
Una de las condiciones del EFF -que da más plazo (de cuatro años y medio a diez) para el pago de la deuda que el Stand-By Agreement que tenía la Argentina hasta ahora- es impulsar reformas de fondo, tema urticante para el Frente de Todos. Es por eso que tanto las metas como estas reformas pasarán por el Congreso, según anunció Guzmán ayer. Más que el apoyo de la oposición, el ministro de Economía necesita el respaldo firme de algunos intérpretes del Instituto Patria.
El primer bloque incorporará un sendero fiscal con dos premisas que van de la mano: la economía debe crecer para que haya estabilidad, mientras, al mismo tiempo, se transita un camino hacia el equilibrio fiscal. La Argentina tendrá este año un rojo de 8 puntos del PBI. En el Presupuesto 2021 Guzmán apuntaba a un déficit primario de 4,5 puntos del producto. Un 60% de ese déficit se financiaría con emisión, el resto con deuda. En las últimas semanas el Ministerio de Economía dejó trascender que invertiría esa fórmula. La duda es si para el Fondo es suficiente esa baja de la emisión y la reducción del déficit entre 2020 y 2021. "Hay que poner las cuentas en orden a una velocidad que sea consistente con la economía creciendo", es la frase que más se escucha en el quinto piso del Palacio de Hacienda.
Habrá metas también para la acumulación de reservas, para la política cambiaria, un análisis de las regulaciones de cuentas de capital y objetivos para la política monetaria, que deberán ser "consistentes" con las definiciones financieras y con visión cambiaria que defina el Banco Central (BCRA). "Se apunta a ir transitando desde el fuerte financiamiento monetario por parte del BCRA al fisco que existe hoy a un horizonte en el que no haya financiamiento sistemático", reconocen fuentes oficiales, que descartan, claro, la segunda ola de coronavirus en el país.
El trazado del programa que el Gobierno cerrará con el Fondo Monetario tendrá definiciones de objetivos para todas las variables macroeconómicas relevantes (empleo, desempleo, inflación y PBI, entre otras). Esas mismas metas irán acompañadas de objetivos sociales. Será una clarificación del plan auditado que reclama el sector privado al que se negaban Alberto Fernández y el propio ministro, que buscaban flexibilidad en medio de la pandemia. El ingreso de ese acuerdo al Congreso buscará blindarlo y darle factibilidad política.
Las reformas estructurales
Por último, aparecerá el segundo bloque, el más polémico para el oficialismo y que estará vinculado a la estructura económica. El Gobierno buscará teñirlo como un "programa moderno" distinto a los preconceptos que regían en el organismo en tiempos del Consenso de Washington. Al FMI lo seduce también esa idea modernizante. Restará ver si efectivamente la pandemia trajo nuevas recetas o serán los viejos productos envueltos en nuevos envases discursivos.
La idea, por lo menos en el Gobierno, es que esas reformas -que efectivamente se comprometerán- permitan una mayor capacidad de financiamiento y menos dependencia de divisas. Habrá entonces un intento de desarrollo de mercado de capitales, políticas que promuevan la competencia y medidas que mejoran la eficiencia en el funcionamiento del Estado. En definitiva, los ingresos de los argentinos ya se licúan desde hace tres años.
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