“Anacrónico”: fuerte rechazo de las empresas norteamericanas a una iniciativa del Gobierno

El avance en el Congreso de la ‘ley de envases’, que propone la creación de un sistema de gestión de reciclado administrado por el Ministerio de Ambiente y la introducción de una nueva tasa sobre los productos envasados para financiarlo, activó una fuerte disputa entre empresas, recicladores urbanos, el Gobierno, la oposición y referentes ambientales. Mientras algunas voces advierten sobre la falta de regulación de la gestión de los residuos, referentes opositores y empresarios rechazan la iniciativa por la creación de un nuevo impuesto que, según estimaciones privadas, podría generar una caja de entre $200.000 y $300.000 millones.

En concreto, la propuesta de ley busca crear el Sistema Nacional de Gestión de Envases (SINAGE), que estará bajo la órbita del Ministerio de Ambiente de la Nación, liderado por Juan Cabandié. Este esquema tendrá entre sus atributos el de monitorear los sistemas de gestión de residuos, que en gran parte están administrados, gestionados o desarrollados por cooperativas.

El foco del conflicto, sin embargo, es que la ley establece la creación de una Tasa Ambiental de Responsabilidad Extendida (TAREP), para todos los productos cuyos envases están comprendidos por el proyecto. Se trata de un recargo de hasta el 3% del precio mayorista de venta del producto envasado, y que podría alcanzar a alimentos, bebidas, productos de limpieza o medicamentos, entre otros rubros. “El valor de la TAREP deberá ser expresado en pesos argentinos por kilogramos de materiales en los envases y no podrá ser superior al 3% del precio mayorista de venta del producto envasado”, dice el proyecto.

Mientras el debate avanza en Diputados, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham) rechazó esta mañana al proyecto en duros términos. La entidad, que reúne a las principales empresas de alimentos, bebidas y consumo masivo de origen estadounidense, expresó “su preocupación frente a una propuesta anacrónica, que no soluciona el problema de fondo y que, por el contrario, genera una mayor carga tributaria al tejido productivo, sin una clara contraprestación por los fondos que generaría este programa mediante el establecimiento de una nueva tasa para compensar los gastos que el sistema de gestión pública de residuos requeriría a futuro, poniendo en entredicho incluso el carácter federal de la norma”.

AmCham sostuvo en su comunicado que sus empresas “están comprometidas con el cuidado del ambiente y el paradigma de la economía circular, más aún, están convencidas de la necesidad de un adecuado marco regulatorio para el tratamiento y manejo de los envases utilizados en la comercialización de todo tipo de productos, que sea armónico con los estándares internacionales y compatible con la tecnología disponible en el país”.

Para la cámara, alarma que “el proyecto no permita a los sujetos obligados optar con claridad por sistemas locales de gestión implementados y financiados por el sector privado, bajo el control y la supervisión de la autoridad de aplicación”.

Y señala que otro de los puntos débiles del proyecto es el cálculo de la tasa ambiental, cuya fórmula se basa en el precio de venta (hasta el 3%), o bien, en el peso del material, sin tener en consideración el costo asociado al sistema de gestión propiamente dicho, “y lo que es peor”, cuya administración recae en un fidecomiso administrado por el estado, sin pautas claras de asignación.

AmCham sostiene que el proyecto tiene “debilidad constitucional” y advierte sobre sus consecuencias: “En reiteradas oportunidades, AmCham ha señalado los riesgos que se plantean con este tipo de políticas: obstruyen la generación de empleos, limitan las nuevas inversiones, propenden a escaladas de precios y crean un ambiente regulatorio hostil, restrictivo e imprevisible”.

La entidad rechaza así el postulado del proyecto, presentado por Juan Cabandié y Máximo Kirchner, con el apoyo de la Federación de Cartoneros, que propone establecer los “presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de envases y reciclado inclusivo”. La iniciativa ingresó al Congreso el 28 de octubre pasado y ya comenzó a tratarse en comisiones. El bloque de diputados de Juntos por el Cambio ya planteó críticas a la iniciativa y firmó un dictamen de rechazo.

“Filosóficamente es un mal sistema porque estatiza todo y lo pone en manos de un ministerio. Le quita todo lugar a ciudades o empresas, no promueve la economía circular y no establece mecanismos de gestión público-privada. Estamos de acuerdo en poner un marco regulatorio, en impulsar la responsabilidad empresaria y dar inventivos a la economía circular y reciclado con estándares mínimos, pero estamos en contra de esta tasa que solo va a generar una caja de miles de millones de pesos en el ministerio de Ambiente”, dijo a LA NACION el diputado Luciano Laspina, quien pronosticó que, a diferencia de lo ocurrido en otras iniciativa, en este proyecto el rechazo del bloque será unánime.

