Alternativas claras, resultados aún inciertos

La saga de la deuda entra en la recta final. La Corte Suprema de EE.UU. decidió no tomar el caso ni pedirle la opinión al procurador, con lo cual la sentencia del juez Griesa quedó firme y el país ya no tiene más instancias para apelar el fallo. Las opciones se limitan a negociar con los fondos buitre para encontrar la mejor forma de pago posible, o ir camino a un nuevo default, que a diferencia de otros, no sería por falta de voluntad o capacidad de pago.

Se habla de default técnico, pero en la práctica se dispara el default si hay bonistas que no reciben los pagos de intereses en el lugar y la fecha establecida en el contrato. O sea, que sería un default disparado por razones técnicas, pero default al fin. Parafraseando a un abogado amigo y llevándolo al plano biológico, una mujer está o no está embarazada, no existe un embarazo técnico.

Para la Argentina es un momento de decisión, y las próximas semanas serán cruciales. Está en juego si durante la transición política tendremos una economía convulsionada y jaqueada por el dólar blue, las caídas en las reservas internacionales, la inflación y la recesión, o si por el contrario la economía podrá navegar sin mucha turbulencia hasta fin del año que viene.

El Gobierno estaba haciendo todo lo posible para garantizar una transición ordenada en el plano económico, un esfuerzo que se basaba en asegurar un nivel adecuado de reservas que le permitiera cumplir con los compromisos de la deuda externa y garantizar que se puedan importar los insumos industriales y la energía necesaria para mantener el nivel de actividad.

La estrategia para fortalecer las reservas se basaba en aumentar la entrada de capitales, y para ello se buscaba recomponer las relaciones con los mercados financieros internacionales. En esa línea se entienden los acuerdos para resolver los juicios del Ciadi por unos 600 millones de dólares, lo que le abriría la puerta para nuevos préstamos del Banco Mundial; el acuerdo con Repsol por la expropiación de YPF, para atraer inversiones en el sector petrolero y en la explotación del shale gas en el yacimiento de Vaca Muerta, y más recientemente el acuerdo con el Club de París, para el financiamiento de inversiones a tasas preferenciales por parte de las agencias de crédito de los países industrializados.

Los holdouts quedaron como el último obstáculo pendiente para normalizar el acceso a los mercados, aunque también queda claro que es el más complejo.

Una mezcla explosiva

Se combina un juez tozudo y harto de tener que lidiar con la Argentina, fondos buitre que por su naturaleza son acreedores hostiles y que generan crispación, y el gobierno argentino que hizo de esta pelea una cruzada antibuitre que la llevó a los foros internacionales y que por lo tanto le cuesta retroceder y negociar. Una mezcla explosiva que parece difícil de desactivar.

Con la mente fría, seguramente la solución habría sido una negociación entre la Argentina y los holdouts que eventualmente debería llevar a buen puerto. Pero si dominan las pasiones en los actores de esta negociación los resultados se tornan imprevisibles.

El Gobierno no la tiene fácil. Los montos son muy grandes, ya que los 1400 millones de dólares que hoy están en juego podrían llegar a 10 o 15.000 millones si se suman otros bonistas. Además, las opciones a estas alturas de los acontecimientos son muy limitadas.

Para evitar el default, la única alternativa es llegar a un acuerdo con los holdouts logrando conseguir las mejores condiciones financieras posibles, como por ejemplo pagar con bonos a muy largo plazo. No cumplir la sentencia implicaría entrar en desacato de la justicia americana, lo que pondría a la Argentina en una situación incómoda. Otras alternativas, como pagar en la Argentina, seguramente no evitarían que se vaya a un default por pedido de algún bonista que no reciba los fondos en EE.UU. También es posible que la Argentina siga una de las alternativas de un memo de los abogados que se filtró a la prensa, en el que se recomendaba defaultear como una forma de barajar y dar de nuevo.

Si bien el escenario es complejo, el Gobierno ha dado señales claras de que tiene voluntad de pago. Una gran diferencia respecto de 2001 es que los bonos emitidos bajo legislación local (Boden y Bonar) se seguirían pagando como siempre, y si hubiera una reestructuración de la deuda de los bonos emitidos bajo ley extranjera, seguramente sería sin quita y respetando las condiciones financieras actuales de los bonos.

El resultado de esta saga puede ser definitorio para la economía argentina que pasa un momento difícil, ya que sufre una fuerte recesión, la inflación es muy elevada, el riesgo país es muy alto y las reservas están en niveles muy bajos. Un default agravaría la situación económica y complicaría el panorama de las reservas, mientras que una negociación con los holdouts abriría la puerta al crédito externo y facilitaría una recuperación económica. Las alternativas son claras y la decisión la sabremos muy pronto.

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