Alberto Fernández avaló el impuesto a los grandes patrimonios
LA NACIONLaura Serra
El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, recibieron ayer en Olivos al jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y al titular de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, quienes impulsan un proyecto de ley para crear un impuesto a los grandes patrimonios. Desde el entorno presidencial señalaron que Fernández avala la intención de gravar "las grandes fortunas", aunque postergaron cualquier definición en torno a la letra chica del proyecto. La imagen que dejó la reunión fue, de todos modos, un claro gesto de apoyo para que el proyecto que diseña Heller y empuja el hijo de la vicepresidenta avance en el Congreso.
En paralelo, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ultima los detalles técnicos y operativos para sesionar por videoconferencia, un hecho sin precedentes, mientras en el Senado Cristina Kirchner solicitó una "declaración de certeza de constitucionalidad" para que ambas cámaras puedan actuar sin la presencia de sus miembros en el recinto, como medida de prevención por la pandemia del coronavirus.
Si bien aún no están definidos los detalles de los proyectos -algo que reafirmaron ayer desde la Casa Rosada-, fuentes del oficialismo anticiparon que allí estará incluida, además del impuesto extraordinario a los grandes patrimonios y ganancias que elabora Heller, una iniciativa para eximir del pago del impuesto a las ganancias a aquellos trabajadores que cumplan labores esenciales en esta pandemia.
"Estamos trabajando en beneficios tributarios para las pymes, porque el Poder Ejecutivo, si bien tiene facultades para prorrogar o suspender impuestos, no las tiene para reducirlos. Esa es una potestad exclusiva del Congreso", afirman desde el oficialismo.
En el Frente de Todos descartan de plano que el nuevo tributo se aplique sobre el sector productivo y las pymes. El foco estaría puesto en los patrimonios superiores a los 1000 millones de pesos, excluidos aquellos que se apliquen a la actividad productiva.
"No es un tema sencillo de resolver y habrá que ver, en definitiva, qué rédito tiene en materia de recaudación", estimaban en el oficialismo. Igualmente admiten que, más allá del impacto fiscal, el proyecto es, en términos simbólicos, muy redituable políticamente para el Gobierno en tiempos de pandemia y de crisis.
Una sesión sin fecha
Si bien aún no hay fecha para la primera sesión virtual, Massa espera tener lista en estos días la logística para poder llevarla a cabo. Para ello es necesario modificar los reglamentos de ambas cámaras para permitir la realización de sesiones no presenciales. Para acortar camino, Cristina Kirchner acudió a la Corte para pedir un aval de constitucionalidad (ver aparte) y evitar, así, que cualquier ley que sea sancionada de manera virtual sea posteriormente declarada nula.
"En su momento, la oposición cuestionó ante la Justicia una sesión en la que participó Daniel Scioli [ahora embajador argentino en Brasil], cuando nadie dudaba de su condición de diputado nacional. Queremos evitar contratiempos", indicaban en el bloque oficialista.
Por de pronto, Massa firmó un acuerdo con el Registro Nacional de las Personas (Renaper) para validar la identidad de los legisladores a la hora de votar, y con Arsat, para la incorporación de un software solicitado a la Cámara de Diputados de Brasil. Asimismo, puso en práctica de la firma digital, una herramienta que les permitirá a los legisladores agilizar expedientes y trámites parlamentarios.
"El Congreso está en funciones. En los últimos 15 días ocho ministros del Poder Ejecutivo presentaron informes por videoconferencia ante las comisiones legislativas. Un hito para la Cámara de Diputados desde 1983", enfatizó el presidente de la Cámara baja.
Por Laura Serra
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