“En primer lugar, la TAREP no es una tasa, sino un impuesto. La tasa jurídicamente para ser tal necesita que haya un servicio claro y una correlación entre lo que se cobra y el costo por el servicio, y acá no hay presupuesto ni control de gestión. Además, se cobra un porcentaje independientemente del contenido: es una torpeza tan grande que teniendo el mismo envase, un vino premium va a pagar más que un vino común de mesa”, dijo Laspina.

“No se pueden soportar más impuestos en este país. Y en la práctica, es un impuesto como ingresos brutos que se aplica sobre todo lo que está envasado y cae en cascada. El mayorista lo traslada al precio, el minorista carga ese margen y potencialmente es más del 3% cuando llega a la góndola. Es un mecanismo recaudatorio para tener una caja poderosa y manejar un ejército de recicladores urbanos en todo el país, que va a manejar un ministerio que controla La Cámpora”, planteó el economista.

Según los fundamentos de la norma, en la Argentina se computa una generación de aproximadamente 45.000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos. Por lo que atañe a este proyecto, de ese número se estima que un 21,2% son residuos de Envases Post Consumo. Estos datos de cantidad de residuos se enmarcan “en una sociedad de obsolescencia programada y precoz, de consumo desvinculado con los impactos dañinos que acarrea la generación de residuos y de tendencia al aumento de dicho consumo y descarte”, dice el proyecto.

El rechazo a la norma también fue manifestado por Copal, la entidad que nuclea a las alimenticias. En un comunicado, la cámara que preside Daniel Funes de Rioja, también presidente de la UIA, planteó: “No es un proyecto ambiental, porque no garantiza la reducción progresiva de residuos de envases. El mecanismo se focaliza en financiar a recuperadores informales, dejando en segundo plano los aspectos ambientales”. A su vez, advirtió que “también generará un incremento en la presión tributaria y administrativa que recae sobre la industria formal de los alimentos y bebidas a lo largo de los diferentes niveles del Estado”.

La respuesta oficial

“La ley es una ley de responsabilidad extendida del productor, que quiere decir que el que coloca un producto en el mercado se tiene que hacer responsable del tratamiento y reciclaje del producto cuando se convierte en residuo. Hoy los industriales niegan la posibilidad de hacerse cargo”, planteó a LA NACION Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente.

El funcionario defendió la iniciativa, y argumentó que en la Argentina el 21% de los residuos que se generan son envases, aunque solo se recicla un 8%. El resto, advirtió, termina en basurales a cielo abierto o en rellenos sanitarios.

Al mismo tiempo, planteó que en el país se importan 800 toneladas anuales de PET usado. “Es decir, el país importa basura de otros países para ser utilizadas como insumo industrial, cuando el 92% de los envases en el país van a la basura”, advirtió.

Según Federovisky, el proyecto impulsado en el Congreso comprende la posibilidad de creación de “sistemas privados”. “Es posible que el privado presente un sistema de gestión de sus envases ante el Ministerio de Ambiente, que detalle cómo va a administrar todos sus envases, ya sean retornables o, en el caso de los reciclables, dónde se van a acopiar o recoger, y así hasta garantizar la recuperación de los envases que puso en el mercado”, dijo el funcionario.

“Sin embargo, como los privados no han demostrado un enorme interés por ejecutar estos sistemas, pusimos la opción de que se pague una tasa de hasta el 3% del valor mayorista del envase para financiar esos sistemas que los privados no ejecutan. Entonces, con esos fondos, el Estado pueda financiar sistemas propuestos, por ejemplo, por municipios, que detallen en sus sistemas de gestión cómo se van a recoger o administrar los envases, a quién se los van a vender o qué se va a hacer. Si el Ministerio lo aprueba, se financiará con lo obtenido por esa tasa. Y sí es una tasa, porque con esos fondos se financian contraprestaciones que da el Estado, con tareas que los privados no están haciendo”, planteó el viceministro.

Por último, el funcionario apuntó contra los empresarios por eventuales traslados a precios de la tasa propuesta. “Eso es responsabilidad de los empresarios que no se hacen cargo y lo trasladan a los usuarios. Si la industria decide trasladar ese costo a los consumidores, es porque su compromiso ambiental no es tal”, cuestionó.

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