Las ART también temen por la posible estatización de la salud privada

La posible estatización del sistema de salud, sobre la que advirtieron las empresas del sector la semana pasada y que tiene la venia de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, provocó temor en el rubro de las administradoras de riesgos del trabajo (ART), que funcionan desde hace 25 años, generan un enorme flujo de caja mensual y otorgan cobertura por accidentes laborales e indemnizaciones en el mismo rubro.

“Las recientes declaraciones de la vicepresidenta respecto de la estatización del sistema de salud (integrando prepagas y obras sociales a la salud pública), causaron alarma entre empresarios y trabajadores que ven amenazado el sistema de riesgos del trabajo”, comentó el abogado Guillermo Bolado, exvicesuperintendente de Seguros de la Nación en 2016 y 2017.

El temor no es infundado, puesto que en un proyecto del Instituto Patria, que circula en el sector de salud y en el que se trazan los lineamientos para habilitar la injerencia del Estado en ese rubro, se menciona también, sin nombrarlas, a las ART. En efecto, en el documento en cuestión se brega por la “implementación del recupero de prestaciones de obras sociales y seguros por accidentes”.

Además, en un apartado titulado “Salud laboral”, se propone “promover que el Estado proceda como responsable de la vigilancia de la salud de los/las trabajadores/ras a través de la identi­ficación, evaluación y mapeo de los riesgos del trabajo”.

Asimismo, se incluye entre los objetivos del proyecto: “Diseñar Políticas públicas tendientes a promover y proteger la salud de los trabajadores y trabajadoras, mediante actividades de promoción, de prevención y del control de enfermedades relacionadas con el trabajo y las vinculadas con accidentes de trabajo, las referidas a la eliminación de los factores y condiciones de riesgo que pongan en peligro la salud y la seguridad de los trabajadores y trabajadoras por causa laboral”.

Pero más allá de estas razones explicitadas en el proyecto del Instituto Patria, en el que se habla de que la “soberanía sanitaria es estratégica e imprescindible”, hay otro incentivo de mucho peso a la hora de evaluar una posible estatización del sistema de ART: su millonario flujo de caja mensual.

Según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), este atractivo flujo de dinero se nutre de un aporte de 2,48% que hacen cada mes los empleadores sobre la masa salarial de 9,71 millones de trabajadores. “Los montos administrados por los operadores pueden resultar tentadores en estos tiempos de escasez si sólo se mira el flujo, abstrayéndose del gran aporte que se hace a la seguridad social y a los trabajadores en general”, señaló Bolado.

LA NACION se comunicó por este tema con la UART y con empresas del sector, pero tanto una como otras prefirieron no hacer declaraciones al respecto. Solo en el más estricto off the récord, un alto ejecutivo del rubro, comentó: “La verdad es que estamos muy preocupados, pero no nos queremos meter aun más en la línea de fuego del Gobierno”.

Las ART pertenecen más al sistema de la seguridad social que al de la medicina, pero, tal como afirman en el sector, no es la primera vez que se habla de que se las quiere estatizar. “Algunos piensan que es por la caja, ya que reciben 2,48% de todos los salarios públicos y privados en el país. Es un número importante, pero de ahí se paga toda la parte de medicina e indemnizatoria, e incluye a los empleados in itinere, con lo cual es muy amplio”, explicó Bolado.

Esto quiere decir que si bien el flujo de caja es de gran magnitud, también lo es el universo de obligaciones al que se debe hacer frente con esos fondos. Hay que tener en cuenta que no solo se pagan de allí las coberturas médicas y las indemnizaciones (el fondo de primas anual del sistema, sin incluir servicio doméstico, es de US$1500 millones), sino que también los juicios de los que debe hacerse cargo (actualmente son 270.000).

Sin embargo, el CEO de una importante ART opinó que el hecho de tener que hacerse cargo de las obligaciones que hoy tiene el sistema no es razón suficiente para hacer desistir al Gobierno de una hipotética estatización. “Tranquilamente se pueden quedar con la caja, que es lo que les importa, y no usarla para pagarles a los prestadores, tal como hacemos nosotros hoy, porque pueden derivar a los afiliados al hospital público. En cuanto a los juicios, una vez que se los condene a pagar, te pueden encajar un bono del Estado a cobrar en diez años”, subrayó.

Según estimaciones del sector, el valor promedio de cada juicio es de $900.000, el valor del stock de juicios es de US$1500 millones (al dólar libre), el valor de las reservas es de US$1300 millones (se encuentran mayormente invertidas en títulos públicos contabilizados al 100% de su valor nominal, pero que a valor de mercado cotizan a menos del 50%, por lo que cubren la mitad del stock).

Hay otro punto a tener en cuenta para evaluar la actual situación de las ART: durante 2020 se las obligó a cubrir los enfermos de Covid, que no estaba en el listado de enfermedades laborales, lo que agregó un costo gigantesco al sistema, bajo la promesa de que lo recuperaría del fondo fiduciario de enfermedades profesionales (que finalmente se agotó a los tres meses). Ese fondo se nutre de $40 por trabajador (en un principio eran $0,60) que paga el empleador como parte del 2,48% del aporte mensual. “Hoy hay miles de casos de Covid cubiertos por las ART, que también pagan las indemnizaciones de los que mueren”, concluyó Bolado.

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