Alivio para YPF: logró un acuerdo para sacarse de encima un lastre de los ‘90
Se trata de una demanda ambiental que tramitaba en Estados Unidos desde hace casi 30 años; los analistas decían que podía costarle US$ 14.000 millones; pagará 287 millones de dólares
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La petrolera YPF, con mayoría accionaria del Estado, se sacó de encima un juicio millonario mediante un acuerdo conciliatorio en tribunales internacionales. Se trata de la demanda por daño ambiental que YPF arrastra desde hace décadas, cuando bajo la presidencia de José “Pepe” Estenssoro se decidió comprar la empresa estadounidense Maxus. El conflicto era conocido como la “espada de damocles” de la petrolera: podía llegar a costarle más de US$14.000 millones. Finalmente, la petrolera logró cerrar el conflicto por una suma de US$287,5 millones.
YPF negoció un acuerdo que fue informado ayer a la Comisión Nacional de Valores (CNV). “Las demandadas YPF, el Fideicomiso de Liquidación Maxus y las demandadas Repsol firmaron un acuerdo conciliatorio y de liberación (el “Acuerdo Conciliatorio del Fideicomiso”) en el que se establece la liberación y absolución total de todos los reclamos a cambio del pago de un importe conciliatorio, sujeto a la satisfacción o dispensa de ciertas condiciones, incluyendo aprobaciones judiciales y otros eventos procesales, conforme se describe más adelante”.
La demanda había sido entablada en el tribunal de Quiebras de Delaware: el valor que se reclamaba era superior al de la empresa. “De conformidad con el Acuerdo Conciliatorio del Fideicomiso, el Fideicomiso de Liquidación Maxus ha acordado desestimar (dismiss with prejudice) todas las acciones iniciadas contra las Demandadas YPF y las Demandadas Repsol y otorgar una liberación y absolución total de los reclamos, a cambio del pago del importe de US$575 millones, de los cuales las Demandadas YPF han acordado pagar US$287,5 millones (menos ciertas deducciones), más los intereses que se devenguen desde el 1 de mayo de 2023 hasta la fecha de pago. La acción civil pendiente ante el tribunal estatal de Nueva Jersey contra las Demandadas YPF también será desestimada”, dice el hecho relevante enviado a los inversores.
La historia del juicio que casi le cuesta carísimo a YPF
En 1993, Estenssoro quiso hacer de YPF una empresa internacional, en un contexto de fuerte apertura de la Argentina al mundo, y adquirió una compañía que tenía activos en América Latina y en Asia, pero con un pasado oscuro. Los analistas que siguen de cerca a la petrolera se preguntan por qué el ingeniero civil accedió a esa operación. En 1995, YPF todavía no había sido privatizada, pero ya hacía dos años que cotizaba en Estados Unidos.
En las décadas de los 50 y 60, Maxus tenía una planta industrial sobre el río Passaic, en New Jersey, donde producía el químico “agente naranja”, altamente contaminante, que utilizó como arma la fuerza aérea estadounidense en la guerra de Vietnam.
Antes de que YPF adquiriera Maxus, esta empresa había vendido su planta industrial a la estadounidense Occidental Petroleum (OXY), en 1986, pero le había otorgado una suerte de garantía de “inmunidad ilimitada”, sin límite de tiempo ni de monto. Esto significaba que, en caso de que en algún momento le exigieran una reparación económica por la contaminación sobre el río Passaic, Maxus se haría cargo.
Si bien la conciencia por el daño ambiental no es la misma actualmente que hace 30 años, ya en esa época se advertía sobre la carga que esa garantía podía significar en el futuro.
El río Passaic está próximo a la ciudad de Nueva York y pasa cerca del aeropuerto internacional Newark, en Nueva Jersey. “Es como nuestro Riachuelo”, grafican quienes conocen la zona. Sin embargo, pese a esta situación, YPF compró Maxus por US$762 millones.
Maxus tenía su propio directorio y gerencia, pero el control accionario dependía de YPF y de Repsol, cuando la española compró a su vez la participación mayoritaria de la firma argentina (1999-2012). Durante este tiempo, Maxus fue vendiendo sus activos y cada vez más dependía de los fondos que le diera YPF para cubrir sus obligaciones, entre ellas, el dinero que destinaba a instituciones de medio ambiente para remediar el daño ambiental causado en el pasado. A YPF le demandaba alrededor de US$60 millones por año.
En 2015, bajo la presidencia de Miguel Galuccio, YPF analizó la decisión de ponerle fin a Maxus y presentarla en quiebra. La empresa prácticamente no tenía actividad y en Estados Unidos se le pedía que aporte cada vez más fondos por la contaminación ocasionada en el río Passaic.
Al año siguiente, ya bajo la gestión de Miguel Gutiérrez, YPF presentó a Maxus en concurso preventivo de quiebra (chapter 11) y propuso crear un fideicomiso de US$200 millones para cualquier contingencia que pudiera ocurrir con los acreedores.
OXY y el resto de los proveedores no aceptaron la propuesta y la Justicia frenó la quiebra. OXY indicó que resultaba perjudicada, ya que tenía a su favor el compromiso de “inmunidad ilimitada” que había ofrecido Maxus antes de que YPF la comprara, y que la Justicia había determinado que era válido.
“OXY demandó a YPF y a Repsol diciendo que habían vaciado a Maxus y ahora dejaban a la empresa sin activos”, explicaron en el sector. Las petroleras, por su parte, negaron esta demanda y dijeron que la compra de activos fue realizada a precios de mercado. Más de cinco años después, la disputa se saldó con un acuerdo.
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