Cómo se gestó la polémica decisión del Banco Central de que, ante la muerte de un trabajador, lo reemplace un familiar

Fue un almuerzo “a la Argentina”; por eso, no fue la mejor presentación del país. Christine Lagarde, entonces número uno del Fondo Monetario Internacional (FMI), se asustó. La protesta era masiva. Banderas, bombos y gritos inundaban el Banco Central (BCRA). Sin embargo, la iniciativa de los bancarios no tenía como foco a la abogada francesa, ni el acuerdo stand by -que aún no existía-, sino una medida tomada por Federico Sturzenegger ese 2018 y que para el economista era tan vieja como el Ancien Régime.

La posibilidad de que, ante la muerte de un trabajador del BCRA, un familiar pudiera ingresar a esa entidad había sido abolida ese año. Ayer, sin embargo, fue restituida. No en cualquier contexto, sino en medio de elecciones en la comisión interna de la entidad. Con aval de Carlos Zannini (fiel a Cristina Kirchner), el directorio reinstauró el viejo orden en apoyo a una de las facciones, aquella más cercana a la visión vicepresidencial.

La historia es muy antigua y remite a otra pelea con enormes sinsabores que Sturzenegger ya había encarado en el Banco Ciudad, cuando fue su presidente. En esa entidad enfrentó 24 paros por abrir un sistema de reclutamiento que siempre había beneficiado a familiares y amigos de la política. Los carteles de los empleados bancarios lo caracterizaban como un demonio y hablaban del “salvaje ajuste macrista”.

En noviembre de 2011, un comunicado de La Bancaria indicaba que la pelea con el economista era por “diferencia remunerativa; eliminación del sistema de scoring; ampliación de las partidas para el Hipotecario social y el ingreso de personal, en especial hijos y familiares de compañeros fallecidos en actividad”.

“En medio del conflicto decidimos descontar los días de paro y usar el dinero para comprar equipos de Rayos X para hospitales públicos de la CABA. ‘Lo que es del pueblo vuelve al pueblo’, dijimos. El paro se levantó y nunca más se retomó. Hoy sigue siendo el sistema de ingreso al banco”, recordó en Twitter el propio Sturzenegger.

Paralelamente, en 2003-2004, el BCRA ya había incorporado a su estatuto el artículo 59 del convenio Colectivo de los Bancarios que decía lo siguiente: “En caso de muerte del empleado en actividad, padre de familia, uno de los hijos que hubiere estado a su cargo podrá optar por ingresar a la empresa, siempre que reúna las condiciones de ingreso establecidas, a satisfacción del banco y existiendo vacante en la escala inicial”. Con los años se amplió al grupo familiar primario, contaron fuentes del BCRA a este medio.

“En el Central, la gremial ya conocía estos antecedentes [su historia en el Banco Ciudad]. Pero había una norma escrita que obligaba a contratar a un familiar de fallecido. En el Nación era peor, el 30% de los ingresos tenían que ser familiares”, escribió el ex titular del BCRA.

En 2018, con Sturzenegger ya en el BCRA desde hacía dos años, una empleada del banco falleció. Fuentes que entonces pertenecían a la entidad contaron que la comisión interna propuso a su esposo, que hacía 30 años trabajaba en una empresa privada, que renunciara y se presentara para un cargo en el BCRA para aprovechar así el “beneficio” en el estatuto del banco. El hombre accedió y comenzó un fuerte enfrentamiento interno que llevó al presidente del BCRA a cambiar las cosas. Pidió a su gerente de Legales un dictamen contra el aval del privilegio para los familiares. “No se animó a hacerlo”, contaron. El entonces gerente general del BCRA encontró un expediente antiguo que todavía estaba inconcluso e introdujo al juego al procurador Bernardo Saravia Frías. El dictamen de éste lo declaró “inconstitucional”.

La Procuración del Tesoro opinó entonces que el privilegio a favor de los familiares de los empleados fallecidos para ingresar al Banco era contrario a la Constitución y a los tratados internacionales de igual rango. De hecho, ese dictamen terminó impulsando el decreto N° 732/18, que instruyó a las autoridades del Sector Público Nacional a revisar y derogar cualquier norma que establezca esa clase de prerrogativas.

Entonces, el dictamen de Saravia Frías se basó en el artículo 16 de la Constitución. “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y todas las cargas públicas”, afirma ese artículo de la Carta Magna que toma la herencia lo logrado por la Revolución Francesa.

Cambios con Alberto

El decreto 732 sigue vigente. Con la llegada de Alberto Fernández al poder las cosas cambiaron en la administración pública (se anunció la derogación de un decreto que prohibía nombrar familiares –para sumar a Santiago Cafiero como jefe de Gabinete–) y se modificó ahora el estatuto en el BCRA. Hoy, otra resolución, la 76, sumó un nuevo ruido sobre las contrataciones: el Ministerio de Economía sumó a planta permanente a 410 empleados por tener 10 años en planta transitoria.

“Desde el año pasado estamos concursando esos cargos de tanta antigüedad en toda la Administración Pública Nacional. Ya lo hicimos en Desarrollo Social, Interior, Desarrollo Productivo y Salud”, contó a LA NACION Ana Castellani, secretaria de Gestión y Empleo Público.

Sturzenegger logró cambiar el estatuto del BCRA, pero su gestión fue corroída por la intervención de la política en las decisiones de la entidad, la crisis internacional, la corrida cambiaria y la llegada del FMI con un SBA (acuerdo Stand-By). Tras su salida, asumió Luis Caputo en el BCRA. “A los dos meses le dieron el puesto al esposo [de la mujer que había fallecido]”, contaron cerca del expresidente. “Eran problema suizos”, ironizaron cerca de la administración de Caputo.

“El empleo público no puede ser hereditario. Por eso, en 2018, en el BCRA eliminamos el requisito de priorizar la contratación de parientes para reemplazar a un empleado fallecido. El directorio del BCRA acaba de restituirlo. Un papelón”, escribió ayer otro expresidente del banco, Guido Sandleris. También hubo críticas ayer del exvicepresidente del BCRA, Lucas Llach, y de Nicolás Gadano, ex gerente general.

“En el punto 3.1 b), el Código de Ética vigente en el BCRA (publicado en la página web) prohíbe expresamente establecer preferencias para los parientes en las incorporaciones de personal. O no les importa transgredirlo, o se olvidaron de cambiarlo”, dijo hoy Gadano.

La política inaugurada con Sturzenegger y sostenida hasta 2019 se mantuvo hasta ayer, cuando el directorio retomó las antiguas prácticas. En el BCRA, que conduce Miguel Pesce, minimizaron esa decisión tomada en medio de una elección de la comisión interna de La Bancaria en la entidad.

Aseguraron entonces que es una cláusula “usual” en organismos y empresas, y que la norma sólo dispone que el banco contemplará las situaciones sociales de las familias que se vean afectadas por el fallecimiento de la persona que trabaja en la institución. “Quienes ingresan al banco deben siempre cumplir con las exigencias de idoneidad correspondiente. No es trabajo hereditario”, afirmaron, y cuestionaron a la administración previa por restringir “derechos” de los trabajadores. Enfrente, en cambio, decidieron llamaro de otra manera: “privilegios”.

“Los privilegios están por todos lados. La Argentina es una colección de kioskos. Estos intereses imposibilitan cualquier posibilidad de cambio”, describió ayer el ex presidente del BCRA, Federico Sturzenegger.

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